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El Congreso de Estados Unidos respaldó el fallo de la justicia argentina por el atentado a la AMIA

El Congreso de Estados Unidos expresó su respaldo al fallo de la justicia argentina en el que responsabilizó a Irán y Hezbollah por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Fue a través del senador demócrata por Texas Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y del congresista republicano de Texas Michael McCaul, titular del Comité de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes.

El pasado 11 de abril y por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, se sentenció que el ataque contra la embajada de Israel ocurrido en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.

A raíz del fallo emitido, el Congreso de Estados Unidos sentó su postura. “El viernes, el tribunal superior penal de Argentina halló a Irán responsable de ordenar los atentados terroristas de 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la AMIA. Elogiamos el enorme coraje de los fiscales y jueces argentinos que trabajaron para brindar transparencia a las víctimas”, indicaron.

Y completaron: “Estados Unidos debe apoyar a quienes buscan justicia y los crecientes esfuerzos por acosarlos”.

Senador demócrata por Texas Ben Cardin (Foto: EFE/EPA/Alex Brandon / POOL)

A 32 años del atentado, el fallo emitido por Casación, también estableció que la voladura de la AMIA corresponde a un crimen de “lesa humanidad”, de manera que Argentina puede acceder a una demanda formal a Irán. Por su parte, el juez Carlos Mahiques planeó que dicho reclamo puede ser realizado por vía diplomática por medio de un tribunal arbitral o incluso por medio de la Corte Internacional de Justicia, es decir, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

De hecho, fuentes judiciales informaron que la sentencia fue dictada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma incluye una definición sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y la posibilidad de que demanden a los responsables, entre ellos, al Estado Islámico de Irán.

En el fallo, Casación remarcó que el atentado tiene carácter de delito terrorista internacional yihadista, el cual fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente a un Estado (como es el caso de Hezbollah).

Más allá de determinar la responsabilidad sobre los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, la sentencia también definió una fuerte exhortación a los jueces a cargo de las causas conexas que todavía continúan en trámite. A su vez, se planteó que los poderes ejecutivo y legislativo definan a la brevedad políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia, la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo, la modernización y dotación de mayores recursos en el proceso de sistematización y conocimiento de la documentación de inteligencia que fue desclasificada.

En el marco de la revisión de la absolución del primer detenido en la causa, es decir, Carlos Telleldín, se ratificó la decisión de que la camioneta que vendió no fue la que se usó como “coche- bomba” debido a que no se cuentan con pruebas suficientes que lo vinculen.

Por otra parte, se llevó a cabo un fallo paralelo donde se revisó el expediente ante algunas irregularidades. A partir de allí Casación confirmó la mayoría de las condenas pero modificó las penas de algunos casos. Tal es el caso de ex juez Galeano, quien quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión.

El 17 de marzo de 1992 se produjo el primer atentado en Argentina. Una bomba explotó en la sede de la Embajada de Israel y si bien en un principio la policía informó que fueron 29 muertos, en la causa se confirmaron 22 fallecidos.

Dos años después, el 18 de julio de 1994 un coche bomba subió a la vereda e impactó contra el frente del edificio de la AMIA. La camioneta Trafic llevaba en su interior una combinación de nitrato de amonio, un hidrocarburo pesado, trinitrotolueno (T.N.T.) y nitroglicerina. La carga explosiva fue similar a unos 300 o 400 kilos de TNT y como consecuencia; murieron 85 personas.

En el reciente fallo, la justicia determinó que el motivo del ataque en la Argentina fue “la decisión unilateral del gobierno de cancelar tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordados con Irán, como consecuencia de un giro de la política exterior operado entre fines de 1991 y mediados de 1992″.

De ese modo, se consideró que el ataque terrorista estuvo direccionado a judíos y estadounidense como una forma de extrema presión para que Argentina revierta su decisión de cancelar los acuerdos.

Carlos Mahiques, juez integrante de Cámara Federal de Casación Penal planteó en diálogo con Romina Manguel por Radio con vos, que se trató de una fenómeno “pluricausal”, aunque reconoció que hubo “una sucesión de incumplimientos que se produjeron en el marco de un acuerdo de cooperación tecnológica nuclear, de enriquecimiento de uranio y luego de provisión, de los misiles o de las cabezas o de las ojivas de los misiles Cóndor II”.

“En esos supuestos, Argentina estaba comprometida a asistir tecnológicamente a Irán a cambio de una serie de contraprestaciones”, indicó. Aún así, resaltó que le resultó llamativo que “nunca se rompieron las relaciones diplomáticas con Irán”.

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