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Educación virtual en un país con conectividad insuficiente

La pandemia y la excesiva politización del año electoral impidieron dar lugar a las importantes y urgentes necesidades educativas de los más pobres. Por ejemplo, poco se mencionó que la opción por la educación virtual está vedada a la mayoría de ellos. Tan evidente ausencia fue más llamativa en los partidos del GBA, en los que vive la mitad de chicos en esa condición.

Según una publicación del INDEC (2020) sobre el impacto de la COVID en el GBA, hay marcadas diferencias en equipamiento informático en los hogares. Por ejemplo, un 46,7% de los niños y jóvenes que asisten a escuelas estatales carece del mismo y el acceso a clases virtuales en escuelas de gestión privada era cercano al 90%, mientras en las de gestión estatal no superaba el 50%.

Estas desigualdades son más conocidas que las grandes diferencias en conectividad. Según fuentes oficiales, en 2019 sólo el 63,5% de las escuelas de gestión estatal la tenían, pero con diferencias abismales entre jurisdicciones: 98,6% en la Ciudad de Buenos Aires, 68,4% en la provincia de Buenos Aires y 16,7% en Santiago del Estero.

En 8 provincias con gran incidencia de pobreza, menos de la mitad de las escuelas estatales tenían conexión a Internet: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. En el otro extremo, 5 jurisdicciones superaban el 90% de conectividad en sus escuelas estatales: CABA, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Pese a un importante aumento en la última década, la conectividad es todavía insuficiente. Entre 2011 y 2019, el promedio nacional de escuelas estatales conectadas aumentó de 34,9% a 63,5%, creciendo 7,3% anual entre 2011 y 2015 y 5% de allí al 2019. Se pone así en evidencia, una vez más, que sin establecer claras prioridades y aumentando casi constantemente el gasto público, aun los programas prioritarios y legislados no pueden cumplirse. Un ejemplo contundente es que en la década de 2010-19 sólo en un año (2015) se cumplió con las metas de la ley de financiamiento educativo y su sucesora, que establecían una inversión estatal anual del 6% sólo para educación.

Sintetizando, es evidente que la educación virtual es imposible para al menos un tercio los alumnos que asisten a escuelas estatales -mucho más en zonas pobres- y que, más allá del debate entre clases presenciales o virtuales, la conectividad de las escuelas es esencial per se para vincular a los educandos con el mundo.

En el contexto de la pandemia COVID 19 se polemiza, a veces agriamente, si la educación presencial es compatible con las medidas sanitarias preventivas. Todavía no hay consenso sobre cómo se comparan los costos educativos y de salud mental del cierre de las escuelas con los costos de contagios COVID de la educación presencial. En dos estudios recientes se llega a conclusiones diversas.

Por ejemplo, Nils Haug y otros autores dan al cierre de las escuelas el segundo lugar en la reducción de contagios entre las medidas no farmacéuticas. Pero también advierten sobre los altos costos del cierre de escuelas, tales como menores aprendizajes, peor nutrición, stress y aislamiento social.

No se conocen estudios análogos para la Argentina. En fin, ninguno de estos trabajos hace el imprescindible análisis de costos y beneficios.

Una visión casi opuesta es la de Eric A. Hanushek y Luther Woessmann, quienes estiman los costos del cierre de las escuelas, aunque no los beneficios teóricos de menores contagios. Su cálculo es que el cierre de las escuelas implicará, astronómicamente, un menor aumento del PIB de 1,5% anual a lo largo de este siglo, por la pérdida de capital humano resultante.

La magnitud puede ser polémica, pero la afirmación de que se pierde mucho PIB es absolutamente cierta, y ausente en el debate argentino. En sus conclusiones, subrayan grandes verdades que, sin embargo, no se han encarnado en la práctica de las políticas educativas: “Si las escuelas no mejoran, los actuales estudiantes sufrirán serios daños que, además, caerán desproporcionadamente en los estudiantes menos aventajados”.

Como venimos insistiendo hace tiempo, el progreso humano y social de la Argentina pide a gritos “escuelas ricas para los pobres”, incluyendo la formación para el trabajo, ausente en la mayoría de las escuelas –exceptuando a las técnicas- pese a ser una de las tres razones de ser de la educación secundaria (art. 30 de la ley de educación nacional).

Es muy claro que ello requiere una reducción sustancial del ausentismo docente, ya sea por paros o por una legislación que lo permite, en el marco de un nuevo contrato docente que incentive esta presencialidad de la que poco se habla. Lamentablemente, estas prioridades no figuraron en la valiosa legislación de la primera década de este siglo.

Es de esperar que la Corte Suprema tenga presente estas graves carencias en sus fallos vinculados con la crisis de nuestro sistema educativo. La política, por su parte, deberá reconocer que no será posible brindar la educación faltante a los más necesitados sin suprimir o racionalizar muchos gastos públicos, casi todos inexistentes en países más avanzados que han logrado educación de calidad, pobreza nula y mejor distribución del ingreso que nuestra doliente Argentina.

Por: Juan José Llach, Mauricio Grotz/Lanacion

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