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Toman un terreno y un juez ordena darles agua, comida y productos de limpieza

El domingo, en dos tandas, unas cuarenta personas tomaron un predio municipal en un barrio al oeste del centro de Mar del Plata y con ramas, chapas y lonas, en un santiamén levantaron un rancherío, de momento inamovible. El intendente Guillermo Montenegro pidió el «inmediato desalojo» de quienes trató como «delincuentes», pero la Justicia no solo denegó tal posibilidad: pidió que se arribe a una solución pacífica e instó a que, en tanto, esas personas sean provistas de agua, alimentos y elementos sanitarios.

Montenegro apeló la decisión del juez de Garantías Saúl Errandonea y contó en las redes sociales del municipio que había recurrido la medida porque «es un disparate».

Los ocupantes niegan pertenecer a algún tipo de agrupación social, se presentan como vecinos, familias que se organizaron parta tener su terreno, y que «la idea es construir lo antes posible«.

El predio está ubicado en el barrio Las Heras, al lado de un Polideportivo Municipal, sobre la avenida Fortunato de la Plaza entre Reforma Universitaria y Rufino Inda. Según explica la comuna con informes de Obras Sanitarias, no se trata simplemente de un descampado.

Sostienen que allí existe un cuenco de amortiguación hidráulica que forma parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS). Se trata de «parte de estructuras de un sistema ideado para el manejo de excedentes de escorrentía artificial de aguas pluviales», y explican que pueden filtran, acumular, reciclar, drenar y retardar la llegada directa del caudal de lluvias.

Polémica judicial

El fiscal Juan Pablo Lódola avaló la presentación del intendente para que ordenen el desalojo de los usurpadores, pero el juez Errandonea no hizo lugar.

El magistrado instó a arribar a una solución pacífica, y decretó “la prohibición de ingreso de nuevas personas al predio y que se arbitren las medidas necesarias para procurar un canal de comunicación, transporte y provisión de alimentos, agua y elementos sanitarios y médicos para las personas que se encuentran en el lugar”.

El juez solicitó que se aplique el «Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad” de la Suprema Corte bonaerense. Pero Montenegro entiende que en la causa no obran “elementos que permitan inferir la situación de vulnerabilidad de las personas que intrusaron el predio”.

«Quiero dejar en claro: yo no negocio con delincuentes ni acepto ningún tipo de extorsión», explicó Montenegro, quien representado por el apoderado Mauro Martinelli actúa en la causa como particular damnificado.

Argumenta en la apelación que la resolución del juez «le genera al municipio y a sus vecinos un agravio concreto y grave en virtud de no adoptar la medida cautelar solicitada, que disponga el lanzamiento de los intrusos ocupantes del predio».

«Agravia al municipio, a sus vecinos y al derecho en general, en tanto la valoración realizada es discrecional y arbitraria, y no objetiva y fundada, en tanto no toma en cuenta los elementos obrantes en la causa», sostuvo.

Los vecinos del barrio Las Heras, habitantes de los alrededores del predio ocupado, manifestaron su preocupación. La titular de la Sociedad de Fomento, Carmen Rasente, lamentó la toma: “Queremos que el barrio esté cada vez mejor -dijo al portal 0223-, con sus plazas arregladas, sus calles y estas cosas nos ponen mal. Ayer tuve que parar a la gente, porque querían sacarlos a los tiros. Es una pelea de pobres contra pobres”.

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