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A fin de mes el canje de deuda podría ser un éxito

Ahora, y terminados los debates sobre los textos judiciales, las partes ya están de acuerdo en los argumentos finales para habilitar el llamado a reestructurar la deuda externa emitida por la Argentina bajo legislación internacional ante la SEC. La próxima semana, comenzará la carrera para que el Gobierno logre las mayorías necesarias para cerrar las alternativas judiciales en contra del proceso. Para esto, en las últimas horas los abogados de ambas partes terminaron de diseñar los textos exactos de los dos cambios más importantes discutidos en los términos legales dentro de la negociación, para que puedan ser aplicados. Y, quizá, generar nueva jurisprudencia internacional para los futuros procesos de renegociación de deuda de países soberanos. Esto son la aplicación de 5 días posteriores a la aplicación de las “cláusulas de reasignación”, para que los bonistasque no acepten estos cambios puedan arrepentirse y quitar su apoyo y el plazo de 36 meses para que los que no ingresaron al canje puedan ingresar compulsivamente en el proceso.Ambos casos son flamantes incorporaciones en el caso argentino (y también el ecuatoriano cerrado la semana pasada); sin jurisprudencia en los tribunales del segundo distrito sur de Nueva York que los avale o rechace. Sin embargo suponen ambas partes (Gobierno argentino y bonistas), que la redacción elaborada por los profesionales que asesoran a los dos bancos es tan sólida que los jueces que eventualmente les toque juzgar ante potenciales demandas de holdouts, no tendrán dudas para determinar la razón para la causa argentina.

El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), abogados que defienden al país, y el White & Case, representantes de los bonistas, se dieron el martes pasado el apretón de manos virtual y el contenido de los dos puntos en debate quedó legalmente sellado.

En el caso de la cláusula de reasignación, la Argentina decidió guardarse el derecho de aplicarlas pero con la consigna de que si una vez cerrada la reubicación de los títulos (mucho o poco), en series que algún acreedor considere que le afectan su menú de inversiones, la Argentina dará un plazo de 5 días hábiles para rechazar la eventual reasignación. Pasado ese plazo ya no habrá tiempo por parte de los bonistas (así sean fondos de inversión o particulares), para presentar quejas e impugnar la reasignación.

Si, por ejemplo, el país logra un 90% de aceptación final al 24 de agosto, y desde Hacienda se reasignan series y esto es considerado como un impacto negativo en el cuadro de activos de un acreedor el inversor tendría plazo hasta el 31 de agosto para retirarse del canje. Se entiende entre las partes que este plazo sería suficiente para que el acreedor pueda analizar la situación y tomar una decisión definitiva en tiempo y forma; ya que la Argentina está obligada a presentar si reasigna alguna serie de bonos y a qué nivel y con qué esquema, un día después de cerrada la inscripción. Esto es el 25 de agosto. Este plazo de análisis y reflexión fue uno de los reclamos específicos de los abogados de los bonistas, quienes a cambio de aceptar las resignaciones pidieron tiempo para considerarse eventualmente disgustados si estos cambios en los bonos no son del agrado de los acreedores. Es por este punto que el canje sólo podrá considerarse exitoso y terminado, 5 días después del 24 de agosto cuando el plazo de potenciales quejas y retiros de acreedores haya terminado.

La posibilidad que los acreedores accedan a este derecho a renunciar a la aceptación del canje dependerá de la manera y la presión que Guzmán decida aplicar las cláusulas de reasignación. Este tiempo extra es considerado por los bonistas, como el gran avance que hubo hace dos fines de semanas, en la negociaciones entre las partes para que el acuerdo pudiera lograrse. Luego de la discusión sobre el capítulo financiero, cerrado en el acuerdo de 54,8 dólares de Valor Presente Neto (VPN) las dudas de los bonistas sobre las reasignaciones fueron el principal escollo para cerrar las negociaciones. La aceptación por parte del Ministerio de Economía de darle un tiempo (5 días hábiles) a los acreedores para que estudien si las reasignaciones les resultan inconvenientes (u ofensivas, según la declaraciones de un abogado de los bonistas), fue lo que destrabó el nudo para que la cláusula pueda ser aplicada. Según la visión de los acreedores, si la Argentina las aplica de manera racional no habrá necesidad de pensar en estos 5 días. Otra cláusula aceptada fue el compromiso desde Buenos Aires a no incluir compulsivamente en el canje (cláusula PacMan) a todos aquellos que se quedaron fuera del acuerdo de manera voluntaria (o por falta de información) durante un período de 36 meses.

Fuente: ámbito.com

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