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Estatización de YPF: críticas de la oposición al kirchnerismo tras el fallo contra de Argentina

El juicio contra la Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la compañía que se lleva adelante en Nueva York hace casi ocho años tuvo hoy una sentencia. La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, eximió de responsabilidades a YPF, y culpó al Estado argentino, que deberá pagar indemnizaciones de entre US$7000 millones y US$19.8000 millones, según estimaciones de los fondos demandantes. La Argentina tiene dos instancias más para apelar el fallo adverso, pero igualmente deberá pagar una garantía.

Tras la difusión de la noticia, diferentes referentes de la oposición salieron a cuestionar al kirchnerismo, porque fue durante la gestión de Cristina Kirchner que se llevó adelante la expropiación de la petrolera.

Uno de los primeros en expresarse fue el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, que escribió: “Los quiero presos y que nunca más puedan ocupar un cargo público en sus vidas a los que reestatizaron YPF”.

El economista agregó: “Esos 20.000 palos verdes van a salir de más impuestos que pagaremos todos los laburantes que ya somos verdaderos esclavos impositivos. Kirchnerismo nunca más”.

Por su parte, Javier Milei, de La Libertad Avanza, contó: “Hace casi diez años, casi la totalidad de la clase política argentina votó a favor de la expropiación de YPF. Incluido 34 votos positivos de la UCR. Esa expropiación ilegal nos acaba de salir 20 mil millones de dólares en un juicio contra Argentina. La joda la pagamos nosotros”.

De su misma fuerza, el legislador, Ramiro Marra, dijo: “En 2012, Kicillof se agrandaba diciendo que Argentina no iba a pagarle un peso a Repsol por la expropiación de YPF. Poco más de 10 años después, el país se ve obligado a pagar USD20.000 MILLONES por su accionar. Que caro que le salen al país estos kirchneristas, es increíble”.

La reacción de los fondos

Los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF a accionistas de la petrolera en el momento de la estatización, ganaron con sus planteos de que, en aquel momento, el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, cuando expropió el 51%.

Los demandantes sostuvieron que la empresa debería haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, según los estatutos de YPF y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), en 1993. YPF y el Estado argentino, por su parte, intentaron convencer a la jueza de que el derecho de expropiación está por encima de cualquier estatuto empresarial, pero no lograron sostener la defensa.

“La República prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”, dijo Preska en la sentencia.

La Argentina puede apelar el fallo, pero igualmente deberá pagar una garantía o los fondos demandantes tienen el derecho a pedir embargos.

“El Tribunal está de acuerdo en que el precio de oferta pública que la República [Argentina] habría estado obligada a ofrecer si la República [Argentina] cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes. Debido a que el Tribunal no puede identificar la fecha en la que República activó su obligación de oferta pública de adquisición, no puede determinar la fecha de notificación contractual y, por lo tanto, no puede cuantificar los daños compensatorios de los Demandantes”, dice la sentencia.

Durante el juicio, los fondos Burford y Eton presentaron un experto, Daniel Fischel, para calcular el lineamiento de la oferta pública que se le debería haber hecho al resto de los accionistas cuando se expropió el 51% de las acciones, según el estatuto de YPF. Fischel dijo que los daños que debería pagar el Estado van desde US$7000 millones hasta US$13.000 millones, sin intereses, y desde US$12.000 a US$17.000 millones, con intereses.

YPF, por su parte, mandó hace unos meses un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y dijo que, en caso de declararla culpable, la condena podría costarle al país entre US$3500 millones y US$5200 millones.

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