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Cuando el Estado es el agresor de nuestros derechos

Los largos meses de encierro y de restricciones a la circulación dejaron una
Argentina reprobada en materia de violencia institucional. Se trata de un problema estructural que ha encontrado en la pandemia una mayor potencia, según Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina. La desaparición y asesinato del trabajador rural Luis Espinoza, crimen ocurrido en mayo por parte de la Policía de Tucumán, constituye uno de los casos paradigmáticos en el país. “El coronavirus continúa. Esperemos
que no se repitan los errores, que haya lecciones aprendidas sobre derechos en el último año”, manifiesta la abogada.
-¿Cómo ha sido el trabajo de Amnistía durante la pandemia?
-Desde que comenzó relevamos la situación de derechos humanos en la Argentina. La pandemia trajo más desafíos en la materia. En agosto, lanzamos el primer informe sobre violencia institucional en el que constatamos 30 hechos. No quiere decir que sea un problema que empezó con la pandemia, pero sí que fue visibilizado y potenciado.
-El caso de Luis Espinoza en Tucumán es uno de ellos… ¿Cómo lo han seguido?
-Sí, también el caso de Facundo Astudillo en Buenos Aires. Nosotros nos pusimos a disposición de la familia y la abogada de la familia de Luis Espinoza. Iniciamos conversaciones y ofrecimos los recursos de la organización, en materia de expertiz de derechos humanos y Derecho Internacional. Parte de la estrategia fue no seguir una comunicación directa con la Provincia para no entorpecer nada. Nos manejamos con pedidos de información.
-¿Qué tienen en común ambos casos, ocurridos en cuarentena?
-Estos y todos los hechos relevados demuestran que la violencia institucional es estructural en el país. Pasan los años, pasan los gobiernos y no se soluciona. Si bien muchas fuerzas policiales provinciales se ajustan en sus normas a estándares internacionales de derechos humanos, que exigen que el uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario y proporcional, en la práctica pasa otra cosa. Vemos un uso compulsivo de la fuerza sin rendición de cuentas. Es alarmante. Otro hilo conductor son las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas.
-¿Qué sucede con los hechos denunciados en Formosa?
-Recibimos muchas denuncias. Primero, en octubre, trabajamos con las miles de personas varadas que no podían ingresar a la provincia. Pedimos a la Corte que destrabe las restricciones y luego vino la situación de las cuarentenas compulsivas en centros de aislamiento. Continúa con algunos cambios, así que aún lo seguimos de cerca. También relevamos la represión del 5 de marzo a las protestas en la Capital.
-¿Tuvieron respuestas del Gobierno de Gildo Insfrán?
-Hicimos dos pedidos de información. No respondieron el primero y sí el segundo, en febrero. Brindaron información parcial, y luego seguimos con gestiones a nivel nacional. Si bien entendemos que las provincias tienen competencias propias, siempre deben ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos. Y el Estado nacional es responsable de esa coordinación.
-¿Qué reflexiones hace a un año del inicio de la pandemia?
-Debemos actualizar el primer informe e incluir lo de Formosa y otros hechos como la represión policial reciente en Campo Verde, Jujuy. Esperamos que la pandemia no sea más una excusa para vulnerar los derechos humanos. La solución nunca debe ser restringir totalmente las libertades.
El acceso a las vacunas, la transparencia en las campañas y la reciente legalización del aborto “Garantizar las vacunas contra el coronavirus es garantizar el derecho a la salud, que es un derecho humano”, arma Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina. El organismo lleva adelante una campaña internacional en pos del acceso universal a los inmunizantes. “Que pocos países concentren la mayoría de las dosis también vulnera los derechos humanos en distintas partes del mundo. Analizamos estrategias para acelerar los procesos de fabricación y exigimos que avancen las
propuestas para que las empresas faciliten las patentes”, cuenta la abogada. Según su criterio, el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que procura un acceso equitativo de las vacunas entre los países, “no es suficiente porque los Estados siguen negociando paralelamente en condiciones desiguales”.
La transparencia es otro de los pilares fundamentales en las campañas masivas de inmunización. “Siempre debe haber una clara rendición de cuentas y un escrutinio público de cómo se implementan los planes. Las dosis son bienes escasos; debe ser especificado quiénes acceden, con qué criterios y cuáles son los grupos prioritarios”, remarca Garone.
También sobre salud pública, en Amnistía Internacional celebraron en diciembre la legalización del aborto. “Sostuvimos una gran campaña porque considerábamos que era una deuda de la democracia. Como organización de derechos humanos, defendemos que las mujeres no deben estar expuestas a la clandestinidad”, asevera la directora.

Por: Juan Martín de Chazal/La Gaceta

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