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Más actos de nepotismo en la justicia tucumana

Se conoció que el Ministro Público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, esposo de la ex Jueza Liliana Vitar, ascendió en el cargo a su propia hija, Magdalena Navarro Vitar.

El Ministro Público de la Defensa es una institución de defensa y protección de los derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, tanto es casos individuales como colectivos.

Con este hecho se suma un episodio más del desagradable y rancio nepotismo que despide un olor putrefacto y penetrante en Tucumán, sobretodo desde el desacreditado ámbito judicial, en donde se conocieron los casos. Sin dudas, es el único poder donde la sociedad hubiese esperado que esto no ocurra, porque es el resguardo último al que puede acudir una persona cuando el Estado atropella sus derechos o lo hace algún particular.

Ese poder sufre una rebaja en la estima social por culpa de personas bien identificadas, que perjudican a quienes con responsabilidad y sensatez van todos los días a cumplir dignamente sus obligaciones laborales y sus funciones institucionales. Son estos quienes también experimentan una desagradable sensación y un enojo frente a lo que hacen quienes no guardan la compostura esperada.

Algunos sostienen que Tucumán necesita una «ley de Ética Pública», aunque es necesario aclarar que la ética no se crea y sostiene con una ley, sino con conductas irreprochables y personas dignas, que no necesitan de una coacción legal para actuar con integridad, decencia y decoro.

Triste espectáculo el que muestra la justicia tucumana, que tiene una misión fundamental en sostener y fortalecer la democracia. Es el poder que protege a los ciudadanos frente a las injusticias, arbitrariedades y atropellos, el que somete a quienes violentan las normas y utilizan las instituciones para provecho propio.

Fue el poder judicial el que castigó a los que ejercieron la dictadura y le devolvió a la sociedad la confianza en la democracia. Aunque sea una materia del poder judicial federal, demuestra claramente la misión irrenunciable que tienen los tribunales.

El poder judicial es el contrapeso por excelencia del sistema democrático, constituido por tres poderes. Es el lugar donde nos defendemos de la corrupción. Allí vamos cuando experimentamos que no nos permiten gozar de la igualdad de derechos.

Que en este poder se produzcan desigualdades y que funcione un mecanismo de parentesco y el amiguismo para obtener beneficios significa que está envilecido por la degradación de las conductas de algunos de sus conspicuos integrantes. Ocurrido esto lo único que le queda como defensa a la sociedad es el implacable escarmiento.

De Nuestra Redacción

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