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Jaldo, el dueño del cronograma electoral

Pergeñar sistemas electorales o imponer los cronogramas electorales son iniciativas que el poder político de turno suele hacer jugar en su favor, cuando es mayoría, claro. Vayan ejemplos; el Gobierno de San Juan propuso aplicar un esquema de Lemas, y a nivel nacional se deslizó la posibilidad de analizar la conveniencia de suspender las primarias abiertas. En ese escenario vale considerar que el Ejecutivo tucumano puede convocar a comicios en junio; o cuando quiera, ¡cuidado! El sanjuanino Uñac tal vez ve peligrar su continuidad en el poder -aunque allí debe resolverse aún cómo interpretar una disposición referida a dos mandatos consecutivos– o bien intenta resolver sus problemas internos en el PJ con la votación provincial. Esto podría ser lo más seguro ya que allí se anularon las primarias provinciales que, como se observa en la práctica, sirven para dirimir liderazgos y conflictos partidarios internos. Posiblemente Uñac piense que para esto le convenga más un esquema de Lemas que las PASO.

Y las primarias nacionales, ¿peligran? Bien se puede afirmar que hay intentos en esa línea, aunque cualquier propuesta podría fracasar en el Congreso porque el oficialismo no reuniría los números para imponerla. De la misma manera que la oposición no conseguiría los votos suficientes para que sea exitoso el pedido de juicio político en contra de Alberto Fernández. Sin embargo, cabe analizar si por la cabeza de algún opositor no da vueltas la eliminación de las PASO, pensando en la conveniencia propia.

¿Quién podría alentarla desde la vereda opositora? Veamos. En Juntos por el Cambio se juramentaron mantener la coalición a como dé lugar porque saben que es la única forma exitosa de enfrentar al Frente de Todos en 2023; pese a que los intereses contrapuestos, las ambiciones personales, las visiones ideológicas distintas y las desconfianzas mutuas debiliten las relaciones personales y las conveniencias políticas internas.

Primero consideremos que hasta antes de que se formen coaliciones sólo para ganar elecciones -2015 y 2019- las organizaciones partidarias, o estructuras armadas en base a una misma visión ideológica, pretendían de mínima llegar al balotaje. Un opositor podría ser segundo e imponerse en la segunda vuelta. La elección de 2003 se enmarcaría en esa línea, en la que a la final llegaron dos contendientes: Menem y Kirchner, que habían conseguido un 24% y un 22% de los votos. La historia es conocida, el riojano desistió de ir al balotaje y el patagónico accedió a la presidencia. Hoy por hoy, mientras la agenda judicial se imponga por sobre la agenda económica, el Frente de Todos quedará representativamente acotado al núcleo duro del kirchnerismo. Si eso se proyecta a la votación del año próximo vale especular con que el oficialismo estaría en la segunda vuelta. Pero, ¿contra quién?

Por el momento, en JxC afirman que irán todos contra todos pero compitiendo en las primarias de agosto para salir fortalecidos como coalición. Sin embargo, ¿qué pasaría si Juntos se fractura y los del PRO van por un lado y los de la UCR por otro, por fuera de la primaria? Fórmulas puras al ruedo electoral. Frente a un oficialismo que -por lo menos hoy- parece que llegará debilitado a la elección, el objetivo de cada uno sería, como antaño, llegar al balotaje. Luego la ciudadanía, el descontento y el posible fracaso del Gobierno, llevaría a la fórmula opositora directo hacia la Casa Rosada. Especulación, claro.

Pero, como se planteó al inicio, ¿será posible que esta alternativa sobrevuele en las mentes opositoras? Sumarse a la ola de la eliminación de las PASO podría ir en esa línea, aunque más no sea sólo para amenazar. Los que podrían seguir ese camino son los “ninguneados” correligionarios, que fueron furgón de cola de los amarillos durante la gestión de Macri y hoy sus principales referentes ni aparecen en las encuestas presidenciales; sólo muestran a Macri, a Rodríguez Larreta y a Bullrich. O sea, el mensaje que deriva de los muestreos es que, otra vez, el radicalismo hará las veces de acompañante del PRO.

Capaz que si se abre de la alianza y va con candidatos propios llegue con el Frente de Todos al balotaje; o tal vez con la fórmula amarilla. En la página oficial de la UCR se menciona que es un partido federal que cuenta con tres gobernadores, más de 400 intendentes en todo el país, 60 congresistas, más de 200 legisladores provinciales y cientos de concejales. Como quien dice podrían tratar de reivindicarse y no ofrecerse de nuevo como la sombra del PRO.

Solo son meras elucubraciones, sin embargo aquí, en Tucumán, hay quienes apuestan a una fórmula radical pura para la gobernación: Roberto Sánchez-Mariano Campero; sin el PRO y sin el PJS. Claro que en la provincia no hay segunda vuelta, gana el que saca más votos, por lo que la postulación de binomios enfrentados surgidos de JxC sólo puede facilitar la victoria del PJ. Por lo menos el peronismo, desde los discursos, se muestra más unido que toda la oposición. Se dice que para evitar confrontaciones que provoquen rupturas habría una bajada de línea nacional para los “juntados”, donde la opción más democrática -como lo es un votación interna- aparece como la última opción; antes figuran la totalitaria bendición del dedo y la imposición de candidatos en base a encuestas.

