La reunión realizada por la “Asociación Familiares y Amigos Víctimas del Terrorismo” (AFAVITA) el pasado miércoles fue más concurrida que otras veces. Con la presencia de Silvia Ibarzábal, hija del coronel secuestrado tras el ataque de la guarnición de Azul en enero de 1974 y, tras varios meses preso en una “cárcel del pueblo”, luego fue asesinado durante un traslado. Muchos rostros conocidos, más otros que salen del silencio, se juntaron para rememorar a “otros desaparecidos”. A aquellos cientos que murieron víctimas del terrorismo y que muy pocos reconocen ni reparan, simplemente, porque no figuran desde hace años en los calendarios nacionales y, escasamente, en las crónicas históricas de los grandes medios. Se podría decir que no están aunque para muchos descansan en la memoria. Tienen presencia a pesar de carecer de un Parque de la Memoria. Entre esos cientos no se olvida a Dora Cucco de Ayala, la diariera asesinada en abril de 1972; simples ciudadanos, hombres mujeres y niños; los militares asesinados en cautiverio o plena calle, lo mismo que marinos, aviadores, gendarmes y policías. Todas víctimas del terrorismo que atacó la Argentina antes, durante y después de la década del setenta. Muchos murieron accidentalmente pero otros pusieron sus cuerpos para impedir que el poder en la Argentina cayera en manos de la ultraizquierda (el castrismo). Es el pasado que lastimosamente siempre vuelve:
-¿Qué habría pasado si el ERP hubiera triunfado? Hubiera prevalecido la idea de establecer la democracia o de adoptar una dictadura del proletariado?
Luis Mattini (el sucesor de Mario Roberto Santucho en el PRT-ERP): “No nos chupemos el dedo. Está bien la pregunta, porque ahora hay una cantidad de compañeros que se hacen los blanditos. La historia es la historia y hay que hacerla con la verdad. Pero la verdad es que nosotros nunca pensamos en la democracia. Nosotros pensábamos en la democracia en términos de Lenín, como un paso, un instrumento para el socialismo, teníamos toda la concepción leninista más dura. Para nosotros la sociedad socialista tenía una etapa previa que era la dictadura del proletariado; y en eso que no se hagan los desentendidos.”
En agosto de 1974, José María Paz era la cabeza de una hermosa familia, integrada por su esposa María Victoria Vallejo y cinco hijos. Dado el clima de la época, era víctima de innumerables amenazas de muerte, con la “Compañía Ramón Rosa Jiménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo en plena operación en los cerros y las ciudades de la provincia, más la “guerra popular prolongada” que llevaban adelante Montoneros y otras organizaciones. Tucumán era una caldera a punto de reventar. En ese ambiente, Paz durante una reunión familiar se atrevió a dar un consejo: “Tengo ofrecimientos para irnos a vivir a los Estados Unidos o Brasil. No quiero abandonar mi país, la empresa, porque me siento responsable socialmente. Ahora, si me secuestran no quiero que paguen ningún rescate. Hablo en serio, no lo acepto.” Después de pasar varios días en las oficinas del ingenio en Buenos Aires, el miércoles 7 de agosto de 1974 volvió a la provincia sin avisar a nadie. Siempre viajaba los jueves y lo esperaba un empleado del ingenio, pero adelantó el viaje. ¿Sospechaba algo? ¿Era portador de un misterio? Al poco tiempo de bajar del avión alcanzó a tomar un taxi. En instantes observó que un grupo de muchachos intentaban abrir el vehículo, mientras le ordenaban que se entregara. Según los testigos eran entre 10 y 15 personas, algunas disfrazadas de policías, que se desplazaban en varios vehículos. Uno llamó la atención, era una camioneta con un cajón en donde pensaban esconderlo.
Con el paso de las horas, más el reconocimiento de la organización terrorista que había participado, se supo que el jefe del comando montonero era Fernando Saavedra Lamas, (a) “Damián” o “Culipanza”, casado con Albertina Paz, prima del empresario asesinado. “Damián” provenía de la organización “entrista” Descamisados (la “D”) que luego se unió a Montoneros. Tenía un frondoso historial al frente de la Columna Oeste de la “D” y después de Montoneros y es el que planifica el asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci. La luxación de un tobillo, o su escaso interés en la maniobra asesina, hizo que no participara en la “Operación Traviata” y fuera reemplazado por Juan Julio Roqué (a) “Lino”, “Iván”, que provenía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y había participado en el asesinato del general Juan Carlos Sánchez, jefe del Cuerpo II y estaba en pareja con la cordobesa Gabriela Yofre Newton (a) “la ratita”, hermana de Alejandro Yofre Newton (a) “Caracha” (interviene en la toma de La Calera en 1970, se casa con Susana Lesgart, luego pareja de su primo Fernando Vaca Narvaja Yofre (a) “Vasco” y fusilada en la Base Almirante Zar de Trelew). El diario “Pueblo” de José Ignacio García Hamilton titulará en esos días: “El atentado contra Paz marcaría el comienzo de un plan guerrillero”.
