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«Operativo Palak»

En la causa se investiga “la existencia de una organización delictiva que, al menos desde el 9 de marzo de 2016 y hasta el día 26 de junio de 2019, sería responsable del contrabando de armas de guerra, municiones, explosivos y elementos afines».

La Cámara en lo Penal Económico confirmó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como querellante en una causa sobre presunto acopio de armas que miembros de una banda contrabandeaban a Paraguay y Brasil, la cual fue desbaratada en 2019 tras 50 allanamientos en el denominado «Operativo Palak».

Fuentes judiciales aseguraron que, además, la sala A de esa Cámara le ordenó al juez a cargo del caso, Pablo Yaradola, produzca las pruebas requeridas hace algo mas de un año en el marco de la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados en el hecho.

En la causa, que tiene como principales imputados a Román Ragusa y a Ricardo Guillermo Deisernia, se investiga “la existencia de una organización delictiva que, al menos desde el 9 de marzo de 2016 y hasta el día 26 de junio de 2019, habría estado destinada a cometer delitos” bajo “apariencia lícita”, como el contrabando de armas de guerra, municiones, explosivos y elementos afines.

Según constancias del sumario, “el armamento en cuestión habría provenido del crimen organizado a nivel internacional” y “podría haber tenido como destino el abastecimiento de grupos criminales que operarían en diferentes países, tales como la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil”.

En el expediente se hallaba como querellante la AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), lo cual había sido cuestionado por la defensa de Deisernia, que argumentó que los intereses del Estado estaban representados por el fiscal que interviene en el sumario penal y que el ilícito que se le atribuye no afecta el patrimonio ni las rentas fiscales.

En los allanamientos realizados en junio de 2019, que fueron bautizados por los investigadores como el «Operativo Palak», se secuestraron “armas de fuego de diversa índole y calibre” y accesorios “piezas e instrumental para producirlas, explosivos, pólvora, dinero, automóviles, chalecos de protección balística, minas, proyectil de mortero, cohetes, granadas” y “bomba aérea MK76”, entre otros elementos incriminatorios.

Para legitimar la intervención de la AFIP, la Sala A de la Cámara coincidió con la decisión de primera instancia, según la cual si bien el delito de acopio afecta la seguridad pública, la sospecha es que el material incautado provenía y sería destinado al contrabando.

Los camaristas Juan Carlos Bonzón y Carolina Robiglio mandaron que, para imprimir “rapidez” al proceso, se concreten las medidas de pruebas pendientes, entre ellas pericias al material incautado e informes sobre su posible registración.

La causa en la Argentina comenzó en octubre de 2018, cuando la División Sumarios de Prevención de la DGA puso en conocimiento de Yadarola un pedido de la embajada de los Estados Unidos en el país relacionado con la interceptación en Miami de un paquete que contenía un centenar de piezas de armas de alto calibre.

Luego, la causa local apuntó a la investigación de «una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual».

De acuerdo a constancias judiciales, Ragusa adquiría las armas por internet a un proveedor alemán, que luego de varios traslados, llegaban a la Argentina en un barco que llevaba de nombre «Palak» y, en otros casos, a través de compras por encomienda en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Fuente: Télam

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