La ciudad de Rosario va en camino a romper su propio récord de muertes producto de la violencia generada por los circuitos de la criminalidad organizada: al cierre de esta nota, la ciudad contabiliza más de 167 homicidios, en su mayoría en la vía pública y cometidos con armas de fuego. En cuanto a los femicidios, los números son alarmantes: de los 45 femicidios registrados en Santa Fe por los observatorios de distintas organizaciones sociales, 20 fueron perpetrados en Rosario. La cuna de la bandera ve morir casi cuatro veces más personas por armas de fuego que el resto del país, y al doble de mujeres que al año pasado.
Además de superar ampliamente la media nacional, Rosario “ha aumentado exponencialmente” los casos de mujeres asesinadas en contextos relacionados a la criminalidad organizada, rompiendo no solo el récord de femicidios sino convirtiéndose en una de las ciudades más violentas para las mujeres. En ese mismo orden, el Observatorio de la Seguridad Pública de Santa Fe, a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia, destaca que el año 2020 terminó con 45 femicidios, mientras que el año pasado se registraron 37.
Números. Historias que se pierden entre las cifras que se vuelven cotidianas y que por lo continuado y persistente en el tiempo de la situación y por la aparente falta de imaginación de las autoridades para resolver el berenjenal, termina formando parte del paisaje noticioso local.
Las historias detrás de los números
Las hermanas Eugenia y Marianela Gorosito, dos jóvenes de 25 y 28 años respectivamente, habían salido a merendar juntas a un bar de la zona céntrica de Rosario la tarde del 19 de julio. Cuando salieron del bar, se subieron a un vehículo para aparecer recién al día siguiente, sin vida, en un basural de Pérez, una localidad tangente a Rosario. Las múltiples detonaciones sumaron casi una docena de disparos. El fiscal Patricio Saldutti, quien investiga estas muertes desde la categoría de femicidio, reconoció un aumento de los mismos en hechos de violencia con armas de fuego relacionados con la criminalidad organizada en la ciudad.
El fiscal declaró en una audiencia que el caso se trata de “la muerte violenta de dos mujeres, víctimas vulnerables, madres” las cuales tenían, cada una, un hijo menor de edad, cometido “en un contexto de violencia de género de relieve, por la violencia y la atrocidad con al que se cometió y por la forma y lugar de descarte de sus cuerpos”.
La feminización de la violencia
El informe de julio del 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registró 187 femicidios y travesticidios en lo que va del año en todo el país, de los cuales 45 tuvieron lugar en la provincia de Santa Fe: 20 fueron en Rosario, donde la mayoría tenían entre 15 y 34 años. Si se extiende el registro hasta el 2015, la cifra da escalofríos: según el Observatorio de Violencias Machistas de La Corriente de la Militancia, Mujeres y Diversidad, llevado adelante –entre otras militantes- por la vicepresidenta del Partido Justicialista santafesino y concejala rosarina Norma López, Rosario es la ciudad argentina que más femicidios ha contado desde entonces, con 135 casos registrados.
Norma López observa con preocupación las cifras de los informes: “Vemos un aumento exponencial de las mujeres asesinadas en el marco de la criminalidad”, cuyos casos “es muy importante que se los investigue como femicidio”. López toma la figura del feminicidio, dado que entiende que el asesinato de las mujeres en situación de violencia es, además, responsabilidad del Estado debido a la falta de políticas eficaces para detener la ola de violencia contra las mujeres en particular.
La militante recuerda que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) firmó en el 2018 un acuerdo para establecer un protocolo con la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) para la investigación de muertes violentas de mujeres e identidades feminizadas en contextos de criminalidad organizada. Desde entonces, los mapas interactivos conformados por La Corriente incluyen estos casos: “La decisión de la UFEM de haber avanzado en que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como femicidio es contundente a la hora de poner más investigación a determinados crímenes que quedaban totalmente impunes”. López ejemplifica: “En nuestra ciudad los que más mueren, víctimas de la violencia urbana, son pibes varones jóvenes oriundos de los sectores populares y las mujeres en general. Entonces estamos más que complicados”.
“Hay muchos asesinatos que se pudieron analizar y se llegaron hasta el final. Pero hay muchos de ellos que se descuben en el final que se trataba de femicidios”, advierte López. Y agrega: “Las mujeres somos las que más caminamos en la vía pública, somos las que más estamos al frente de los espacios comunitarios, son las que llevan las políticas de cuidado. O sea, son un blanco muy fácil y son las que más denuncian y por lo tanto son las que más se preocupan en mantener entornos no violentos y construirlos».
