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Presupuesto 2023. El oficialismo cede para aprobarlo

Mientras la atención parece estar puesta en cómo votarán Máximo KirchnerLa Cámpora y los diputados que pertenecen a los movimientos sociales, el oficialismo y la oposición avanzaron en la definición del Presupuesto 2023 a la espera de emitir dictamen de comisión este jueves y  tratarlo el próximo miércoles en el recinto.

Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, mantuvo intensos contactos con la oposición para afinar las diferencias, y si bien hay cierto consenso para aprobar el proyecto enviado por Sergio Massa la negociación por el subsidio al transporte enrareció el clima entre los diputados.

El ministro de Economía quiso adelantarse a la jugada al elevar de $ 66.000 millones a $ 85.000 millones el subsidio para el transporte del interior para el próximo año , pero desde el Congreso, los diputados de la oposición cerraron filas y le reclamaron al oficialismo que se avance con un dictamen cajoneado que eleva los subsidios del sector de  $ 46.000 a $ 59.500 millones para lo que resta de 2022.

La diferencia de $ 13.500 millones parece un escollo difícil de sortear porque desde el Palacio de Hacienda respondieron que ese dinero tendrá que salir de otras partidas. En síntesis, este punto se define este jueves en la reunión de la Comisión de Presupuesto convocada para las 10.

En cambio, el Frente de Todos sí aceptó el congelamiento de la administración pública y la denominada cláusula gatillo. Se acordó que si al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio, al 31 de agosto de 2023, la tasa de inflación interanual superara en 10 % la meta establecida (de 60%) o si los ingresos del sector público están un 10 % por encima de lo previsto para el periodo acumulado, el Gobierno enviará una Ley Complementaria al Congreso.

Asimismo se estableció que el pedido deberá enviarse el 15 de septiembre de 2023, junto con el proyecto de Presupuesto para el año siguiente, y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Ejecutivo ampliar el presupuesto por DNU en ese lapso.

Otro de los puntos que se acordó tiene que ver con un artículo que habilita al ministerio del Interior a «condonar las deudas por intereses contraídas por los municipios». Aquí sólo había una diferencia de redacción porque el proyecto establecía que esta facultad podrá ser ejercida desde la sanción de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2023, pero Juntos por el Cambios logró reemplazar «podrá» por «deberá», para evitar así cualquier discrecionalidad.

Quedaron abiertos a la discusión una serie de artículos como el 65 que exime del pago de los derechos de importación y de otras obligaciones impositivas a las empresas encargadas de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Desde Juntos por el Cambio argumentaron que no tiene que estar en el Presupuesto.

Lo mismo plantearon respecto de los artículos 71, vinculado con el blanqueo de capitales mediante el  incentivo para la adquisición vivienda usada, y el 72 que lo promueve para la adquisición de bienes y servicios. Ambos puntos exigieron que queden fuera del proyecto, aunque no está preciso si será mediante una ley aparte, como había reclamado la santafesina Germana Figueroa Casas (PRO).

En lo que tiene que ver con la facultad de incrementar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, se incorporó un artículo para establecer una deducción de hasta el 40 % de los gastos educativos que tiene la familia, una propuesta que impulsó Martín Tetaz, (Evolución Radical). Mientras que está en discusión una equiparación de la coparticipación para La Rioja de unos $ 25.200 millones.

El Gobierno insistió con prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 la emergencia alimentaria, pero la oposición tiene algunas observaciones porque se comprometen recursos de ejercicios futuros sin tener estimación de cómo se van aplicar. Sobre el tema retenciones hubo cierto entendimiento para ajustarse a los porcentajes actuales con la posibilidad de bajar las alícuotas, mientras que la oposición pidió una rebaja por 5 años y una alícuota de 30 % para la soja.

En medio de la crisis inflacionaria, el ministerio de Economía pidió sobre la hora aumentar las multas en defensa del consumidor de 0,5 a 2100 canasta básicas (hogar 3), con una sanción que llegaría a los $ 263 millones. También solicitó subir un 50 % un fondo para educación del consumidor y aumentar los impuestos internos en Tierra del Fuego del 7,5 % al 10 %.

El oficialismo confía que tendrá dictamen de mayoría con 25 firmas aseguradas. En el recinto, La Cámpora envió señales de que acompañará sin objeciones aunque Juan Carlos Alderete le dijo a este diario que recién la próxima semana tendrá decidido si apoya o no el proyecto.

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