El legislador porteño Roberto García Moritán presentó un proyecto para demoler el histórico edificio donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social, pero desde la legislatura porteña dos bloques lo ven como inviable.
«La expropiación no procede frente al gobierno federal», explicaron desde el bloque de la Coalición Cívica y destacaron: «Entre otros inconvenientes, este ya lo convierte en inviable«.
Desde Republicanos Unidos disienten. «Hay dos discusiones jurídicas paralelas. La primera es sobre la expropiación y la respuesta es sí. La Ciudad de Buenos Aires puede desapoderar a Nación de ese bien«, dice Yamil Santoro, abogado e integrante del partido fundado por Ricardo López Murphy.
También explica que puede demolerse. «Para ello hay que desafectarlo del régimen de protección de patrimonio histórico. Para eso hace falta una ley nacional que estamos trabajando y va a presentarse en breve con el diputado Ricardo López Murphy», adelantó a este medio.
«Si logramos la expropiación, podemos cambiarle la finalidad al bien. Eso ya impactaría en el tema del tránsito», argumenta el jurista. «Demolerlo sería la solución máxima, pero hay soluciones intermedias que resolverían buena parte de los problemas», agregó Santoro. Este medio se comunicó con Marina Kienast, autora del proyecto junto a García Moritán, pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta.
«El edificio es de Nación. No están dadas las condiciones para plantear la expropiación y por otra parte sería de un costo inmenso que hoy no está en condiciones de afrontar la Ciudad de Buenos Aires», dicen desde el bloque de UCR-Evolución.
Qué dice el proyecto de García Moritán
García Moritán y Kienast, presentaron el proyecto titulado «Ley de mejora de la circulación de la Avenida 9 de Julio«, donde plantean que el ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos sea tirado abajo para ampliar la avenida.
Además de realizar un racconto histórico que justifica el proyecto, caracteriza a la 9 de Julio como una de las «arterias principales» de la Ciudad de Buenos Aires. «Es importante remarcar esto, porque el promedio de circulación por autopistas en la CABA del año 1997 era de 208.319 vehículos diarios, y actualmente llegó a 314.311 en 2022, lo que representa un aumento de más del 50%», explican Moritán y Kienast.
También mencionan que distintos «Presidentes de turno» quisieron implementar la medida. Uno de ellos fue Carlos Menem, que en 1995 calificaba al edificio como un «adefesio» que entorpecía la circulación.
De acuerdo a los legisladores, «el edificio se ha convertido en objeto de protestas, piquetes y acampes por parte de movimientos y organizaciones sociales» generando demoras en el tránsito y el transporte público.
Amparados en la ley 238, solicitan demoler el edificio y trasladar la dependencia «a un lugar donde las protestas y reclamos de diferentes sectores se lleven a cabo sin generar un caos vehicular y/o peatonal, redundando en el reconocimiento del derecho a circular de todos los porteños, bonaerenses y argentinos».
Por eso piden que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley 27.589, denominada de Capitales Alternas, que en el artículo 6 «establece que el Gobierno Nacional relocalizará en las provincias, las sedes centrales o delegaciones de organismos y entidades del Sector Público Nacional».
El 12 de noviembre del 2020 se sancionó la mencionada ley con el objetivo de «desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales», según detallaron en el Gobierno Nacional entonces.
En el Boletín Oficial, además, se explica que será el Ministerio del Interior (encabezado por Eduardo «Wado» De Pedro), el que «tendrá a su cargo la coordinación del proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del Sector Público Nacional, incluidos en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como también, la definición de la locación específica de su asiento».
Monumento Nacional
La promulgación de la ley que declaró monumento y lugar histórico a la reconocida estructura que tiene en dos de sus caras la figura de Eva Duarte de Perón, fue oficializada el 2 de mayo del 2002 por el Congreso Nacional.
El estudio y la conservación de este edificio declarado patrimonio nacional esta a cargo de la Comisión de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, que ejerce el grado de «superintendencia» sobre los bienes declarados.
«Este proyecto debe ser archivado«, fue la contundente respuesta de la flamante presidenta de la Comisión, Mónica Capano. La funcionaria asumió su cargo en julio y ya le explotó una polémica. Sin embargo, fue directa: calificó como «absurdo» el proyecto y acusó a los legisladores en Radio Nacional de «desconocer lo que es hoy la protección patrimonial«.