A las urnas irían si el desacuerdo es mayúsculo, lo que debería concretarse a través de una interna cerrada entre los partidos de la coalición, que es lo que permite la legislación provincial. En la provincia no están habilitadas las primarias abiertas, por lo que no podrían intervenir ciudadanos independientes en la contienda electoral, tal como se mencionó en la propia fuerza. Incluso, alguien del propio espacio podría impugnar en la Justicia esa alternativa si se la impulsa.

Para tener en cuenta: en la interna cerrada de una alianza se usan los padrones de afiliados de todos los partidos que la componen. Así, por ejemplo, podrían sufragar en Juntos -según datos de la Cámara Electoral Nacional- únicamente los 52.084 socios de la UCR, los 4.465 del PJS, los 8.053 del PRO, los 4.120 de CREO, los 3.888 de la Democracia Cristiana y los 4.161 de Participación Ciudadana. Serían un poco más de 76.700 ciudadanos en condiciones de participar de la interna de Juntos por el Cambio. Si los correligionarios estuvieran unidos, y con fórmula propia, teóricamente ganarían esa interna; sin embargo, el alfarismo, vaya por caso, tiene socios radicales, del PRO y de otras fuerzas provinciales. Para considerar: si Fuerza Republicana fuera parte de esa interna opositora, con sus 41.588 afiliados podría imponer condiciones. En fin, esa interna puede concluir a partir de la digitación central, de una encuesta o de una votación cerrada.

Y deberían apresurarse en resolver el mecanismo de selección y un pacto político que los fortalezca de cara al 2023, porque el Gobierno puede hacer una travesura inesperada a partir del fallo de la Cámara Contencioso en o Administrativo, que le despejó el camino para que el oficialismo disponga la fecha de la elección de renovación de autoridades provinciales. Al declarar abstracta la causa iniciada por el Partido Justicialista, apuntando que la sentencia de 2019 -que dispuso la inconstitucionalidad del inciso sexto del artículo 43 y del artículo 100 de la Carta Magna, que disponían que los comicios debían hacerse en agosto- abrió la puerta para que el Ejecutivo pueda convocar a votar a los tucumanos el 4, el 11 o hasta el 18 de junio del año que viene, como se venía pugnando. De hecho, en la presentación judicial realizada por Fernando Juri, en su calidad de secretario del PJ, se planteó la inconveniencia de realizar dos votaciones, la provincial y la nacional -primarias- en el mes de agosto.

Ahora bien, hay que prestarle mucha atención a las derivaciones de la sentencia judicial ya que menciona que la nulidad e inconstitucionalidad de dichos artículos dispuestos en la sentencia 1.028 de 28 de diciembre de 2018 “implicó la desaparición de la norma del universo de las leyes vernáculas en vigor e impide la reedición de la discusión acerca de su validez constitucional”. Básicamente dispuso la inconstitucionalidad y nulidad entendiendo que la Convención Constituyente de 2006 actuó extralimitando el marco de acción que le confirió la ley 7.469 que habilitó la reforma constitucional.

La Carta Magna de 2006 determina que los comicios provinciales deben hacerse dos meses antes de la finalización del mandato; al ser el 29 de octubre la fecha de asunción de las autoridades, se debe sufragar en agosto. La Constitución de 1990, en el capítulo referido al Régimen Electoral en el inciso 5° del artículo 38 señalaba que: toda convocatoria a elecciones se publicará con sesenta días de anticipación. Nada más. Ahora, de acuerdo a la sentencia judicial de la que se deriva que el Gobierno no tiene obligación de llamar a elegir autoridades en agosto, y también cabe suponer que lo puede hacer no sólo en junio, sino también en otros meses, antes o después. Opositores, ¡no vale sorprenderse!

Como el cronograma electoral debe estar resuelto 180 días antes de los comicios provinciales, el Poder Ejecutivo tiene aún posibilidades de convocar a la ciudadanía a votar en febrero -si confecciona un calendario electoral que entre en vigencia en septiembre-, en marzo, en abril o en mayo. Para que se vote en junio, el Ejecutivo tiene hasta diciembre para disponer el cronograma electoral. Que adelante los comicios a su antojo dependerá de dos factores: de la debilidad o fortaleza de la gestión nacional y del interés por desacomodar a la oposición provincial citando para los primeros meses de 2023. Por ejemplo, si se llama a sufragar en abril, Juntos por el Cambio debería tener resuelta su crisis interna y sus candidatos en marzo, o sea dentro de 210 días.

En suma, Osvaldo Jaldo puede abrir el año electoral intentando oxigenar con un triunfo provincial tempranero al Gobierno nacional y, a la vez, perturbar el proceso interno de la oposición. El fallo judicial, que puede ser apelado, le liberó las manos para que use la convocatoria como una herramienta electoral con ventaja política para el oficialismo./Lagaceta

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