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¿Por tres dólares de diferencia Argentina se va al default?

Como cerca del final del juego de la gallina, el Gobierno y los acreedores llegaron a un punto en el que los dos aparecen dispuestos a no cambiar de posición y, por tanto, el desenlace es inevitable.

Desde hace siete meses el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los representantes de los principales fondos acreedores, ensayan una estrategia de acercamiento gentil pero sin llegar a un acuerdo generando un alto grado de incertidumbre sobre los agentes económicos y todo agravado por la pandemia del coronavirus​ y las necesarias políticas para enfrentarla.

El comienzo fue cuando el presidenteAlberto Fernández​ anunció que la estrategia oficial sería negociar la deuda para que, una vez definido cuánto tendrá que pagar al exterior la Argentina en los próximos años, presentar un plan económico con el objetivo de sacar al país del estancamiento.

La primera presentación de un plan para canjear US$ 65.000 millones  por bonos valuados a US$ 40 resultó un fracaso ya que sólo fue aceptada por  menos del 15% de los acreedores (el dato real nunca fue difundido) y, por tanto, desde aquel 8 de mayo el Gobierno decidió mejorar la oferta.

Hubo dos propuestas más en el medio hasta que a comienzos de julio llegó la cuarta, formalizada ante la Comisión de Valores de Nueva York (SEC), con vencimiento el 4 de agosto pero con la posibilidad de prorrogarla por 30 días.

Allí el Gobierno le dijo a los bonistas que estaba dispuesto a canjear bonos que hoy valen US$ 40 en el mercado por otros de US$ 53,5 con la intención de lograr que el 66% de los tenedores de títulos globales y el 85% de quienes tienen bonos del canje de 2005 acepten la operación y, por tanto, se despeje el panorama financiero y judicial de los próximos días.

En la vereda de enfrente, y aparentemente sin haber dado un acuerdo previo a la presentación de Guzmán, los acreedores dijeron que aceptarían la oferta si los nuevos bonos son valuados a US$56,50 y no a US$53,50 como pretende el Gobierno.

La diferencia de 3 dólares representa unos US$ 3.000 millones de dólares a pagar en los próximos diez años, de los cuales cerca de US$ 1.000 millones  le corresponderían pagar al gobierno de Alberto Fernández.

Frente a esa mínima diferencia, los acreedores nucleados en tres grupos (Ad Hoc, Tenedores de bonos del Canje y el Comité de Acreedores) ratificaron su propuesta y argumentaron que tienen más del 50% de los bonos a canjear, lo que implica decirle al Gobierno que sin ellos no podrá llegar a las mayorías para cumplir con las Cláusulas de Acción Colectivas que obturarían la posibilidad de otra catarata de juicios sobre la Argentina.

Alberto Fernández cantó retruco al reiterar«No vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar».

Una palabra a la que ponerle atención es «postergar» para un país estancado, antes de la pandemia, y que requiere de inversiones para poder crecer.

Puede leerse que evitar pagar US$ 3.000 millones en diez años redundaría en una mejora de las jubilaciones o los salarios. Claro que también habría que evaluar el costo no pagarlos en términos de pérdida de oportunidades para la economía.

Guzmán abrió el paraguas rápidamente y le dijo a la agencia Bloomberg que «la Argentina no tiene previsto regresar rápido al mercado de capitales».

Parece un chiste de mal gusto para un país que afronta una tasa de riesgo país de 2.252 puntos, que sus bonos fueron bajados de calificación y que quedó al margen del crédito internacional en la era del dinero gratis en la que los países vecinos toman fondos para enfrentar la pandemia pagando entre 2,5% y 4% anual.

El Gobierno está preparando el terreno, como lo ratificó el ministro, para expandir un mercado de capitales local para que las empresas se financien en pesos en una suerte de declaración de vivir financieramente «con lo nuestro».

Una muestra de la intención oficial a que las empresas «vivan sin dólares» se dio en la semana, cuando el Banco Central no le liberó dólares a precio oficial (18 millones el lunes y 28 millones el viernes) a Pampa Energía para hacer frente a compromisos con el exterior.

Cerrar el grifo de los dólares comerciales para las empresas y mantenerlo a razón de 200 dólares mensuales para los minoristas va menguando las reservas de un Banco Central que ya vivió el mejor momento del año en cuanto a la compra de divisas, y tiene pedidos crecientes de emisión de pesos por parte del Tesoro.

Para Pampa, la contracara de la escasez de dólares fue la obtención $7.000 millones a tasa baja (Badlar que es la de plazo fijo de más de un millón de pesos más 2,5%) en un mercado en el que los pesos están a la orden del día.

¿Elegirá el Gobierno ir al default total del 20% de la deuda argentina por no decidirse a pagar US$ 3.000 millones en 10 diez años? ¿Y más aún cuando ya adelantó después irá al Fondo Monetariopara pedirle refinanciar los compromisos con el organismo?

Es claro que la decisión que falta es de índole política y que dependerá de las ventajas que le ofrezca al Gobierno caer en default total, más allá de los juicios internacionales que podría acarrear y de la pérdida de credibilidad a nivel país. O de las posibilidades que se abran para la inversión, aún cuando no sean inmediatas. Alberto Fernández tiene la palabra. Y el escenario parece seguir el consejo de «mantener la indefinición hasta que sea inevitable» que solía destacar un ex presidente argentino.

Fuente: clarin.com

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