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La Justicia en Córdoba imputó a media docena de líderes piqueteros por los cortes de calles en protestas

La Justicia cordobesa imputó a seis líderes de los piquetes que ayer realizaron las diferentes marchas en la capital provincial en el marco de los cortes de calles simultáneos en todo el país contra la baja de planes sociales, el rumbo económico sujeto a las directivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el salto del índice de la pobreza. La decisión judicial es porque no se respetó el fallo que garantiza la circulación del tránsito y la gente durante las manifestaciones.

El fiscal Ernesto De Aragón adelantó que no dará aún los nombres de los imputados porque los dirigentes no fueron notificados hasta el momento. “Las protestas tuvieron la intención de obstruir los ingresos a la ciudad de Córdoba”, planteó el funcionario judicial, y explicó que el delito que se les imputará es haber infringido el artículo 194 del Código Penal, que implica la obstrucción a los medios de transporte. Y agregó: “No se trató de una simple marcha como hubo en otros casos ya que también hubo movilizaciones en rutas del Gran Córdoba con el objetivo de cortar los ingresos a la ciudad de Córdoba”.

De Aragón sostuvo que cuando la protesta “se visibiliza cortando u obstruyendo la calle deliberadamente, creo que ahí se cruza una línea; eso no es igual a que mucha gente concurra a un mismo lugar para expresar o pedir”.

La Justicia también tiene la lupa sobre las carpas colocadas frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en el centro de la ciudad. Ya se había fijado un área para que se ubicaran. En un acampe programado, las organizaciones sociales no aceptaron la disposición.

“No fuimos notificados. Respecto al habeas corpus, nunca escucharon la voz de los desocupados acá ni en la Legislatura. Pretenden limitar el derecho a la protesta en un país donde la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 57% de los pibes pasan hambre”, dijo el dirigente del Polo Obrero, Emanuel Berardo a Cadena 3.

Hace una semana, el juez de Control provincial Juan Manuel Fernández López hizo lugar al habeas corpus presentado por vecinos y comerciantes del centro de Córdoba para que se terminen los cortes por los piquetes en el centro de Córdoba. El fallo, de todas formas, no dio instrucciones específicas de cómo resolver el tema, más allá de insistir en que los cortes deben ser de media calzada.

Ese mismo día, la Unidad Piquetera realizó una conferencia de prensa en rechazo al fallo. Berardo lo calificó de “atrocidad política y jurídica, no solo porque pretende criminalizar a los que luchan violando libertades democráticas establecidas en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales; sino además, porque viola cualquier procedimiento jurídico en la medida que desde hace rato que el magistrado viene adelantando sentencia a través de los medios de comunicación sin que nunca haya convocado a las organizaciones piqueteras, ni a ninguno de los miles que movilizan en Córdoba”.

A su criterio es un “fallo político, dictado por (Juan) Schiaretti que viene discutiendo en la Legislatura proyectos en la misma sintonía. Se trata de un fallo farsesco que prepara la represión estatal”.

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