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Comodoro Py. Jorge Capitanich intentó desvincular a Cristina de los contratos con Lázaro Báez

En una nueva audiencia del juicio por la presunta corrupción en la obra pública, el gobernador de Chaco –Jorge Capitanich– prestó declaración testimonial, por pedido de Cristina Kirchner. Capitanich fue convocado como el resto de ex jefes de gabinete de la gestión kirchnerista, responsable de firmar los presupuestos que incluían las partidas para los cuestionados contratos viales que recibió Lázaro Báez. El gobernador chaqueño negó cualquier favoritismo, tanto para Santa Cruz como para Báez.

La Justicia señala que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: fueron 51 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

Para refutar las acusaciones, la vicepresidenta pidió -mucho antes de que se constituyera el Frente de Todos-, que todos los ex jefe de Gabinete de sus gobiernos como los que ejercieron el cargo durante la presidencia de Néstor Kirchner, sean citados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de llevar adelante el juicio desde mayo de 2019.

Después de la explícita defensa que Carlos Zannini realizó la semana pasada a favor de Cristina, señalando que la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Báez sólo era un acto de “persecución para perjudicar” a la vice, este lunes fue el turno de Jorge Capitanich.

“Las decisiones administrativas que apliqué siempre fueron sin la injerencia de la presidenta de la República”, dijo al iniciar su declaración el ex jefe de Gabinete.

El primero en formularle consultas al testigo fue Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta. Cuando le preguntó si conocía que se asignara a Santa Cruz fondos desproporcionados para hacer una inversión en obra vial, el ex jefe de gabinete dijo que la provincia “podía disponer conforme el plan de infraestructura” y reforzó el concepto al decir que “no advierto parcialidad manifiesta”.

El dictamen acusador sostiene que Lázaro Báez recibió el 11,2% del presupuesto nacional del organismo vial, que además, “de los 83 contratos que se licitaron en Santa Cruz, 51 fueron ganados por su holding” -en algunos casos sólo competían sus empresas, garantizándose la adjudicación-. Esto fue desmentido por Capitanich. En otro tramo de su declaración testimonial, el gobernador chaqueño dijo que nunca recibió instrucciones “directas o indirectas de la entonces presidenta” para favorecer a Santa Cruz con fondos para obra pública vial y que “nunca se puso nombre y apellido a las plantillas anexas ni advertí jamás observaciones particulares”.

En el listado de los 16 imputados en esta causa, la vice es la principal acusada: está procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública vial a favor de Báez, según sostiene el requerimiento fiscal tras analizar 51 licitaciones adjudicadas al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.

Además de Cristina, el juez Julián Ercolini procesó y envió a juicio oral a Julio De Vido, José LópezCarlos KirchnerNelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y Báez, quien recibió medio centenar de contratos “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”, sostiene la imputación.

Los ex jefe de Gabinete se encuentran en el listado de testigos que propuso la propia vicepresidenta. El pedido responde a uno de los puntos centrales de la defensa de Cristina Kirchner, que niega cualquier hecho de corrupción que haya tenido como protagonista a su ex socio comercial, Lázaro Báez, condenado a 12 años por lavado de dinero.

En la causa se indicó que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.

Para refutar la idea de “direccionamiento”, Cristina Kirchner sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública se trataron de “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que no firmó ella las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado.

Por ello pidió que declaren los ex funcionarios como responsables de firmar las partidas presupuestarias volcadas a obra pública entre 2003 y 2015,.

La Justicia indicó que esta “apropiación de fondos públicos” es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero que le valió a Báez una condena a doce años de prisión por el blanqueo -a través de Austral Construcciones- de 55 millones de dólares. Esa sentencia será revisada por la Cámara de Casación a partir de mayo.

Asimismo, se había indicado que las presuntas maniobras de corrupción en la obra pública eran el delito precedente del caso de lavado y dádivas donde es investigada la familia Kirchner. Es decir: parte de esos fondos “se derivaron al patrimonio de los ex presidentes a través del alquiler de los hoteles y de inmuebles”.

Sin embargo, sin la realización del juicio, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg -del TOF 5-, sobreseyeron a la vicepresidenta y a sus hijos (como a los demás acusados) en dos expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces. La Sala I de la Cámara de Casación debe pronunciarse en los próximos meses al respecto y resolver si el juicio oral se realizará o no.

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