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Caso UNT: puede prescribir la causa contra el ex rector Cerisola

El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) suspendió el inicio del debate oral de la causa que investiga la malversación de fondos destinados a la realización de la Ciudad Universitaria de San Javier. Así lo confirmó el fiscal Pablo Camuña a través de su cuenta de X (ex Twitter). De esta manera, la causa por el histórico robo de la Ciudad Universitaria quedó al filo de la prescripción.

“Hace instantes, el TOCF Tucumán decidió suspender el inicio del debate oral de la causa ‘Cerisola’ contra ex autoridades de la UNT por delitos contra la administración pública. La razón fue la falta de integración y la proximidad de la fecha fijada (29 y 30 Abr)”, confirmó Camuña a través de las redes donde compartió el documento que suspende el inicio del juicio hasta tanto se integre el tribunal. 

El próximo lunes 29 de abril, de acuerdo a lo dictaminado por la Justicia Federal de Tucumán, debía iniciar el juicio oral por la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010 donde se investigan el manejo de más de U$S 85 millones enviados por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio a la Universidad Nacional de Tucumán en el marco de la Ley 14.771, que burdamente el fiscal Carlos Brito y el juez Fernando Poviña no investigaron el delito que diera origen a los fondos: la falsificación documentada de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la UNT y contra todos los tucumanos.

A seis días de la fecha establecida por el TOF, el debate se encontraba en una nebulosa de suspenso e incertidumbre luego de que eltucumano.com diera cuenta que el presidente del Tribunal Carlos Enrique Jiménez Montilla solicitara su inhibición “exclusivamente” (SIC) para entender y participar durante las audiencias de debate oral, días después se anunció que Jiménez Montilla «habría» presentado su renuncia a lo que se suman rumores y versiones del operador saabista en el diario sobre el vencimiento de la subrogancia del juez Enrique Lilljedahl, de Catamarca, versiones que alientan la impunidad federal de los autores del robo a la Ciudad Universitaria.

Este martes, bajo la lluvia y en pleno abrazo simbólico al Rectorado en el marco de la marcha federal en defensa de la educación pública, el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, confirmó a la prensa que el juicio no comenzará el próximo lunes, quedando la causa ─en la que la universidad es querellante y representada por Rodolfo Tercero Burgos, de nulo accionar─ al borde de la prescripción. 

 “Rector, Rector, sobre la causa de la Ciudad Universitaria empieza la semana que viene el juicio contra Cerisola…”, se lo requirió a lo que Pagani respondió de forma contundente: “No empieza la semana que viene”. “¿Fueron notificados?”, insistió este medio y la respuesta fue la misma: “No, no empieza”.

Desde 2019, Rodolfo «Ekeko» Burgos cobra millones como único y exclusivo apoderado legal y querellante de la Universidad Nacional de Tucumán en la causa federal que “investiga” la malversación de fondos de YMAD que obtuvo el rectorado de la UNT a partir de falsificar la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier, burlando la orden de la Ley 14.771. En febrero de 2022, Burgos confesó en un Juzgado tucumano que no ejerce la abogacía ni tiene ingresos “como abogado independiente” porque la presidencia de Canal 10 – designado por la propia UNT- lo “sacó del ejercicio profesional” (sic) desde 2016. A pesar de la contundencia de la documentación, Burgos no presentó jamás ni una sola prueba ante el Tribunal Oral Federal a pesar de lo cual fue recontratado por Pagani -que queda así comprometido delictivamente por encubrimiento agravado- y su jefe político José Hugo Saab (funcionario de máximo rango desde hace 40 años y principal involucrado en las maniobras de estafa a la UNT junto con el director de Asuntos Jurídicos Augusto Gonzñalez Navarro).

La falsificación documental de la finalización de toda una ciudad que jamás se construyó fue llevada a cabo por los ex rectores de la UNT Rodolfo Martín Campero, Mario Marigliano y Juan Cerisola, con la complicidad de la ex vicerectora María Luisa Rossi de Hernández, del sempiterno secretario General de la UNT José Hugo Saab y del aún director de Asuntos Jurídicos Augusto González Navarro. Su objetivo no era otro que el disponer de los fondos mineros de «libre disponibilidad» que la ley 14.771 establece una vez que la UNT concluya la construcción de su campus en el cerro «de acuerdo a los planos ya aprobados» (artículo 18 inciso b Ley 14.771).

La semana pasada, uno de los imputados ─ Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas del rectorado de Juan Cerisola─ solicitó al TOF la ratificación y/o rectificación de la fecha del debate ante las versiones de renuncias de Jiménez Montilla y el presunto vencimiento de la subrogancia del catamarqueño Lilljedahl. Según informaron desde su defensa a eltucumano.com, no hubo respuestas a su solicitud, por lo que el lunes se presentarían confirme a la citación que recibieron en noviembre del año pasado.

