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Poca Justicia: en las fiscalías un 40% de los puestos están sin ocupar

En noviembre se cumplieron cuatro años desde que la Procuración General de la Nación no cuenta con un jefe en carácter de titular. La interna del gobierno hizo fracasar la designación del juez Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández, y en el cargo se mantiene el interino Eduardo Casal, resistido y criticado por el kirchnerismo duro y el propio Presidente.

Pero a las internas por el control de la Procuración y cuando se busca impulsar el sistema acusatorio -que le dará más poder a los fiscales- en todo el país se le suma otro problema. Es que el 40% de los cargos se encuentran vacantes, un escenario similar al de los juzgados federales y nacionales.  

El gobierno actual fracasó en la designación de un nuevo Procurador General. Eduardo Casal ocupa el cargo en carácter de interino desde noviembre de 2017 cuando se hizo efectiva la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

Los datos sobre las vacantes en las fiscalías surgen del Programa de Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial. En un informe reciente -al que accedió Clarín-, indicaron que más del 40% de las posiciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación están vacantes, y “sin que se convoquen concursos para cubrirlas”.

En números se expresa de la siguiente manera: de las 334 fiscalías habilitadas hay 123 que tienen cargos sin cubrir. Además, hay 8 cargos vacantes que corresponden a fiscalías no habilitadas, 14 a fiscalías internas de la Procuración General de la Nación y 8 a fiscalías de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

“El análisis de las convocatorias efectuadas en los últimos 10 años da cuenta de un panorama preocupante que no se limita a los últimos años”, indicaron en las conclusiones del informe.

La situación fue expuesta ante el Procurador Casal. Le plantearon “el gran perjuicio social que genera las vacancias en las fiscalías”. Las consecuencias son variadas.

“En la práctica, la mayoría de las fiscalías cuyos titulares se encuentran vacantes están ocupadas por otras u otros fiscales que, de esta manera, deben descuidar el trabajo que tienen en sus cargos de origen para el que fueron nombrados”, sostiene el informe. También se reflejó el retraso que se genera en los juicios orales cuando los fiscales intervienen ante más de un Tribunal, lo que implica la coordinación de agendas.

Frente a este panorama, fuentes de la Procuración explicaron que desde 2017 a raíz del cambio de reglamento que hizo Alejandra Gils Carbó que le permitía elegir a dedo a los jurados en lugar de hacerlo por sorteo no se pudo realizar ningún concurso.

Por otro lado, señalaron que la “modificación del régimen de impuestos a las ganancias y jubilaciones” devino en “más jubilaciones y por ende en más vacantes”. Sin dejar de lado el año de pandemia que retrasó los pocos concursos que se encontraba en trámite.

El kirchnerismo intentó impulsar un ley para cambiar el Ministerio Publico Fiscal que incluía la idea de que el nuevo Procurador sea elegido por mayoría simple y no por los dos tercios, como se hace actualmente.

A pesar de que el propio ministro de Justicia, Martín Soria, se puso al frente de la movida la iniciativa fracasó porque no consiguieron los votos en Diputados.

Con esa ley buscaban tratar de imponer un Procurado a su medida con los votos del propio Frente de Todos.  Rafecas, el candidato del Presidente, había dejado trascender que si se hacía ese cambio él no estaba dispuesto a presentarse para ocupar el cargo de Procurador. 

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