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El día después al 17A

Controversia por declaraciones respecto a la “Marcha de la República”; dirigentes opositores que reaccionaron ofuscados; y un escueto comunicado que intentó llevar calma, pero que no alcanzó para contener el malestar.

El día después de las manifestaciones del 17-A terminó siendo en Tucumán casi tan agitado como la jornada de movilización. Con las aguas aún en movimiento por la protesta que tuvo lugar en las calles de todo el país, en medio de la pandemia por coronavirus, el ambiente se picó nuevamente luego de que autoridades judiciales y de seguridad locales afirmaran que se impulsaría una investigación penal para definir posibles sanciones contra algunos manifestantes que pueden haber incumplido con las normas sanitarias vigentes.

Luego de una reunión que encabezó ayer el ministro de Seguridad Claudio Maley en la sede del Comité Operativo de Emergencia (COE), el jefe de la Policía, Manuel Bernachi, se refirió en rueda de prensa respecto a la manifestación que concentró a un importante número de personas frente a la Casa de Gobierno. “Ya hemos realizado actuaciones procesales y hemos dado intervención a la Justicia de toda la actividad que hubo ayer. Hay varias situaciones que se han detectado y se han puesto en conocimiento de la Justicia. Será ella, en ese ámbito, la que podrá definir si hay alguna transgresión o si merece algún reproche la actitud o la actividad que realizaron”, dijo.

En Tucumán, como en otras partes del país, el oficialismo calificó como irresponsable la marcha de sectores en desacuerdo con la gestión del binomio Fernández-Fernández debido a la emergencia sanitaria y la delicada situación que atraviesa la provincia, con un crecimiento casos de covid-19.

“Triste e irresponsable”

Posteriormente, el fiscal Carlos Picón, funcionario del Ministerio Público Fiscal (MPF) que encabeza Edmundo Jiménez, recordó que por ley es obligatorio el uso del barbijo, y deslizó que en la marcha puede haber gente que haya incumplido y que no haya guardado distancias. “Hay que ver las filmaciones. Esto nos va llevar mucho tiempo, porque debemos hacer nuestro trabajo responsablemente”, dijo. Agregó que para estas infracciones “están previstas sanciones administrativas y penales”.

Picón, además, dijo que a nivel personal le pareció “muy triste” lo que se vio el lunes en Tucumán, y que como funcionario le ha parecido “una irresponsabilidad de mucha gente, no de toda”. En ese sentido, ahondó: “hay un riesgo de que esto tire por tierra el trabajo que se viene haciendo desde la Provincia, y no pasa por ser anticuarentena o no. No va a faltar quien diga ‘mi derecho constitucional a la protesta es válido’, ¿pero en qué entorno? En Tucumán lamentablemente hoy tenemos 600 casos (de covid-19)”.

Reacciones

Los dichos del fiscal provocaron malestar y controversia entre referentes de la oposición. El legislador radical José María Canelada fue el primero en alzar su voz. “Me parece que la Justicia debería revisar sus prioridades”, cuestionó, al tiempo que consideró que hay una “doble vara” en la Justicia. “Para los amigos, protección. Para quienes se expresan en contra del poder, todo el peso de la ley”.

Comunicado y críticas

Por la tarde, con los ánimos en ebullición, el MPF emitió un escueto comunicado en el que señaló que “en la Fiscalía de Salud Pública no existe denuncia alguna sobre el particular, ni se han iniciado actuaciones, en tal sentido, ordenadas por este ministerio”.

De todos modos, el diputado José Canocalificó de “bochorno” que se pretenda iniciar acciones legales contra quienes se manifestaron. Apuntó contra Jiménez, y criticó que la reacción no haya sido la misma el viernes, con la marcha realizada por SEOC en el centro. “Son selectivos con las marchas que les conviene”, protestó. El radical, a su vez, cuestionó que en los bares sólo pueda haber tres personas por mesa cuando en las peatonales se ven muchas personas amontonadas. “Hay que entender la situación que está atravesando la gente del día a día: ya no aguanta más”, clamó.

El jefe del bloque del Partido por la Justicia Social (PJS), Raúl Albarracín, consideró que “culpar al pueblo por manifestarse roza la extorsión” y no colabora con cerrar la grita. Además, pidió a la Justicia que ponga “la misma voluntad y rigor” para investigar delitos que afligen, como la delincuencia, la quema de caña y el narcomenudeo.

El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) dijo que le parece “un absurdo total” lo que se pretende. “La Justicia se encuentra suficientemente colapsada como para seguir inventando causas judiciales. Creo que esto es un disparate”, lanzó. Y sumó: “no hay pandemia que obstaculice el reclamo, porque es mucho más importante sostener la República que el aislamiento social”. Por último, opinó que la gente incumple porque está cansada de la cuarentena.

Fuente: lagaceta.com.ar

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