Tal vez estén viviendo solo una tensa vigilia en las vísperas de otra guerra. Un alto funcionario del Gobierno, cercano a Alberto Fernández, sostiene que la primavera presidencial por la tregua reciente entre las facciones de la administración es simétrica con el malestar vicepresidencial. Cristina Kirchner hubiera preferido seguir ejerciendo la condición de jefa de la oposición antes que tolerar la continuidad de hecho de la política que promovía (y no aplicaba) el exministro Martín Guzmán. “Alberto sabe que ya nunca será un presidente en serio al lado de Cristina, y Cristina es consciente de que tal como están las cosas solo puede trabajar por un derrota digna en las próximas elecciones”, explicó aquel funcionario. Los dos han vivido días signados por la paranoia, la desconfianza mutua y el rencor que se prodigan.
En el centro de ese clima tenso y frágil aparecieron acciones de los servicios de inteligencia. Primero fueron las filtraciones de supuestos chats del Presidente de carácter muy privados (publicitados por la propia vicepresidenta). Ahora se discute sobre la autoría del asalto mafioso a la oficina del Consejo de la Magistratura que guarda las declaraciones juradas de los jueces. El carácter mafioso del mensaje es la conclusión unánime en los tribunales. Según una corriente de jueces que conocen el Consejo y la política, podría tratarse de grupos de inteligencia enfrentados con otros grupos que hicieron un trabajo berreta y tosco solo para afectar a sus enemigos. Llegaron a esa deducción luego de constatar que los jueces a quienes más se podría querer amedrentar (Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, del tribunal oral que juzga el direccionamiento de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez) son personas intachables, cuya honestidad nunca fue puesta en duda. Todos los magistrados consultados coinciden en que a esos jueces no los atemorizara una operación tan grosera. La otra variante que se analiza es que haya sido una acción dirigida contra el presidente del Consejo, Horacio Rosatti, y también titular de la Corte Suprema, para descalificar su gestión pocas semanas después de haber asumido la titularidad del Consejo. Se sabe que Cristina Kirchner le profesa un odio profundo a la actual Corte Suprema y, por consiguiente, al actual Consejo, que es consecuencia de una decisión del máximo tribunal. Lejos de acobardarse, Rosatti ordenó que se prepare en tiempo récord una especie de bóveda bancaria que en adelante guardará las declaraciones juradas de los jueces. Nadie tendrá acceso a ellas, salvo unas pocas personas previamente seleccionadas.
Sin embargo, la logística del operativo fue mucho más amplia. La seguridad de esa oficina está a cargo de la Policía Federal, que nada impidió ni nada vio. Tampoco funcionaron las cámaras de seguridad que están a cargo de una oficina de seguridad del propio Consejo de la Magistratura. Rosatti ordenó también que esa oficina de seguridad sea reestructurada con personal idóneo. Sea como fuere, lo cierto es que los asaltantes se ocuparon de dejar rastros de que pasaron por ahí y de que revisaron las declaraciones que consignan no solo la situación patrimonial de los jueces, sino también las de sus familias. Fue un trabajo típico de servicios de inteligencia, seguramente clandestinos. La buena novedad es que la mayoría de los jueces buenos consideró que solo con la presencia de la Corte Suprema en el Consejo se pueden cambiar hábitos y anomalías que se vivían desde hace mucho tiempo en la Magistratura. Lo que sucedió con las declaraciones juradas fue solo una muestra.
De todos modos, la aparición de bandas desordenadas de los servicios de inteligencia es un hecho que se incrustó en la intensa pelea interna entre distintos grupos del kirchnerismo. A la extrema tensión interna se le sumó la chapucería de los servicios de inteligencia. Pero no son solo los servicios de inteligencia los culpables de la confusión política e intelectual de los últimos días. La propia vicepresidenta se encargó de darle veracidad al trabajo de esos grupos, cuando se mostró segura de que eran verídicos los chats íntimos del Presidente, y ella misma aceptó que le gusta “revolear” ministros. Los funcionarios de Alberto Fernández solían asegurar, ante cada purga en el oficialismo, que era una decisión del Presidente, no de la vicepresidenta. Fue Cristina Kirchner la que confirmó ahora que es ella quien echa, nombra y confirma a los ministros.
