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¿Sirve para algo la Oficina Anticorrupción?

Los abogados hablan raro. Los jueces escriben en latín. Las leyes que debemos obedecer son incomprensibles para quienes no dominan la jerga. Los procesos judiciales son laberintos borgeanos. Grandes lujos que de la profesión que monopoliza el acceso a la justicia (no se puede hacer casi nada en tribunales sin pagarle a un abogado) y de una de las instituciones públicas con menor credibilidad (el 80% de la ciudadanía tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial).

Justicia Abierta viene a simplificar lo que siempre nos preguntamos y no entendemos de ese mundo oscuro en el que se definen los límites de nuestros derechos.

La Oficina Anticorrupción es un organismo creado en 1999, en el marco de los escándalos del menemismo, justo el día que asumió como Presidente Fernando De la Rúa. Su misión fue trabajar bajo la órbita del Ministerio de Justicia para desarrollar políticas anticorrupción, pero también para investigar y perseguir los delitos contra la administración pública en la justicia penal, presentándose como querellante.

El organismo se creó sin autonomía administrativa ni presupuestaria y con un titular designado y removido a dedo por el Presidente y el Ministro de Justicia. Es por eso que nunca logró desarrollar políticas de prevención ni tampoco perseguir eficazmente la corrupción, mucho menos la de los gobiernos de turno. Hubo algunas excepciones, pero estuvieron vinculadas más con las cualidades personales de quienes estaban a cargo que con el diseño institucional. Este es el caso, por ejemplo, de Manuel Garrido, que investigó y promovió causas contra funcionarios de gobiernos de todos los colores, incluyendo al que lo había designado.

Veamos algunos ejemplos. Julio Vitobello, actual Secretario General de la Presidencia, fue el último titular de la Oficina Anticorrupción durante el kirchnerismo. Jugaba al fútbol en Olivos con Néstor Kirchner.

Laura Alonso, titular de la Oficina durante el macrismo, era diputada del partido de gobierno y decía que tenía un amor platónico por el Presidente Macri. También traía un vínculo personal muy cercano con el operador macrista y ex Presidente de Boca, Daniel Angelici. Ah, y ni siquiera era abogada. Hubo que reformar la norma para habilitarla. Lo de menos: no creo que haga falta ser abogada para dirigir ese organismo. Y la frutilla del postre: al final de su mandato confesó que no querellaba a los funcionarios de su propio Gobierno porque no quería que dijeran que los encubría. Siga, siga.

Félix Crous, el actual titular de la Oficina Anticorrupción, también es muy cercano al gobierno. Aunque logró que le reconocieran cargo de Ministro y que se le diera el carácter de órgano desconcentrado (bien), apenas asumió renunció a todas las querellas, empezando por la causa más sensible para la ex Presidenta Cristina Fernández y sus hijos: Hotesur-Los Sauces.

La Oficina Anticorrupción no fue, no es y probablemente nunca sea un organismo de control. Nadie puede controlar a aquel de quien depende. ¿Por qué no cambia? Porque no le conviene a nadie: ni a los que nos hacen creer que son controlados ni a los que dicen que controlan. No hay nadie entre quienes tienen poder de decisión con suficientes incentivos para darle autonomía y para designar a su titular por concurso, con acuerdo del Senado y con participación ciudadana.

¿Qué deberíamos hacer? Garrido se enoja cuando lo digo, pero es lo que creo: en lugar de seguir haciendo como si hiciéramos algo con la corrupción cuando lo único que hacemos es pagarles costosos viajes a los funcionarios para que vayan a congresos internacionales de Transparencia & Coso en la OCDE, deberíamos cerrarla.

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