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Dura pulseada entre la CGT y el Gobierno: el salario mínimo 

Se viene otro choque inevitable entre los sindicatos y el Gobierno: son prácticamente nulas las probabilidades de que se llegue a un acuerdo por el salario mínimo, cuando el martes se reúnan las tres partes involucradas en el Consejo del Salario.

El motivo es simple: en lo que va del año, la inflación acumulada hasta abril es de un 63%, mientras que el salario mínimo sólo se ajustó un 30% para ubicarse en su nivel actual de $202.000

Esto implica que, para que el salario mínimo recupere el nivel que tenía en diciembre pasado, se necesitaría un ajuste de 25%, que lo lleve a $253.000. Es decir, algo que el gobierno no aceptará en el actual contexto de inflación en descenso.

El antecedente más reciente del Consejo del Salario -febrero pasado- es bien elocuente: mientras la CGT había pedido un 85% para compensar el pico inflacionario de fin del año pasado, el Gobierno sólo aceptó dar una recomposición de 30% escalonada en dos pagos.

Era una decisión en línea con la postura de Luis «Toto» Caputo respecto de la política salarial. El ministro sostenía que había que dar señales de desinflación, y que las paritarias serían uno de los campos a monitorear de cerca. Fue por eso que no se avalaron las paritarias con cifras que se alejaran de la previsión oficial de inflación, como ocurrió con el caso notorio de los camioneros.

Había, además, otro motivo: el plan Potenciar Trabajo, que con 1,2 millón de beneficiarios era el más numeroso y que contaba con mayor asignación presupuestaria, se regulaba por el salario mínimo -el pago constituía un 50%-. Y, precisamente, se trataba de un programa que el gobierno ya pensaba desactivar.

Fue en ese marco que el gobierno se negó de plano a dar un ajuste del salario mínimo basado en la inflación pasada, sino que se dictaminó un incremento que se terminó pareciendo más a la inflación del trimestre siguiente. Aun así, la cifra quedó por debajo del aumento del costo de vida.

De hecho, el salario mínimo hoy está por debajo de la canasta básica, la que marca la línea de pobreza, que en la última medición del Indec llegó a $250.000 para una persona, y que está en $773.000 para un hogar de dos adultos y dos menores. Esa medición corresponde a marzo, por lo que, al momento de la definición del nuevo salario mínimo, ya la canasta básica habrá registrado un salto inflacionario.

Según se desprende del informe de Evolución de la Distribución del Ingreso que difunde el Indec, un 40% de las personas con ingresos cobran el equivalente a un salario mínimo o menos de esa cifra -en su mayoría, trabajadores del sector informal-.

Aunque la CGT no ha explicitado qué demanda llevará al Consejo del Salario, sus dirigentes han planteado que el haber mínimo debería, al menos, estar alineado con la canasta básica, lo cual ya supone no menos de 25% de corrección.

Es claro que, si en febrero pasado, cuando la CGT pedía 85%, la respuesta fue un 30%, ahora la cifra que esté en la cabeza del equipo económico de Gobierno será muy inferior. Sobre todo, después de que circularon previsiones de inflación con un fuerte freno.

Por caso, en el mercado se comentó el informe de la consultora Eco Go, dirigida por la influyente Marina Dal Poggetto, que prevé un IPC de 7,6% para abril. De la misma manera, causó revuelo un reporte de la consultora Alphacast, dirigida por Luciano Cohan, el ex subsecretario de Programación Económica durante la gestión macrista. Alphacast registró, por primera vez desde el recambio gubernamental, una deflación en su relevamiento semanal de inflación de la canasta alimentaria.

Es una situación en la que el gobierno se preocupa de que todas las señales -desde el recorte en las tasas de interés hasta la reversión de aumentos en las cuotas de la medicina prepaga- vayan en el sentido de una inflación en descenso. Y Caputo dejó en claro que el salario es uno de los precios que debe acompañar esa tendencia.

Así lo argumentaba el ministro cuando se le preguntaba por su negativa a avalar la paritaria de camioneros, que suponía un ajuste de 25% para marzo y de 20% para abril -es decir, números que casi duplicaban la inflación efectivamente registrada en esos meses-: «Si homologamos esto, el próximo va a decir dame 30% en abril y 40% en mayo, y obvio que puede disparar la inflación. Hay que dar algo razonable y compatible con la marcha de la economía».

Para sorpresa de muchos que esperaban una postura menos intervencionista del Gobierno, Caputo dejó en claro que, tal como pensaron sus precedesores en el cargo, no se fía de las negociaciones libres entre sindicalistas y cámaras patronales, porque cree que un ajuste salarial demasiado alto puede traducirse en un inmediato traslado del costo laboral a los precios.

Fue con ese espíritu que se terminó negociando el nuevo «techo Moyano», por el cual la paritaria camionera, como referente para el resto del mercado, se limitó a aumentos de 15% por marzo y 9% por abril -en línea con la pauta inflacionaria marcada por el ministro-. Claro que, como también había ocurrido en gobiernos anteriores, este acuerdo tuvo su cuota de «maquillaje», dado que a los aumentos oficiales se les sumó una suma fija, que agregará un 10% para marzo y un 7% en abril.

La postura del Gobierno es clara: evitar toda medida salarial que pueda implicar una señal contradictoria con el proceso de desinflación. Es, a primera vista, algo que parece destinado a un choque con la dirigencia sindical.

Pero, por otro lado, también es cierto que el gobierno está dando señales conciliadoras a la CGT: citó a los dirigentes a la Casa Rosada, aceptó suavizar los costados más controversiales del capítulo laboral en la Ley Bases y desactivó el conflicto en ciernes con el clan Moyano.

Por otra parte, la reunión del Consejo del Salario tiene un «timing» muy particular. Se convocó justo el día previo al 1° de mayo, cuando haya un acto de la central sindical, donde supuestamente se anunciaría la fecha de un paro general.

Eso implica que, dependiendo de cómo se maneje la negociación por el salario mínimo, podría acelerarse o frenarse la decisión de una agenda conflictiva por parte de la cúpula sindical.

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