Alberto Fernández anunció este miércoles la firma de un decreto que inicia las acciones judiciales necesarias para declarar nulas las prórrogas de las concesiones de los accesos Norte y Oeste. Incluye la presentación de un juicio y una cautelar para que vuelvan a manos del Estado. El objetivo es evitar aumentos en los precios de los peajes, a los que veían como «inevitables» en la situación vigente.
«A nuestro juicio, son contratos absolutamente distorsivos, que generaron daño económico al Estado nacional y a los usuarios. La acción la va a ejercer ante la Justicia Contencioso Administrativa el Ministerio de Obras Públicas», dijo el Presidente..
Habló de una «acción de lesividad» en la extensión de las concesiones operada en 2018 por decretos del gobierno de Mauricio Macri. «Verificamos que los contratos fueron desventajosos para los usuarios de las autopistas y causaron una lesion enorme al Estado», enfatizó el jefe del Ejecutivo.
«Si hubiéramos permitido que se aplicara el contrato, un usuario actual de Autopista del Sol que paga cerca de 100 pesos estaría pagando 1.800 pesos. Eso es lo que hubiera pasado», agregó el mandatario.
Hasta el momento, el acceso Norte está concesionado a la firma Autopistas del Sol (Ausol), mientras que el Acceso Oeste se encuentra en manos del Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
La prórroga se rubricó en el gobierno de Mauricio Macri y estuvo bajo investigación desde el inicio de la administración de Alberto Fernández, con allanamientos en 2020 tras denuncias de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau.
A su turno, Katopodis habló de «escándalo» y de funcionarios «a ambos lados del mostrador», en referencia al gobierno de Macri.
«Se establecieron un conjunto de decisiones, acciones y premisas que quedaron establecidas en ese contrato con varias cuestiones que a nuestro entender son de vicio», dijo Katopodis, que objetó tres puntos de la renovación.
El primero de ellos fue el reconocimiento de una deuda a favor de las empresas. Katopodis estimó los montos en 540 mil millones de dólares en el caso de Ausol y en 272 mil millones de dólares para GCO.
«Esa deuda no tiene en el expediente ningún elemento ni justificación que pudiese ser acreditada y comprobada», remarcó el ministro.
El segundo elemento fue la dolarización de los convenios. Según Katopodis, las empresas habían renunciado «explícitamente» a esa posibilidad en un contrato firmado en 2006, por lo que regía un «marco normativo de pesificación».
Sin embargo, apuntó el funcionario, en 2018 se «les otorga una dolarización, cuando en el contrato no se justifica que deba ser dolarizado».
Por último, aseveró que hace cuatro años se les garantizó a las empresas un ajuste del 8% anual. En ese sentido, Katopodis habló de «rentabilidad extraordinaria».
«En cualquier concesión de este tipo no hay una rentabilidad asegurada. Se les daba un privilegio de rentabilidad en dólares, actualizada el 8% anual», resumió.
A esos tres puntos sumó el cuestionamiento a la extensión de la concesión: dijo que los contratos terminaban en 2020 pero que, en 2018, se prorrogó su vigencia hasta 2030. «De manera arbitraria», dijo Katopodis.
Además, volvió a cargar contra el gobierno de Macri, al hablar de un «proceso oscuro».
«La renegociación fue presentada como urgente por una supuesta denuncia internacional de las concesionarias en el CIADI. Dijeron que era el remedio para evitar un perjuicio mayor. Fue un argumento de forma para avanzar en un proceso oscuro, arbitrario y que generaba y sigue generando un perjuicio patrimonial para todos los argentinos», concluyó.
Alberto Fernández criticó al gobierno de Macri y a la Justicia
«No sabemos quién determinó el monto de la deuda, por qué se pagó, por qué se habló de un inminente desenlace en estrados internacionales. Pero sabemos que de todo eso resultaron dos contratos, renegociaciones de contratos, significativamente ventajosas para las empresas concesionarias y altamente perjudiciales para el Estado y los usuarios», se sumó luego Fernández a las palabras de Katopodis.
El Presidente anunció un decreto para declarar nulas las prórrogas y quitarle la concesión a los peajes de Acceso Norte y Oeste.
Enmarcó la presentación judicial anunciada este miércoles a la causa conocida como Peajes. Y la vinculó también al caso Correo y a los contratos de Participación Pública Privada, conocidos como PPP, impulsados también por el gobierno de Macri.
«Esta es una forma de conducir el Estado. Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas a los dos lados del mostrador», sostuvo Fernández.
«No permitiremos abusos», aseguró el Presidente.
«Fueron dos años de auditorías. Seguramente la demanda que presentemos la vamos a acercar como prueba a la causa penal (Peajes), donde no parecen encontrar las pruebas que nosotros encontramos con bastante facilidad. Y vamos a reclamar que estas cosas dejen de suceder», finalizó Fernández, con críticas a la Justicia.
