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Cumbre climática. América Latina es la región con más asesinatos de manifestantes ecologistas

La conferencia de las partes (COP) firmantes del Acuerdo de Escazú se reunirá a partir de este lunes en Santiago (Chile) durante tres días para avanzar en la implementación de los objetivos del pacto, entre los que se destacan el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales.

El eje de este encuentro (que será entre el 22 y el 24 de este mes) girará en torno a darle forma y aprobar un plan para defensores ambientales, ya que la región es la más peligrosa a nivel mundial para quienes luchan por los derechos del medioambiente.

La Argentina será parte del encuentro en el que, además, se discutirán otras aristas que se relacionan con incumplimientos de otros objetivos del acuerdo en el país, relacionados a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.

El director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente, Augusto Paz, resaltó que “lo que está pasando en Latinoamérica es grave” en relación a los defensores de los derechos ambientales y contó: “En nuestro país no se identificaron hechos graves, pero estamos trabajando junto a la Defensoría del Pueblo porque llevamos adelante una encuesta para hacer un diagnóstico al respecto y ver la forma de avanzar con la defensa de los defensores de los derechos ambientales”.

“Queremos articular los objetivos del Acuerdo de Escazú. Estamos hablando con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para acercarnos y elegir un camino de trabajo conjunto”, amplió el funcionario, que representará al país en Chile.

El Acuerdo de Escazú, que Argentina firmó en 2018 y ratificó en 2020 a través de la ley 27566, es un acuerdo regional ambiental de América Latina que pondera la participación de los ciudadanos en las decisiones que los Estados tomen sobre el medioambiente.

Sus premisas son garantizar el derecho al acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en estos asuntos. En tanto, es el primer acuerdo de este tipo a nivel mundial que contempla disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, uno de los ejes de la COP 3 que se celebrará en la capital chilena.

Sobre el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), Andrés Nápoli, indicó: “Se viene trabajando hace dos años, es el punto más urgente en la región”.

La meta inicial del borrador sobre el que comenzarán a discutir las naciones implica un plazo de ejecución por los próximos seis años. Las líneas de acción primordiales según el boceto son generar conocimiento sobre el trabajo de los defensores ambientales y reconocer el aporte de las personas, grupos u organizaciones que bregan por el cuidado medioambiental.

Justamente, la región es la más violenta a nivel mundial en este plano. Según el último reporte anual de la ONG Global Witness, correspondiente a 2022, 177 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas y el 88% de los casos se desarrollaron en América Latina. Colombia registró la mayor cantidad de casos reportados, con 60 asesinatos, seguido por Brasil (34) y México (31). Cabe remarcar que los dos primeros países son firmantes del acuerdo pero todavía tienen pendiente su ratificación a nivel nacional, mientras que México lo tiene en vigencia desde el 2020.

Colombia lidera el ranking de países con mayor cantidad de crímenes de activistas a nivel mundial. (Foto: EFE)

“Se va a aprobar el plan de acción, que es la parte más sustancial de la conferencia, y eso va a comprometer a los países”, detalló Nápoli que, además, es representante electo del público ante el comité de negociación del Acuerdo de Escazú.

En tanto, sumó que la Argentina debe trabajar con las fuerzas de seguridad para no perjudicar a los defensores ambientales, en el marco de la aplicación de diversos protocolos por parte del Ministerio de Seguridad ante la conformación de manifestaciones. “Argentina es un país que no cuenta con estadísticas de violencia que lleve a la muerte pero sí tiene situaciones de persecución, estigmatización y cercenamiento de derechos a activistas”, afirmó Nápoli.

Sobre las principales cuestiones a atender en el país sobre las que el Acuerdo de Escazú tiene incumbencia, Nápoli comentó: “Hay normativa, pero la Argentina tiene déficit en cuanto a la aplicación de toma de decisiones en conjunto con la ciudadanía, algo que queda reflejado en las audiencias públicas que se hacen por formalidades”.

“Prueba de ello es el grado de judicialización que tienen estos procesos, donde no se respeta lo que se expresa en las audiencias, donde hay situaciones problemáticas, por ejemplo, con evaluaciones de impacto ambiental”, añadió Nápoli. Y expresó que “la Argentina va a tener que trabajar porque el Acuerdo de Escazú va más adelante e implica que la participación del público sea incidente y que logre vincular esa participación con las decisiones finales”.

Paz adelantó que están en tratativas conjuntas con la Agencia de Acceso a la Información Pública (Aaip) para iniciar la”prueba “de un protocolo de participación ciudadana para aplicarlo a todas las modificaciones planeadas para las leyes y resoluciones vinculadas a la Subsecretaría”.

“Queremos iniciar con un protocolo en formato digital, es algo que vamos a pedir en la COP”, concluyó.

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