Tal situación existía sobre el final de la semana última. El Presidente estaba, además, encerrado en Olivos desde hacía varios días y su agenda no mostraba preocupación por los conflictos del país. El dólar contado con liquidación rondaba los 300 pesos. Los bonos argentinos estaban –y están– en el nivel de los bonos basura. Los industriales y productores rurales comenzaron a hacer pública su preocupación por la falta de insumos ante un nuevo cepo al dólar. La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, parecía no reaccionar ante una situación tan dramática. Cristina Kirchner pareció aceptar que sus propios márgenes políticos se encogían al borde de la catástrofe. Sergio Massa barruntaba que sus dos socios (el Presidente y la vice) lo habían ninguneado y le cortaron los pies en su camino hacia la gloria presunta.
Tanta diáspora terminó creando un clima de vacío de poder, que es el peor clima que puede vivir cualquier sociedad. El vacío de poder es la condición previa de la anarquía, que es, a su vez, la única situación intolerable para la gente común. Una fuerte e imprevisible reacción social era posible, dedujeron, con razón, en la cima de la administración. De hecho, ya se habían vivido algunas escaramuzas breves en supermercados de La Plata. “El Presidente no estaba y la vicepresidenta no quería estar. Eso era el principio de la anarquía”, aseguró un funcionario con acceso diario al despacho presidencial. En efecto, Alberto Fernández pasó más tiempo negándose a hablar con Cristina Kirchner que intentado crear una situación de tranquilidad entre los argentinos. El Presidente estaba ausente y es probable que ni siquiera haya sido consciente del clima de abandono e inseguridad que se vivía en la sociedad. Cuando algunos de sus amigos se ocuparon a los gritos de hacerle entender que estaba jugando con fuego en medio de un polvorín, el Presidente aceptó que era hora de trabajar una tregua, aunque fuera frágil e inestable. Cristina Kirchner también entendió que el tiempo de los berrinches había concluido, aunque sea temporalmente.
La tregua permitió que Batakis recitara el lunes, antes de que abrieran los mercados, un credo martinguzmanista. En rigor, todo lo que la ministra dijo en la temprana mañana del lunes ya lo había dicho antes Martín Guzmán. “Los mercados hubiera estallado el lunes si no había antes una definición económica y política”, dijeron directivos del mundo financiero. El Presidente aplaudió a su ministra, pero Cristina Kirchner calló. Era el único favor que le podía hacer a su despreciado socio político. ¿Callar hasta cuándo? Batakis adelantó que habrá aumentos de tarifas de gas y de electricidad, aunque nadie sabe cómo será la segmentación. ¿Los subsidios beneficiarán solo a los que se inscriban en el formulario que apareció ahora, demorado y rebuscado? ¿O también se segmentarán por zonas de residencia, como propiciaban los funcionarios de La Cámpora? Nadie sabe nada. La sociedad no sabe cuánto pagará por servicios tan esenciales en un invierno frío y largo. La falta de seguridad sobre las cuestiones más elementales de la vida parece ser inherente a la condición de argentino.
¿Qué hará Cristina Kirchner cuando empiece a percibir el malestar social por las nuevas tarifas, justo cuando se prevén fuertes subas en los ya altos niveles de inflación? La inflación es por lejos el principal problema de la sociedad, según la unanimidad de las encuestas. Los aumentos de tarifas, tan necesarios como inoportunos, espolearán aún más la inflación. La inestabilidad del dólar, la falta de moneda norteamericana y la inflación dejaron a la Argentina sin precios relativos, sin importaciones esenciales y sin el abastecimiento necesario de productos básicos. El país está cerca de una convocatoria a la opción entre “papel toilette o patria”, como reclamó en su momento el poderoso número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, cuando su país se quedó sin papel higiénico. “¿Ustedes quieren patria o papel tualé?”, gritó ante el malhumor social por la falta de papel higiénico.
Cristina Kirchner no es Diosdado Cabello, que salió en defensa de su gobierno. El genio de la vicepresidenta, su talante impaciente y su desesperación judicial la llevarán a nuevos enfrentamientos con el gobierno que ella aupó. Eso sucederá, fatalmente. La única pregunta que queda por hacer es cuándo sucederá la próxima balacera vicepresidencial. Y si Alberto Fernández seguirá tolerando en la poltrona de los presidentes la sublevación de su conjetural aliada.
