Las organizaciones sociales y las redes de asistencia estiman que existen entre 8000 y 9000 comedores populares en toda la Argentina, según el último reporte del segundo trimestre de 2021 elaborado por el Consejo Nacional de Políticas Sociales, y se financiaron 2248 (37,1% más que en el trimestre anterior y 81,7% más que en 2020). Frente a estas necesidades crecientes, un dato es estremecedor: en el país se desperdicia el 12,5% de los alimentos que se producen. Para lograr recuperarlos y donarlos, el trabajo con agricultores y mercados concentradores y el impulso de mejoras en los incentivos fiscales son claves.
De acuerdo a los datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en el país se pierden o desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año. Es decir, unos 362 kilos por persona. La Red de Bancos de Alimentos (Redbda), entre 2020 y 2021, recuperó 17 millones de kilos. El organismo cuenta con 25 puntos formalizados en 14 distritos y están en formación los de San Luis, Catamarca, La Rioja, Resistencia, Paraná y Concordia. Ayudan a 1,3 millones de personas.
La entidad firmó hace unos meses un acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Diego de la Torre, técnico de ese organismo en Balcarce y coordinador del tema, explica que las tareas son con productores y, en algunos casos, con los encargados de la transformación industrial. Hasta el momento la iniciativa más avanzada es en el cinturón frutihortícola de Mar del Plata y otra en el mercado concentrador de Pilar (vinculada con una tesis).
“Trabajan técnicos especializados en poscosecha y se vincula a los lugares donde se producen excedentes y, consecuentemente pérdidas, con los bancos. Es clave saber en qué lugar, en qué época y, en función de esos datos, organizar la logística. A su vez, a los productores les damos herramientas para reducir los deshechos”, describe y aclara que no se puede hacer un “esquema general” porque, para que la tarea sea efectiva, hay que atender las características del lugar.
Santiago Ramos, presidente de la Redbda, indica que articulan diferentes programas, también con empresas privadas y cámaras no solo para recuperar alimentos sino que también avanzan en poder convertir los desperdicios en energía. Enumera, por ejemplo, las acciones en el Nodo de Mar y Sierra (cinturón hortícola de Mar del Plata), en la campaña Marea Amarilla (limones en Tucumán); el recupero de naranjas para jugo con una firma privada nacional y el de papas en Balcarce.
Alejandra Yommi, técnica del INTA, trabaja con el Banco de Alimentos de Balcarce. Indica que el objetivo es aumentar el rescate, porque había caído la cantidad y empeorado la calidad. “Tenemos llegada con productores de diferentes cultivos. Por el convenio, generamos información de producciones más grandes como de papas, zanahorias, maíz dulce o kiwi. Tenemos una idea clara de cómo es la cadena, en qué segmento se genera el descarte, en qué momento. Todos esos datos son claves para los bancos, que tienen especificado cómo se hace la búsqueda”.
Plantea que hay impacto social, pero también “ambiental y educativo”. Por ejemplo, se realizan visitas con estudiantes que pueden observar que las frutas que se descartan tienen el valor nutricional, pero no se ajustan al tamaño o presentación necesaria para la venta. “Vieron que, como consumidores, también tenemos que ir modificando nuestras conductas”, sostiene.
“Todas las iniciativas se mueven en la misma lógica –añade Ramos–. Nos falta innovar desde lo político. Hoy tiene más beneficio fiscal decomisar mercadería que donarla. La comida está, pero se tira”.
La referencia es que en la Argentina hay una deducción fiscal estándar para ciertas donaciones de alimentos de hasta el 5% de los beneficios netos imponibles para Ganancias. En el caso del IVA, los contribuyentes pueden retener el impuesto o su crédito sobre los alimentos desechados, pero son responsables de pagar el costo total de ese crédito si los donan. “Muchos perciben ese esquema como una penalización a la donación y prefieren tirarlos”, resume Ramos.
Qué normas hay
En octubre de 2018, después de varios años de discusión, el Congreso sancionó la ley Donal, un régimen especial para la donación de alimentos. La clave es que deslinda de responsabilidad a los donantes por los daños y perjuicios que pudieran producirse, siempre y cuando la donación se haga sin ocultar vicios y contando con los controles bromatológicos exigidos por el Código Alimentario Argentino.
Marisa Giraldez, titular del Banco de Alimentos de la ciudad de Buenos Aires, entidad que llega a unas 340.000 personas (el pico fue en 2020, con medio millón), advierte que el no tirar comida “está en la agenda, pero falta mucho, hay que seguir”. La organización relanzó la aplicación que presentaron a fines de 2019 pero que, por la pandemia, se interrumpió. A través de la geolocalización vinculan a voluntarios con puntos de rescate. Como muchas de las 1200 organizaciones que asisten no pueden buscar las donaciones, entonces lo hacen los voluntarios.
En el país, todos los niveles del Estado reparten comida, a través de bolsones a familias o raciones a comedores sociales o escolares, pero no hay un dato cierto del volumen. Los especialistas en gasto social insisten en que el sistema, además de ser poco transparente, incluye superposiciones e incluso pérdidas por problemas de manejo y logística. En 2020, en los momentos de confinamiento duro, los pedidos de asistencia se quintuplicaron.
Por su experiencia local e intercambio con las de otros lugares del mundo, Ramos está convencido de que el “no tener una innovación desde las prácticas de políticas públicas lleva a que se decomisen y se quemen alimentos aptos para el consumo. En un país rico de alimentos tiramos a la basura hasta diez veces el índice de indigencia. Es una de las inmoralidades que debemos abordar como sociedad si pretendemos crecer y nutrir el futuro”.
Qué se hace en otros lados
Quienes trabajan en el recupero de alimentos subrayan que la tarea se podría expandir con normas claras desde el ámbito público. Ratifican que hay otros aspectos que se pueden abarcar además de lo hecho con la ley Donal; coinciden que la extinción de responsabilidad del donante es importante pero no alcanza.
A fines de 2020 la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias de la Facultad de Derecho de Harvard junto a la Red Global de Bancos de Alimentos, presentó el Atlas de Políticas Globales de Donación de Alimentos que traza un mapa de las leyes y políticas que afectan a la donación y da recomendaciones para prevenir el desperdicio innecesario.
En el mundo la donación de alimentos se basa fundamentalmente en la participación activa de las empresas que puedan entregar lo que no pueden comercializar. Para eso hay dos pilares: un doble etiquetado de fechas que indique que los productos ya no se pueden vender pero aún son aptos para consumo sin presentar ninguna merma nutricional o riesgo y, por otro lado, algún estímulo impositivo.