En cuanto al rol de la justicia, la concejala advierte que “necesitamos otra mirada”, lo cual implica que las autoridades judiciales y los efectivos policiales deben profundizar su perspectiva de género a la hora de llevar adelante las investigaciones: “La ley Micaela sirvió un montón, es un gran paso, pero no es suficiente. Las mujeres tenemos muchas dificultades para poder acceder a la justicia” y agregó: “Cuando estamos en el marco de niveles de violencias urbanas tan profundas como los que está viviendo Rosario, tenemos que dar especial compromiso en las investigaciones para investigar a fondo, para determinar las causales, y además tener un trabajo conjunto entre la justicia y el gobierno para tener políticas de prevención”.
“Hoy la violencia urbana que está viviendo Rosario tiene un efecto de un enorme crecimiento en asesinatos de mujeres que nosotros los considerábamos feminicidios porque son en conceptos de criminalidad”, aclara la edila.
Una de las inventoras del término “femicidio” es la investigadora mexicana, doctora y docente Julia Monárrez Fragoso, que, en un conversatorio organizado por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, dijo que la “expansión del crimen organizado y de economías ilegales en las sociedades latinoamericanas, en esos territorios de frontera -no en un sentido jurisdiccional, sino simbólico- donde el Estado se retrae y des-protege está profundizando la subordinación y violencia hacia mujeres racializadas y marginalizadas”.
La violencia como constitución de la identidad
La criminóloga Eugenia Cozzi entiende que el abordaje de cómo aumentan las muertes es equivocado si sólo se lo hace desde la categoría del enfrentamiento entre bandas o desde la categoría del “narcotráfico”. Además, de no poder analizar toda la complejidad del fenómeno, el Estado termina ensayando respuestas punitivas: “La forma de clasificar estos conflictos ligados a la imagen del narcotráfico, con la imagen social que se anexa a esa categoría, genera como efecto esas respuestas estatales siempre desde el mismo lugar (N. del R.: el cual no ha visto en los últimos años ningún tipo de resultado positivo, sino más bien el acompañamiento de una profundización en los efectos de la violencia). El narcotráfico como categoría que está ligada a un montón de imágenes, por sí misma, no explica la violencia que hoy estamos viviendo”.
Ahora bien, “eso no quiere decir que la expansión de determinadas mercados ilegales no acelere determinados conflictos”, aclara la especialista. Según Cozzi, “la idea del narcotráfico plantea esta cuestión de buenos y malos, y ese ogro poderoso, que disputa territorio con el Estado, está asociado a un montón de imágenes. Lo que sucedió en Rosario fue que si bien además se cruza con variables más macro relacionadas al desarrollo de determinados mercados como el de la cocaína, no explica de forma única el recrudecimiento de la violencia en la ciudad, porque además, aún en esos mercados, la violencia que se da no es puramente instrumental. También hay disputa de honor, de lealtades”, explica.
La distancia del Estado para con determinadas poblaciones ha generado los espacios para que surjan tanto necesidades insatisfechas como personajes dispuestos a satisfacerlas, y allí aparece lo que Cozzi define como situaciones relacionadas con la construcción de la identidad a través de la violencia: el sentido de pertenencia y hasta incluso la construcción de la masculinidad y la feminidad. “Sin lugar a dudas, el uso de la violencia como prueba de la masculinidad excede a los sectores populares. Los jóvenes de los sectores populares son parte de nuestra sociedad”, explica. “Hay algo de la forma en cómo se construye la feminidad y masculinidad en estos circuitos”. Así, lo que ella llama «el mundo del delito popular» (que, aclara, el mercado de drogas trasciende a los sectores populares) generan «más alarmas sociales, es el segmento de la criminalidad que genera los muertos». De este modo, la violencia ligada a «estos ilegalismos, muy ligados a estas formas de superviviencias, de gestión de la vida, generó transformaciones en los últimos tiempos. El narcotráfico es una categoría que oscurece, no termina de explicar todos los escenarios”.
Cozzi se niega a hablar de la naturalización del fenómeno, dado que las muertes sucedidas en Rosario “son muertes que causan mucho dolor para su familia, son muertes que generan reacciones, que generan diferentes ajustes sociales frente a estas muertes. Pero sí es una experiencia cotidiana, estos jóvenes conviven con la muerte y tienen amigos muertos, y eso sí cala en la experiencia de distintas generaciones”, concluye.
