Tiene 93 años. Formó con su extinto esposo una “dictadura conyugal” y dicen que entre ambos robaron más de US$ 10.000 millones. Ahora, un hijo de ellos, que fue parte de aquel régimen, es Presidente. Ganó las elecciones con 61% de los votos. Cuando tomó posesión, hace tres meses, alabó a su madre, Imelda, que estaba allí, junto a él. Dijo que era una “política suprema de la dinastía”. Luego, endiosó su padre, que según él fue “un estadista” y un “genio político”. Tras lo cual proclamó: “¡Así será su hijo!”.
La dinastía a la que se refirió fue inaugurada por ese supuesto genio político: Ferdinando Marcos, considerado uno de los gobernantes más corruptos del siglo XX. Fue derrocado hace mucho, pero la nostalgia y la idealización del pasado hizo la popularidad del hijo, que lleva su mismo nombre: Ferdinando Marcos Jr.
La familia Marcos en la asunción como presidente de Ferdinando Marcos jr junto a su madre Imelda en Filipinas. Foto AP
A eso se sumó un error de sus enemigos. El mismo error que cometen los políticos que desafían a líderes populistas, realizando campañas para probar que son corruptos.
En el caso de Filipinas se habían iniciado, contra la familia Marcos, más de 400 procesos y, seis meses antes del triunfo de su hijo, Imelda fue condenada 77 años de cárcel: una pena impracticable pero reveladora de la magnitud que tuvo la corrupción de la condenada. Contra lo esperado por sus enemigos, eso la victimizó y dio mayor ascendiente a esa mujer que -eximida de prisión efectiva por su avanzada edad- reforzó la campaña de su hijo.
Los gobiernos populistas otorgan beneficios sociales (unos legítimos, otros meramente demagógicos o indebidos) y realizan, obras (unas necesarias, otras innecesarias, pero todas visibles) endeudando al fisco o imprimiendo moneda sin respaldo.
Comprometen el futuro de la economía pero satisfacen necesidades inmediatas.Eso les asegura el apoyo de las masas beneficiarias.
Según un prejuicio que para muchos es artículo de fe, “todos los políticos roban, pero algunos se meten todo el dinero en el bolsillo y otros reparten bastante”. Con ese criterio, es natural que muchos voten a quienes consideran corruptos solidarios.
Nadie hizo más explícito el voto utilitario que Adhemar Pereira de Barros. Había sido gobernador de San Pablo y en 1957 quería serlo de nuevo. Hizo su campaña electoral a bajo el lema “Adhemar roba pero hace”, y ganó las elecciones. Estaba implícito (y así lo interpretó la mayoría) que los otros candidatos no harían más que robar.
Adhemar Pereira de Barros, político brasileño de los años 50.
En la Argentina, un dirigente sindical y funcionario, dijo en los años 90: “Dejemos de robar por lo menos dos años”, para resolver así los problemas económicos del país.
En España, el año pasado, se presentaron a la reelección 69 intendentes acusados de ser corruptos; 40 de ellos ganaron las elecciones. En el orden nacional, un prestigioso analista español que se ocupó de una elección reciente escribió sobre el partido ganador: “Sólo le ha faltado un escándalo más para conseguir la mayoría absoluta”. Es decir, cuanto más escándalos, más votos.
Luiz Ignacio Lula da Silva está a punto de ser, otra vez, Presidente de Brasil. Condenado por aparente corrupción, pasó 580 días en la cárcel. Muchos cuestionan el fallo, dictado por un juez que más tarde fue ministro de Justicia de Bolsonaro. Pero, según lo comprobado por la consultora Quaest, la mitad de los brasileños cree que la condena fue justa. Eso no ha impedido que Lula esté ahora a la puerta de la jefatura del Estado.
En la Argentina, los miembros de la llamada Revolución Libertadora creyeron en 1955 que, mostrando a Perón como un dictador corrupto, acabarían con el peronismo. Sesenta y siete años después, el peronismo sigue siendo la principal fuerza política del país.
Y sus contrincantes siguen cometiendo el mismo error: creer que desnudar a los corruptos los pulveriza.
Las acusaciones de corrupción pueden hacer poca mella cuando la gente advierte que se denuncia la de otros, pero nunca la de los propios.
El ataque de los demócratas (defensores de las instituciones y la economía sana) suele dar fuerza a los populistas, que ostentan algo de lo cual carecen esos demócratas: “promesa de beneficio”. La idea de respetar las instituciones y equilibrar las finanzas públicas aparenta ser un discurso técnico que esconde la voluntad de preservar o engrosar los privilegios de ciertas minorías.
La corrupción también puede llegar a la impunidad si se generaliza. El catedrático español Alejandro Nieto dice que el contexto social determina la magnitud de la corrupción. “Si en todos los estamentos sociales hay cierto grado de corrupción, mayor es la libertad de los gobernantes para cometer este delito”. Cabe agregar que el fenómeno se retroalimenta: la corrupción social favorece la corrupción política pero, a la vez, la corrupción política disemina corrupción en la sociedad.
No hay que olvidar la corrupción empresarial. Rafael Bustos Gisbet, profesor en la Universidad de Salamanca, subraya: “Para que exista corrupción no basta con la predisposición de algunos funcionarios a ser corrompidos, sino que también es necesaria la presencia del corruptor, que normalmente será un privado que obtendrá un beneficio del funcionario. El corruptor es habitualmente olvidado en los estudios sobre corrupción Dos académicos especializados en corrupción, los norteamericanos James Newlell y Martin Bull, dicen que “cuanta más corrupción gubernamental haya, más corruptos habrá, y así el riesgo de ser descubierto será mucho menor. Las sanciones serán débiles e incluso inexistentes. La opinión pública se hará inmune a los escándalos, que en el mejor de los casos serán considerados inevitables y en el peor de los casos normales”.
Perseguir judicialmente a los corruptos es indispensable; la inacción sería complicidad. Pero las acusaciones no deben ser el principal eje en la estrategia política de aquellos demócratas que quieran alcanzar el poder. Combatir la corrupción exige, además, concebir promesas de beneficios legítimos, que sean creíbles, factibles y solidarios. Y una vez en el gobierno, erradicar la corrupción propia a todos los niveles. El gasto público, el régimen tributario y rigurosos códigos de conducta son instrumentos para lograrlo./Por: Rodolfo Terragno
