Inscripta en el cúmulo de irregularidades detectadas en importaciones que fueron amparadas por medidas judiciales, la que ordenó que se destinen u$s20 millones de dólares para ingresar al país toallas importadas mereció un capítulo especial. Tanto así que fue revelada por el propio Sergio Massa en el marco del Council of Americas, a modo de ejemplo de prácticas empresarias cuestionables que, con auxilio de los tribunales, habían facilitado el drenaje de reservas del Banco Central a dólar oficial.
Sin embargo, el caso no fue una simple anécdota. Ahora, la Aduana se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8 -que había habilitado a la empresa Cityblanco SA a sortear el control de la AFIP- solicitando que se anule la vigencia de la medida cautelar. Concedida el 26 de noviembre de 2021, y prorrogada en mayo de este año por la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, la autorización para ingresar esa mercadería que está por cumplir un año tiene actualmente un remanente de casi u$s 18 millones de libre disponibilidad bajo paraguas judicial.
De forma insólita, el invocado “peligro de demora” por el que se recurrió a la justicia para objetar las resoluciones de control del fisco terminó no siendo tal ya que hasta que fue detectada la maniobra solo se efectivizó la importación por el equivalente a poco más del 10% de lo que autorizó la justicia.
Gravedad
Dos datos que no son menores: el juzgado de Madariaga de Negre cobró notoriedad luego de que Ámbito relevara que había otorgado una medida judicial para importar a una firma que luego se la cedió a una importante empresa de productos de marroquinería (Tropea SA), en una maniobra asimilable al “alquiler” de cautelares. Ese caso fue escandaloso y se encuentra en pleno trámite dado que podría terminar en un delito penal ya que es una práctica prohibida.
No es legal solicitar la protección de un derecho a través de una medida judicial y luego transferir ese beneficio a un tercero. Este diario confirmó que no fue la única operatoria de este tipo en la que coincidía el juzgado involucrado.
La segunda cuestión llamativa es que se inició un sumario por posible fraude marcario. Esa investigación está en pleno desarrollo porque se busca determinar si las toallas y el resto de los productos, además de ser importadas, además de ingresar a través de una cautelar, contienen uno o más elementos falsificados que replican una marca sin autorización. Impacta en marcas líderes de indumentaria deportiva y en la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De comprobarse, sería el colmo del absurdo.
El caso
Cityblanco SA se presentó en la justicia el 18 de agosto de 2021. Demandó al Estado Nacional y al Ministerio de Desarrollo Productivo en el expediente N°13177/2021 con el objetivo de que se declare inaplicable e inconstitucional la Resolución Conjunta General N° 4185-E/18, la Resolución de la ex Secretaria de Comercio N° 523-E/17, la Resolución de Secretaria de Industria economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa N° 1/20 y la Disposición SSPGC N° 10/20 Subsecretaria de Política y Gestión Comercial. Y que mientras tanto se libere la SIMI N° 21001SIMI340734X, sin necesidad de contar con la aprobación previa del fisco. El argumento fue idéntico al del resto de las cautelares: la supuesta arbitrariedad que generaba este tipo de resoluciones oficiales. La jueza se la otorga el 26 de noviembre por 6 meses y se la extendió el 17 de mayo pasado por idéntico lapso.
Urgencia
La empresa argumentó que no se podía demorar dado que “…si no cuenta con mercadería para comercializar quebraría en unas semanas” ya que requería giro comercial para no interrumpir la cadena de pagos, algo que tendría “consecuencias comerciales aniquiladoras”. Por eso, reclamaba disponer de su mercadería lo más pronto posible. Sin embargo, la Aduana que conduce Guillermo Michel detectó que a la fecha nunca se había oficializado el total de la SIMI, sino que la mercadería ingresada al país en valor FOB era equivalente a u$s 2.335.149 dólares, del total autorizado que trepaba a los u$s 20.449.240 de dólares. Esto significa que en un año, se fue graduando el ingreso de la mercadería, pese a que como requisito previo para obtener la cautelar había invocado el peligro de demora que implicaba tener que aguardar la autorización que impone el régimen de licencias no automáticas. Dos requisitos hacen viable una cautelar: la verosimilitud del derecho posiblemente vulnerado y el peligro de la demora a una decisión de fondo. Por eso la urgencia.
La jueza
La última presentación que hizo la Aduana en el expediente fue el viernes pasado, solicitándole a la jueza que revoque la cautelar -ya que el peligro de demora esgrimido no fue tal- y además solicitándole copias de todo lo actuado ante la chance de efectuar una denuncia penal. Y la puso en conocimiento de que dentro de las 28.000 toallas podría haber mercadería prohibida que hubiese falsificado marcas.
“Dichos fundamentos no pueden resultar ajenos a VS quien deberá adoptar las medidas pertinentes para evitar que Cityblanco haciendo uso del sistema judicial y eludiendo sus antecedentes, obtenga medidas precautorias que le permitan avanzar con la importación de mercaderías que se encuentran manifiestamente en violación de la ley vigente”, indicó el escrito dirigido a Madariaga de Negre.
A este escenario se suma que Aduana, en un trabajo coordinado con la DGI que depende de María Virginia García avanzó en inspecciones sobre la firma involucrada en la megaimportación de toallas, obteniendo resultados que también fueron llamativos y replican lo ocurrido con la importadora que cedía sus cautelares a otras marcas. Documentación vidriosa, presentaciones incompletas al fisco (que incluso, en aquel caso, derivaron en actuaciones de la IGJ que la consideró “empresa fantasma”) y la apariencia de sociedades que no cuentan con la solvencia para realizar este tipo de operaciones de comercio exterior.
En un contexto de restricción de dólares y ante el mentado “festival de importaciones”, existen datos concretos de operaciones de importación y exportación que, o bien eran sobrefacturadas o subfacturadas, o contaban con autorizaciones judiciales que funcionaron como un canal verde al margen del fisco, no solo para evitar controles, sino para una serie de irregularidades que dieron lugar a todo tipo de maniobras. En apenas dos meses de investigaciones emergieron cuestiones difíciles de explicar.