Como si no faltaran problemas en el “jardín de la República”, el sábado 10 de agosto de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo atacó de manera simultánea dos objetivos militares. La “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez” al mando de Hugo Irurzún, “capitán Santiago”, intentó copar el Regimiento de Infantería 17 de Catamarca y la “Compañía Decididos de Córdoba”, bajo el mando de Juan Eliseo Ledesma, “capitán Pedro”, tomó por asalto la Fábrica de Explosivos de Villa María, secuestrando al subdirector, el mayor Argentino del Valle Larrabure (quien debió soportar un largo cautiverio hasta que su cadáver fue encontrado en un baldío) y al capitán Roberto A. García (tirado en una banquina herido), y gran cantidad de armamentos. “Nadie puede ya dudarlo. La guerra civil revolucionaria se ha generalizado en la Argentina. De un lado el ejército opresor, del otro bando las fuerzas guerrilleras (…) con la simpatía y el apoyo cada vez más activo de las masas obreras y populares”, dijo el ERP a través de su órgano “Estrella Roja”. En el ataque de Catamarca murieron 16 guerrilleros. A partir de estos hechos, como acto de “represalia”, el ERP comenzó a asesinar oficiales del Ejército.
Mientras en sus días de internación hospitalaria, en Buenos Aires, José María Paz se peleaba palmo a palmo con la muerte, a sus 46 años, volvió a repetir lo que había dicho en Tucumán tras el atentado. No quería sanciones para sus victimarios. Pidió que los perdonen. Falleció el 27 de agosto de 1974 y su entierro en Tucumán fue acompañado por familiares, dirigentes sindicales del sector y obreros del ingenio Concepción. Durante la ceremonia, uno de esos gremialistas dijo: “La muerte de Paz, no es la muerte de un patrón sino la de un compañero de trabajo…y constituye un compromiso para continuar bregando por el engrandecimiento de nuestra industria y por la dignidad de sus trabajadores, de los cuales era miembro.” Semanas más tarde, Montoneros asesinó a varios dirigentes sindicales por asistir a la ceremonia como “perros falderos” de “un oligarca”. La piadosa “Ena”, Eugenia Nougués de Paz, la madre de José María, puso a sus hijos a rezar por los asesinos, para que Dios pueda perdonarlos.
Albertina Paz, la prima montonera del empresario asesinado, va a ser vista en el velorio y después va a estar un tiempo escondida. El 23 de mayo de 1976 es detenida en una cita “envenenada” y será alojada en el penal de Villa Urquiza. En el libro de la unidad penitenciaria, en el rubro “pertenecer a actividades subversivas”, con el N°26 aparece Paz de Saavedra, y queda a disposición del Poder Ejecutivo con “estado civil, viuda”. El 5 de octubre de 1976 es entregada a “autoridades militares”. Cuatro jefes militares van a escuchar el piadoso ruego del empresario Paz. Esos cuatro se llamaban Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi. Tengo las constancias.
Albertina Paz, “la cómplice”, va a partir al exterior (Italia) y retornará cuando se hunda el Proceso de Reorganización Nacional. El destino de Fernando Saavedra Lamas fue otro. Después del golpe del 24 de marzo de 1976, sus andanzas delictivas fueron observadas en toda la provincia. El 20 de mayo de 1976, policías y militares ejecutaron a Saavedra Lamas y cuatro militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, y Atilio Brandsen) durante un allanamiento ilegal en una casa del barrio Echeverría. Años más tarde los parientes de Saavedra Lamas serán indemnizados con una suma millonaria por el Estado. Albertina Paz también estará entre los beneficiarios de la Ley 24.043 (para detenidos y exiliados) y, efectivamente, cobró una indemnización, actualizada a Octubre de 2022, de $30.715.747,36.
En marzo de 2011, el TOF volvió condenar al ex Jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y a Albornoz (ex policía) por el hecho. En los fundamentos, el Tribunal consideró que las víctimas murieron ejecutadas y que se trató de una “matanza cruel”.
