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Los peritos del Pozo de Vargas llevan dos años sin cobrar

“La situación se hizo insostenible”, con estas palabras explican el retraso salarial de dos años que padecen los peritos arqueólogos que prestan y prestaron su servicios en el Pozo de Vargas, un punto utilizado como fosa clandestina en la última dictadura militar, y del que se llevan identificados 116 cuerpos. 

Los especialistas, aún no cobraron sus honorarios por trabajos realizados durante el 2020 y todo 2021, lo que llevó a algunos de ellos a la necesidad de buscar otros trabajos. 

Antes de que las tareas fueran paralizadas, estas eran realizadas por miembros del CAMIT y los estudios genéticos por el EAAF. Pese a la importancia de los trabajos de los peritos tucumanos en el Pozo de Vargas, no cobraron sus honorarios del 2020 y todo 2021.

María Gloria Colaneri, fue una de las peritos que trabajó desde el 2022, año en el que comenzaron los trabajos en la fosa ubicada en el límite entre Tafí Viejo y la Capital, pero debió buscar nuevos rumbos ante la falta de pago. “La situación se hizo insostenible porque era mi único ingreso y me dedicaba ‘full time’. Volví a Chaco, mi provincia, en donde conseguí trabajo como docente y en el área de museos. Durante 2020 trabajé analizando evidencias contextuales, sin recursos, todo a pulmón, pero me cansé. Es lamentable haber llegado a esta situación”. 

Las primeras tareas en el Pozo de Vargas, denominación que tiene por el apellido de la familia propietaria del lugar, se sostuvieron con actividades artísticas, como recitales, en 2002. Al año siguiente la Legislatura de Tucumán otorgó subsidios. Y también en 2003, tras la visita del ex presidente Néstor Kirchner al predio, la Nación facilitó partidas. Todos estos montos recibidos se destinaron a mantener el predio, a las excavaciones, a la adquisición de equipos y honorarios para los peritos.

Entre 2004 y 2005 se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de pequeños fragmentos de restos óseos humanos y se confirmó la hipótesis de que el viejo pozo, había sido usado para esconder restos de detenidos desaparecidos y luego se tapó con distintos materiales. La última identificación fue en diciembre del año pasado, cuando se determinó que unos restos hallados pertenecen a Ana María Rodríguez Belmonte, una joven que  tenía 19 años cuando fue denunciada como desaparecida el 26 de enero de 1976, según legajo SDH2504.

“Nos llegaron a deber hasta diez meses pero nunca como hasta ahora. Eso provoca que las tareas se hagan muy lentas pero, además, desalientan. Con los años, algunos compañeros han dejado esta actividad por trabajos más seguros, como la docencia o ingresar al Conicet”, explicó el arqueólogo de campo Ruy Díaz.

Para cobrar, los peritos deben ser monotributistas y desconocen cómo es el flujo y el criterio con el que el Consejo de la Magistratura libera los fondos. La última vez que les pagaron fue en noviembre de 2020 pero era una deuda de los cuatro últimos meses de 2019. Cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, las tareas se paralizaron en el predio, por lo que el lugar quedó casi en estado de abandono hasta diciembre. Sí se mantiene en el lugar una guardia con personal de la Policía Federal y la actividad no se suspendió en el laboratorio que está ubicado en Italia al 900, en la capital tucumana.

El pago por día para cada científico es de $1.600, cuando el Colegio de Arqueólogos sugiere que sea de $6.000, pero ante la mora y el paso de los meses, la situación económica de los científicos se agravó. Molina trabaja desde hace dos meses como empleado de una empresa tercerizada que coloca postes para el cableado de energía eléctrica en el interior de Tucumán. “No daba más, mi familia está compuesta por mi esposa y dos hijos pequeños. Cuando nos pagaban, administraba ese dinero para que nos dure varios meses pero se acabó. Con ese estado de necesidad busqué trabajo en lo que sea y salió esto que me lleva todo el día. Lamento que no haya una política de Estado para investigaciones de este tipo porque esto nos desalienta”, confesó.

El fiscal federal Pablo Camuña, quien está a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra Humanidad señaló que “en 2020 se hizo una reunión de la mesa nacional interinstitucional a donde expusimos los problemas de pago a los peritos pero desconozco cómo se resolvió, ya que es algo que nos excede, no depende de nosotros”. 

Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de la provincia Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014, afirmó que “el compromiso de los miembros de CAMIT es incuestionable, siempre han tenido estos problemas pero aun así sostuvieron los trabajos. Son un ejemplo y duele que atraviesen estos inconvenientes porque así será imposible avanzar en nuevas investigaciones que sabemos que están pendientes”.

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