La justicia federal de Lomas de Zamora que investiga al exintendente Martín Insaurralde por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras el escándalo que se desató con la publicación de sus fotos navegando por el Mediterráneo con Sofía Clerici, ahora avanza sobre otra pista: ahonda en un viejo expediente archivado por la justicia bonaerense donde fueron encontradas facturas, sellos y presupuestos en blanco de empresas proveedoras del municipio de Lomas de Zamora que estaban ligadas con el contador municipal en 2017, Hernán Rosin, y otros funcionarios de Insaurralde.
En ese entonces, luego de desplazar a Pablo Rossi, el fiscal provincial de Lomas de Zamora que impulsaba el caso, el nuevo fiscal Sebastián Bisquert archivó el expediente (una medida provisoria) y su sucesor, Jorge Grieco, ordenó destruir una parte las evidencias y devolver la otra parte al investigado contador Rosin, y al abogado Alberto Colautti, funcionario municipal que actuó con un poder de la Municipalidad de Lomas de Zamora, entonces a cargo de Insaurralde. En otras palabras: ya no existen las pruebas en caso de que se decida reabrir la causa.
Los nombres se repiten: para el archivo de la causa el fiscal Bisquert se valió –entre otros elementos– de un dictamen del Tribunal de Cuentas propuesto por Juan Pablo Peredo, un hombre ligado al juego y ubicado por Insaurralde en ese organismo durante el gobierno de María Eugenia Vidal. El dictamen del vocal Peredo permitió aprobar la rendición de cuentas de la Municipalidad en el ejercicio 2017, sin irregularidades.
El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola le pidió a la justicia provincial este expediente archivado, ante la sospecha que las tres cajas con sellos, facturas y presupuestos en blanco son en realidad hay un “kit para construir licitaciones”, lo que permitiría fraguar contrataciones y quedarse con el dinero. Es que el fiscal investiga a Insaurralde enriquecimiento y por lavado de dinero, lo que requiere la existencia de un delito precedente de corrupción que implique e ingreso de dinero sucio que precisa ser blanqueado. Sin importar si hay condena o archivo por ese delito anterior, basta la sospecha.
El pedido del expediente a la justicia provincial se hizo el 5 de febrero y el caso fue sacado del archivo el 15 de febrero, pero aún no fue enviado a Mola, que tiene su despacho a solo 20 cuadras. El fiscal Grieco firmó una resolución pidiendo que una vez enviado se lo devuelvan lo antes posible, pero esa decisión ya no está visible en el sistema de gestión de expedientes provincial.
Martín Insaurralde tiene ascendencia sobre la justicia de su territorio a través de hombres de confianza: el senador provincial Adrián Santarelli (su exjefe de campaña) y el abogado Sebastián Silvestre, que actualmente ocupa el área de jurídicos del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia. Silvestre comparte afición, fanatismo y hasta salidas a la cancha de River con el fiscal general Carlos Baccini, que confirmó el archivo de la causa.

La historia de esta causa que interesa ahora a la justicia federal se inició a finales de 2017, cuando la auditora del Tribunal de Cuentas de Lomas de Zamora María Alejandra Dietz denunció que descubrió en su oficina, mientras hacía la auditoría municipal, tres cajas azules con facturas, presupuestos sin fecha y en blanco, otros presupuestos con lápiz, talonarios y una bolsa con sellos de los gerentes o presidentes de esas empresas. La denunciante afirmó que “con la documentación ubicada en las cajas sería factible fraguar el expediente de una contratación”.
En las cajas había sellos de empresas y personas proveedoras del municipio: según figura en la investigación, se trata de Temaki SRL, Cooperativa Frigorífico La Victoria LTDA, Myda SA, Alfredo Iacono Presidente, Adrián Martín Iglesias Gerente Establecimiento, Ami SRL, Petromat, Edmundo E. Montenegro, Lomberli SA, Veracla SA, Darío Di Napoli y Néstor O. De Chiano. También había talonarios de facturación y recibos (muchos en blanco, otros con algunas facturas arrancadas, otros con facturas anuladas) de varias de esas empresas proveedoras del Municipio; al igual que presupuestos sin fecha dirigidos a la municipalidad, presupuestos con sello “pagado” de empresas proveedoras de la comuna y una orden de compra directa a Telecentro por 250.000 pesos en concepto de publicidad de la Municipalidad de Lomas de Zamora, firmada por Federico Otermín, actual intendente, delfín de Insaurralde y en ese momento secretario de Cultura municipal.