Por su parte, Silvia Peyracchia, abogada defensora de Cerisola, reconoció en una entrevista con el programa Primer Plano, que el juicio está “contrareloj” ya que, si el TOF no notifica hasta este lunes 22 abril el nuevo magistrado subrogante, los tiempos se complicarían porque tienen 48 hora para recursar la designación. “El tribunal federal puede notificarnos hoy (el pasado viernes), o puede notificarnos el lunes (por ayer), o puede notificarnos el martes, que está integrado de esta manera con el cuarto. Pero nosotros estamos listos y preparados el lunes (29 de abril) para asistir al debate oral. Es más, estamos ansiosos y estamos esperanzados de que el juicio se hace”, afirmó Peyracchia.

Otros de los que había asegurado no tener certezas sobre el proceso es el fiscal federal Pablo Camuña, que se negó a responder en una entrevista en vivo con eltucumano.com sobre esta causa, pero sí dijo “no tener confirmado” que el debate ─ al que La Gaceta supo denominar como” el juicio más importante del siglo”─ comience.

En su investigación, el fiscal federal Carlos Brito omitió el delito principal: el robo de la Ciudad Universitaria. Los fondos para esta obra debían provenir de las regalías de la minería, como marca la Ley 14.771 de creación de YMAD, que indica que el 40% de esos ingresos debían destinarse a construir un gran campus universitario «conforme a los planos ya aprobados». Dichos planos fueron localizados este año a los que nunca acudieron las autoridades universitarias, que optaron por utilizar los fondos en meras refacciones edilicias para el Museo de la UNT -en la ex escuela de Agricultura- y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10-, sentando las bases de un sistemático despojo a la UNT que continúa hasta nuestros días.

En octubre del año pasado, el Fiscal Federal General Antonio Gustavo Gómez presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán una reiteración de pedido de pronto despacho y que se tenga presente la Reserva de Queja por Retardo de Justicia en la causa que investiga el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier y que compromete a los exrectores Rodolfo Martín Campero, el fallecido Mario Alberto Marigliano y Juan Alberto Cerisola, como a ex y actuales funcionarios del Saabismo que desde hace 40 años conduce los destinos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Es una mezcla muy importante de delitos dolosos, intencionales causadas por las autoridades máximas de la UNT. Insisto, las venimos denunciando y se vienen cerrando muchas de las causas vinculadas al dinero, que la gran mayoría provienen de YMAD”, dijo en una entrevista con FM latucumana 95.9.

“Cuando hay muchos millones de dólares las tentaciones son de las más variadas. Pero hay también una falta de interés importante de las autoridades de la universidad, incluso me criticaron duramente cuando le pedí que participaran en las causas como querellantes, porque ser querellante de una causa penal demuestra que están preocupados por los delitos que se están cometiendo en el ámbito universitario, que quieren recuperar esos fondos. Si no es querellante difícilmente pueda recuperar algún peso”, agregó Goméz, señalando a los rectores y rectoras que pudieron reclamar lo que pertenecía a la Casa de Altos Estudios. 

A ese desinterés por parte de la cúpula universitaria, hoy encabezada por el histórico secretario General José Hugo Saab, el rector Pagani y la vicerrectora Mercedes Leal, Gómez habló de negligencias a la hora de proteger el patrimonio y puso de ejemplo las usurpaciones del Parque Sierras San Javier que pertenece a la UNT. “En estos casos las querellas prácticamente no existen, salvo en un expediente que se está investigando la desobediencia del dueño de un barrio cerrado que no quiso entregar unas máquinas que ordenó la cámara, pero no se investigan las usurpaciones que es la causa central para recuperar estas tierras”, ejemplificó. 

Y añadió: “Nosotros juzgamos a las personas físicas, la indemnización de esos hechos ilícitos depende de las autoridades universitarias en su rol de querellantes, que al menos deberían proponer cuál es el monto para poder iniciar ese proceso de reconstrucción. Esta es una facultad de la universidad y no vi hasta ahora una pericia impulsada por la UNT para saber el costo que le significó a la universidad esta maniobra”, acusó sobre el inexistente trabajo de Rodolfo Tercero Burgos, abogado querellante de la UNT en la causa.

Juan B. Terán, el creador de la UNT llora amargamente toda esta degradación moral en que está envuelta la casa de altos estudios que él creó para incrementar el conocimiento de la provincia y la región NOA. Su herederos no supieron sostener con honorabilidad este magnífico proyecto civilizatorio de este pro hombre tucumano.

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