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Diputada cartonera presentó un proyecto para despenalizar el consumo de drogas

La diputada nacional del Frente de Todos Natalia Zaracho presentó este viernes sus dos primeros proyectos de ley en el Congreso vinculados a las problemáticas de consumo de drogas, a una semana de la conmoción causada por los fallecimientos a causa de la cocaína adulterada.

Uno de los proyectos plantea la Emergencia Nacional en Materia de Consumos Problemáticos y busca que el Estado brinde mayores recursos a la atención comunitaria, para que quienes lo necesiten reciban un tratamiento integral y efectivo.

Además, el proyecto busca que se profundicen las políticas de prevención y de inclusión socio-laboral y habitacional para personas recuperadas, así como becas educativas para que puedan finalizar sus estudios.

También establece la necesidad de elaborar programas de prevención en el ámbito educativo y destina “un porcentaje no inferior al 10% de la pauta publicitaria oficial” para campañas en los medios masivos de comunicación.

“Presentamos un proyecto de emergencia porque nuestros pibes no pueden esperar más, la ley tiene que salir de manera urgente. Queremos políticas de inclusión y cuidados, el consumo es un problema de salud pública no de seguridad y requiere de un acompañamiento integral y con mayor financiamiento,” destacó Natalia Zaracho.

El segundo proyecto es una modificación a la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes qué busca despenalizar la tenencia de drogas y establecer distinciones en las responsabilidades penales de quienes intervienen en el circuito de comercialización ilegal.

En torno a esta propuesta la diputada enfatizó: “No queremos más pibes ni presos ni muertos. Queremos qué la justicia y las fuerzas de seguridad persigan a quienes de verdad manejan el narcotráfico en nuestro país y no a los perejiles o los consumidores”.

“La propuesta legislativa concreta busca lograr visibilizar la narco estructura, los diferentes actores que se involucran en la cadena de la comercialización de estupefacientes. Evidenciar las diferentes participaciones, implicancias y cadenas de mando son fundamentales para poder entender al fenómeno al que nos estamos enfrentando y poder poner los recursos existentes en erradicar el problema de raíz y dejar de hacer caer, únicamente, a los últimos eslabones de la cadena de comercialización”, indica la iniciativa en sus fundamentos.

El articulado indica que “si las acciones tipificadas en los incisos se desarrollaran por narcotraficantes dentro de la narco-estructura definida en el artículo 5 bis, la pena será de seis (6) a dieciocho (18) años”.

En tanto, si fueren ejecutados por quienes ejerzan el narcomenudeo dentro de la narco-estructura, la pena será de tres (3) a diez (10) años. No siendo aplicable la pena de multa”.

Por otro lado, “si la conducta fuera ocasional y/o se encuadrara dentro de una problemática de consumo y/o adicción presente, y de las circunstancias surgiera que su destino es para uso personal de quien lo recepta y/o se observa que no existe enriquecimiento ilícito de esta práctica y la misma es realizada con la simple finalidad de obtener estupefacientes para su consumo personal, la pena será de dos (2) a cinco (5) años, siendo necesario, junto a la aplicación de sanción, garantizar una medida curativa para su padecimiento durante la ejecución de la pena”.

Además, cuando la venta fuera realizada en un contexto de extrema vulnerabilidad y/o en contexto de violencia de género, la pena será de uno (1) a tres (3) años.

Los proyectos han sido trabajados en conjunto con las organizaciones sociales que vienen abordando la temática en los barrios populares hace muchos años.

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