La Justicia federal negó la solicitud de la exesposa de Lázaro Báez de suspender las subastas que se llevan adelante en el marco de la quiebra de la empresa Austral Construcciones, consideró que el pedido era improcedente y confirmó que el proceso iniciado hace casi cinco años sobre el patrimonio de la compañía constructora ligada al kirchnerismo seguirá adelante.
Norma Calismonte, hoy divorciada de Báez y madre de sus cuatro hijos, lleva adelante en el juzgado de Familia N°2 de Río Gallegos un juicio contra su exesposo sobre la liquidación de los bienes comunes y en ese contexto solicitó que se suspenda las subastas por las cuales ya se llevan recaudados unos $2600 millones, según el informe de las sindicaturas publicado en octubre del año pasado.
Para la jueza María José Gigy Traynor, titular del juzgado comercial 28 a cargo de la quiebra de la constructora, la excónyuge del accionista mayoritario de Austral Construcciones SA “carece de legitimación para solicitar la suspensión de las subastas decretadas”, dado que el proceso de quiebra que se tramita corresponde a una persona jurídica diferente a la de sus accionistas.
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La jueza fundamentó que los accionistas de la sociedad quebrada -en este caso sería Báez, no Calismonte- “solo poseen un mero derecho en expectativa de lo que podría corresponderles en el caso de existir un eventual remanente, una vez cancelado la totalidad del pasivo y los gastos del proceso concursal”.
En el escrito fechado este jueves concluye que la excónyuge no se encuentra legitimada a efectos de obtener derechos sobre los bienes desapoderados de una persona jurídica distinta de quien fuera su exesposo. Para la jueza, Austral Construcciones es una persona jurídica distinta a Báez, su principal accionista.
El pedido de suspensión de la subasta es el resultado de un diferendo iniciado en octubre del año pasado, cuando el juez de familia de Río Gallegos Antonio Andrade informó en la causa de la quiebra que sobre los activos ubicados en Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y ciudad de Buenos Aires, a nombre de Austral Construcciones, que existe un proceso judicial que los involucra tras la disolución conyugal de Báez y su esposa.
Según se pudo reconstruir a partir del expediente de la causa judicial la jueza Gigy Traynor solicitó que le envíen la causa donde se trataba la liquidación de bienes de la comunidad en noviembre y reiteró el pedido en marzo de este año, lo cual la jueza recuerda en la resolución emitida hoy donde se le niega a Calismonte su pedido para detener las subastas.
En la misma causa, en marzo de este año, el juez que lleva adelante el litigio entre los exesposos solicitó al Juzgado Comercial N°28 un informe detallado de los bienes societarios rematados hasta el momento y el informe de los tasadores, ante lo cual la justicia de Buenos Aires los remitió a la página del sistema de consultas web del Poder Judicial de la Nación, donde se puede acceder al expediente completo de la quiebra.
La reconstrucción del patrimonio
La quiebra de Austral Construcciones, que desde hace cinco años se tramita en el Juzgado Nacional de primera Instancia en lo Comercial Nº 28, lleva más de 100 incidentes abiertos y refleja la intrincada composición del patrimonio de la compañía a partir de la adquisición de bienes y fondos de comercios desde 2006. El derrotero dejó a la luz la maraña judicial en la que quedaron atrapadas las propiedades, de las que buena parte ya fueron rematadas.
Báez y Calismonte estuvieron casados más de tres décadas. De la unión nacieron cuatro hijos, Martín, Luciana, Leandro y Melina, y si bien la mujer siempre se mantuvo al margen de los negocios de su marido, no pudo evitar que sus hijos formaran parte de las sociedades y empresas que fue creando Báez en su ascenso meteórico en el campo de la construcción y otros rubros.
Los cuatro hijos fueron condenados en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, pero en febrero pasado la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, absolvió a las hijas de Lázaro Báez -que habían sido condenadas como partícipes del delito de lavado de dinero- con fundamento en que ellas no tenían un rol activo en la estructura de negocios espurios organizada por su padre, si bien aparecían como beneficiarias, y en que un análisis con perspectiva de género imponía reconocer la influencia determinante que él tenía sobre ellas, por las características de su familia y por la edad de las jóvenes.
En ese mismo fallo se disminuyeron las penas de prisión a Martín Báez (de a nueve años a seis años y seis meses) quien estuvo preso mas de dos años y hoy goza de prisión domiciliaria, en tanto que a Leandro Báez le bajaron la pena de cinco años, a tres en suspenso.