Además, en la conformación social de esas empresas había funcionarios municipales. Es decir, los socios de esas empresas también eran empleados municipales a niveles jerárquicos, tal el caso del contador de la Municipalidad Hernán Rosin.
Alarmado por el hallazgo, Rosin se presentó en la Justicia y reclamó que le devuelvan el contenido de esas cajas. Dijo que eran suyas de sus tareas particulares y que correspondían a sus clientes.
Pero el fiscal Rossi, lejos de devolver nada, analizó lo secuestrado y pidió allanar todo. Escribió en su pedido de allanamiento: “Se encuentra bajo investigación la posible existencia de un conjunto de funcionarios de la Municipalidad de Lomas de Zamora, integrado por el contador Hernán Rosin; el secretario de Hacienda Claudio Raggio, el director de Recaudación Jeremías Oubiña, la secretaria general Florencia Stamato y otros funcionarios no identificados” que “habrían fraguado de manera organizada documentación correspondiente a contrataciones municipales”, mediante empresa creadas o compradas para “triangular y blanquear” esos fondos ilícitos “mediante otras sociedades” creadas para ello.
Stamato era la secretaria privada Insaurralde, de estrecha vinculación con el exfuncionario, sobrina del exintendente Jorge Rossi, su antecesor. Actualmente se desempeña en el Tribunal de Cuentas, al igual que Raggio, que ingresó con el cargo de relator mayor en la vocalía de Peredo.
El fiscal Rossi dijo que la existencia de los papeles que el contador Rosin decía que le pertenecen, de mínima, implica una incompatibilidad pues no puede ser contable del municipio y al mismo tiempo de sus proveedores.
El fiscal Rossi, que impulsó el caso por fraude y asociación ilícita, allanó con orden del juez Gabriel Vitale el estudio contable de Rosin para decomisar los documentos de las empresas y las personas Veracla, Ami, Temaki, Frigorífico La Victoria, Petromet, Lomberli, Supermat, Retovial, Minutillo, BH del Sur, Le Depecage, Grosjue, Noverlty, Myda y Gax, y de Diego Yebme y Darío Nápoli, entre otros. Allanó también Lomberli y Retroval y envió un pedido de documentación a la Municipalidad de Lomas de Zamora para que le remitan los expedientes en caso de que hubieran sido contratadas por la comuna.
De los papeles surgió que Retrovial SA, proveedora de la Municipalidad, tuvo domicilio en Roque Saénz Peña 1110, piso 4° oficina 5, el mismo domicilio de la empresa Lomberli SA, de la cual se encontraron talonarios de documentación contable en blanco, y de la empresa Le Depecage SA. Las facturas mostraban pagos entre empresas proveedoras del municipio, una de las cuales tenía como domicilio fiscal el mismo domicilio que el estudio contable del contador Rosin.
De un talonario de recibos del contador Rosin surgió que extendió recibos por cobros de dinero a Codecuer SA, Gax SA y DL System SRL, esta última proveedora de la Municipalidad. Y Temaki SRL imprimió un talonario de recibos en la misma fecha y lugar que Rosin. Los integrantes de la firma eran Claudio Raggio (entonces secretario de Hacienda de Insaurralde) y Jeremías Oubiña (entonces director de Recaudación municipal).
Con todo lo decomisado, más el contenido de las cajas, se ordenó un peritaje. Arrancó el 4 de enero de 2018 y tuvo decenas de demoras: se frenó, se enfermaron los peritos de parte, renunciaron. Finalmente, se terminó el 7 de octubre de 2020. El trabajo tiene una sola conclusión firmada por Fabiana Cardo, perito oficial: “Se puede concluir la estrecha relación entre los proveedores de la municipalidad de Lomas de Zamora (Di Napoli, Dario Damián, Retrovial, Lomberli, De Chiano, Néstor, Veracla, Petromat), con el señor Hernán Rosin, que revestía el cargo de contador del municipio”.
La otra irregularidad advertida es que Myda SA presentó en una licitación un presupuesto para la compra de productos de almacén por más de 500.000 pesos, hace diez años, el 27 de marzo de 2014. Pero el pedido de los suministros es de cuatro días antes, el 23 de marzo de ese año, y el 16 de abril tres empresas presentaron cotizaciones (entre ellas AMI) y se adjudicó a Myda SA.
En otra licitación por 1000 packs de 6 botellas de agua por 90.000 pesos, el mismo día en que la empresa AMI presentó el presupuesto se hizo el pedido de suministro. Cotizó Myda SA, pero no se sabe cuándo pudo ser notificada ya que el pedido ya se había realizado, y ganó AMI.

Ya para ese momento, octubre de 2020, el fiscal Rossi había sido desplazado hacía un año por el entonces fiscal general Enrique Ferrari, que se jubiló cuando estaba avanzando la promoción de un jury en su contra que impulsó el procurador Julio Conte Grand. En el lugar de Rossi fue designado el fiscal Sebastián Bisquert, que el 9 de noviembre de 2020 archivó el caso, sin disponer nuevas medidas.
Bisquert dijo que a lo sumo se pudo establecer una falta administrativa del contador municipal que le lleva la contabilidad a los proveedores del municipio. Asimismo, dijo que no había perjuicio económico para la comuna.
Bisquert se basó en el “peritaje” del insaurraldista Peredo y en que el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad aprobó la rendición de cuentas de la comuna en el ejercicio de 2017. Dijo el fiscal Bisquert que en tres años de causa “solo se alcanzó una mera sospecha que fue útil para solicitar allanamientos, algunos con resultado negativo”. Señaló que no se probó delito y mandó a archivar y elevar el caso al fiscal general interino Carlos Baccini, que confirmó la medida.
Pero Baccini fue más allá y le ordenó al fiscal que decida sobre el destino de los elementos secuestrados. Bisquert fue trasladado y el nuevo fiscal, Jorge Griecco, le devolvió la documentación al contador Rosin y al abogado Colautti, de la Municipalidad de Lomas de Zamora, que actuó con un poder de Insaurralde. El resto de los documentos, por ejemplo escuchas y el contenido de la computadora de Rosin, fue destruido, con autorización del juez Vitale. En tres meses, Griecco se lo comunicó en dos oportunidades a la Oficina de Efectos, que debía destruir el material.