El juez federal de Tucumán, Fernando Poviña, dispuso el viernes pasado el procesamiento con prisión preventiva de dos personas acusadas de captar y acoger con fines de explotación sexual al menos a siete víctimas que fueron identificadas en numerosos allanamientos practicados en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y les trabó un embargo de 5 millones de pesos sobre su patrimonio. La investigación fue dirigida por el titular de la fiscalía federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, con la colaboración de la contraparte local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y las tareas investigativas fueron encomendadas a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En el curso de la pesquisa se verificó que ambos acusados administraban y regenteaban, al menos desde diciembre de 2021, numerosos prostíbulos que funcionan bajo la modalidad de “privados” en dos edificios de la capital provincial. Pudo determinarse que las mujeres eran captadas mediante ofrecimientos laborales engañosos, y luego ofrecidas como mercancía a los ocasionales prostituyentes en el sitio web Skokka o mediante WhatsApp, y sometidas al ejercicio de la prostitución en varios departamentos ubicados en dos edificios de la ciudad. También se acreditó que las jóvenes eran trasladadas a eventos de concurrencia masiva, incluso fuera de la provincia.
Ambas personas imputadas habían sido ya condenadas en el año 2019 a 12 y 5 años de prisión por captar, trasladar y explotar sexualmente al menos a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad en dos prostíbulos ubicados en San Miguel de Tucumán. Por esa condena, uno de los acusados se encontraba privado de libertad en el penal de Villa Urquiza. Según la investigación, desde allí realizaba maniobras de captación y control de las víctimas a través del teléfono celular que usaba de manera permanente dentro de la cárcel, informaron desde el sitio Fiscales.gob.
Ante este escenario, el pasado 4 de abril fueron allanadas de manera simultánea la celda del imputado en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, el domicilio de la coimputada y cuatro departamentos que funcionaban como prostíbulos, con la finalidad de hacer cesar el delito investigado, rescatar a las víctimas y a la vez colectar los elementos de prueba pertinentes para el caso.
En las medidas se logró la identificación de un total de siete mujeres que se encontraban en situación de explotación por parte de esta organización, en cuyo abordaje y acompañamiento intervino el Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.
Durante la investigación previa, a pedido del fiscal se autorizó judicialmente la aplicación de la figura de “agente revelador”, lo que permitió recabar pruebas respecto al modo en que las mujeres eran ofrecidas y la modalidad en que funcionaban los prostíbulos, los cuales rotaban de ubicación periódicamente dentro de los mismos edificios allanados. Está previsto que la investigación se profundice en base a medidas de prueba pendientes de producción.
