En una sesión sin grandes conflictos -continuaba anoche, al cierre de esta edición-, la Cámara de Diputados tomó las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y aprobó -y giró al Senado- un proyecto que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La discusión más importante de la iniciativa se dio a instancias de la oposición -Juntos por el Cambio y el interbloque federal, entre otros-, por la observación que realizó sobre el dictamen de mayoría que empujó el kirchnerismo y, en disidencia parcial, el PRO. La lupa apuntaba a la forma de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependerá del Ministerio de Economía.
Cerca de la hora de la votación, Juntos por el Cambio evitó el papelón: se encolumnó detrás del dictamen de minoría y rechazó -en general- el proyecto, para luego solicitar un par de modificaciones -en el debate en particular de la iniciativa- que el kirchnerismo no convalidó. Ahora, todas las miradas pasan al Senado y a la decisión del cristinismo de acelerar -o no- una iniciativa que estaba sugerida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por caso, Máximo Kirchner avaló ayer el proyecto.
Para la votación fue clave la generosa ayuda opositora de Juntos por el Cambio y del interbloque federal a través de curiosas ausencias -aunque también hubo algunas del kirchnerismo- ya que el Frente de Todos sumó, con aliados habituales, 111 adhesiones, contra 96 rechazos y cinco abstenciones. Si el conglomerado anti-K se presentaba en su totalidad -incluso, menos-, tenía más voluntades para el dictamen de minoría.
Las ausencias en cuestión las aportaron legisladores como Rogelio Frigerio (PRO-Entre Ríos), Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca (peronistas cordobeses de la bancada federal) y radicales “blue” como Emiliano Yacobitti (Evolución-Ciudad de Buenos Aires), entre otros. También los liberales Javier Milei y Carolina Píparo, según consta en el acta de la votación nominal de la web de la Cámara baja.
Como miembro informante, la diputada massista Mónica Litza destacó dos puntos. El primero, el registro público de beneficiarios finales. Tendrá como objetivo, según explicó, destrabar las complejidades de enlaces entre personas jurídicas y sociedades para contar con una “base centralizada y fácil de chequear de manera veraz”.
Litza luego resaltó la creación de un registro de proveedores de “activos virtuales”. En esa línea, detalló que “no hay controles”, que no se sabe “lo que se mueve”, y que “hay estimaciones serias que hablan de u$s90.000 millones, sólo superados por Brasil” en la región. Y agregó, “para ser más clara”, que se refería a las “criptomonedas”, tema que seguirá de cerca la Comisión Nacional de Valores (CNV).
“A los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y no caigamos en la lista gris”, alertó desde la Coalición Cívica Mónica Frade.
En tanto, desde el radicalismo de Evolución, Alejandro Cacace (San Luis) manifestó que la recomendación no tenida en cuenta por el kirchnerismo sobre la UIF trata sobre la posibilidad de tener un organismo “sin influencias o interferencias políticas gubernamentales o industriales”, algo que quedaría desactivado -para cualquier gobierno nacional- si quedara en cabeza del Ministerio de Economía.
Por el interbloque federal, la experimentada Graciela Camaño realizó una cronología sobre la legislación relacionada con el tema y recordó idas y vueltas del kirchnerismo y macrismo como oficialismo y oposición. “Se cumple de nuevo el ‘teorema de Baglini’”, enfatizó.
Sobre el final de la discusión, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, dejó claro que a él “nunca” lo llamaron ni le insinuaron “nada respecto a que el FMI puede querer o no una determinada ley”. Después ratificó que “hay una evaluación del GAFI que tiene fecha y que se va a realizar” y cruzó quejas opositoras sobre la UIF, en el sentido de que la misma “es querellante en 220 causas, así que puede y está querellando”.
