Ciudadanos investigados

La innumerable cantidad de amenazas de bombas que ocurrieron en Tucumán tanto en establecimientos educativos como en distintos organismos o instituciones dieron origen a la instrucción de causas judiciales para dar con los autores y aplicarles las sanciones previstas en el Código Penal. Estos delitos tienen una penalidad prevista entre dos y seis años. La sociedad espera que la justicia actúe con rapidez y eficacia para que las penas tengan un efecto disuasivo para aquellos que podrían tentarse a imitar estos hechos que alteran la tranquilidad y generan múltiples y variados inconvenientes.