El Gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno al flamante síndico de Canal 10, José Luis Pío Jiménez, con el objetivo de proyectar «acciones conjuntas» en la emisora perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el gobierno provincial.
«Mantuvimos una reunión de trabajo con el síndico de Canal 10 de Tucumán, José Luis «Pío» Jiménez. En un fructífero diálogo abordamos la realidad provincial. Asimismo, conversamos sobre la importancia de su rol en la televisora pública y proyectamos acciones conjuntas», detalló Jaldo a través de las redes sociales.
El pasado 11 de octubre, Jaldo rubricó el decreto que designa al exrector de la Facultad de Ciencias Económicas como nuevo síndico de la Televisora de Tucumán S.A.P.E.M.
El síndico tiene por función fiscalizar la administración de la sociedad en representación de los accionistas, en este caso del Gobierno de Tucumán (1/3 de las acciones) y la Universidad Nacional de Tucumán (2/3). Jiménez deberá controlar que el Directorio de Canal 10 desarrolle sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en los estatutos de la sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM).
Pío Jiménez fue candidato a Rector de la UNT por Reencuentro Universitario en las pasadas elecciones universitarias del mes de Mayo y no pudo doblegar en la Asamblea Universitaria a la fórmula Saabista Sergio Pagani – Mercedes Leal, actuales rector y vice.
La designación de Jiménez y su empoderamiento como veedor de las cuentas del Canal Universitario levantó suspicacias en la Comunidad Universitaria ya que se da luego de un pedido de informes al rector de la UNT por parte de Lucas Vallejo, consejero superior que pertenece a Reencuentro Universitario espacio liderado por Pio Jimenez. El requerimiento presentado a fines de Julio solicitó al Rector Pagani un informe sobre la actuación de la actuación de la querella a cargo del abogado contratado por la Universidad Nacional de Tucumán, Rodolfo Tercero Burgos, en la causa “Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y Eudal S/su denuncia” que se tramita por ante el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, con intervención de la Fiscalía Federal Nº 1.
La misiva pone la lupa en la actuación de Burgos como abogado privado contratado por la UNT por una cifra millonaria y en constante aumento – a propuesta del aún director de Asuntos Jurídicos de la UNT Augusto Gonzlaez Navarro sindicado por la Justicia Federal como partícipe necesario de la estafa a la UNT con fondos de YMAD-.
Además de presidir los destinos de Canal 10, Burgos habría sabido encontrar la forma de dedicarle tiempo a la docencia en la facultad de Derecho y, en tanto abogado particular contratato por la UNT por una cifra millonaria, perseguir implacablemente a quienes falsearon la construcción de la ciudad universitaria prevista por la ley 14.771 de creación de YMAD para aprovecharse de los fondos de libre disponibilidad resultantes mediante una sistemática adjudicación directa de obras con sobreprecios y ardides financieros con entidades de «segundo piso» (cuevas).
Sin embargo, a la fecha Burgos no ha rendido cuenta alguna de su actuación como abogado privado contratado por la UNT ante los estrados federales tucumanos ni ante el rectorado ni ante el Consejo Superior que avaló su designación oportunamente. La creciente preocupación de los miebros del Consejo Superior de la UNT tiene algún asidero: Es de público y notorio el apoyo de Burgos a la candidatura a decano de Derecho de Gonzalez Navarro a quien, en teoría al menos, debía de denunciar penalmente por ser el autor intelectual y material de la doctrina hochi que habilitó el saqueo en la UNT.
Respecto del reciente requerimiento de información al rector Pagani, el consejero superior de la UNT vinculado al espacio de Pío Jimenez, le recordó al actual rector que «el fiscal federal Gustavo Gómez consideró que en la UNT hubo una asociación ilícita, una maniobra delictiva que incluyó un plan de obras que vulneró la Ley 13.064 (Obras Públicas); procesos de adjudicación y licitaciones directas a través de una resolución interna (336/08), pago de sobreprecios de hasta un 116%, colocaciones de dineros universitarios en “cuevas financieras” sin hacer rendiciones y la renuncia a la percepción del 40% de las utilidades en enero de 2008 tras haber dado falsamente por concluida la Ciudad Universitaria cuya construcción ordena la Ley 14771 de creación de YMAD».
El consejeró alertó a Pagani: «Gómez sostuvo que la hipótesis investigativa debe ampliarse a la ex vicerrectora de la primera gestión del ex rector Juan Cerisola, María Luisa Rossi, al actual director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, al secretario general José Hugo Saab y los funcionarios de las áreas económicas, los miembros de los Consejos Superiores de años anteriores y las empresas contratistas involucradas en el plan de obras universitario».
«Por todo lo expuesto, y ante la posibilidad cierta de una mega estafa a la Universidad Nacional de Tucumán de características colosales es que le solicito tenga a bien remitir dar a ésta solicitud el carácter de urgente», intimó el consejero superior sobre la rendición de cuentas de Burgos en tanto abogado querellante de la UNT.
En su esbozo de respuesta institucional, el rector de la UNT avaló la sospechosa posición de Navarro, aún director de Jurídico de la UNT y próximo jubilado de Anses, para quien «la información que se solicita debe ser evacuada por los letrados que tienen a su cargo la tramitación de la querella en la causa a que allí se alude» ya que «son quienes poseen los datos precisos acerca de su actual estado procesal».
«Se sugiere dar intervención a los mismos, quienes deberán proceder teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 8 de la ley 27275 «, acota el hiper saabista González Navarro avalado por la firma de Pagani.
Tampoco pudo responder Pagani lo referente a montos que se hayan abonado en concepto de honorarios o cualquier otro rubro a Burgos, ya que al parecer no es resorte del rector y sí «es incumbencia de las áreas económico financieras de esta Casa», tal como acota la respuesta institucional del rector de la 6ta universidad del país.
El hermetismo del rectorado sobre la vinculación laboral privada de Burgos con la UNT en tanto letrado querellante, y la posible connivencia de éste con los autores de delitos contra el patrimonio de la Casa de Altos Estudios alumbraría un nuevo escándalo: la revictimización de la Universidad pública tucumana, primero saqueada ferozmente por tres ex rectores radicales en 2008 (Rodolfo Campero, Mario Marigliano por YMAD y Juan Cerisola por la UNT) y luego estafada nuevamente por quienes fueron contratados como abogados para perseguir penalmente a los autores de tamaño latrocinio del sueño universitario financiado por ley.
La estafa a las arcas de la UNT fue estimada en USD 100 millones de dólares en 2013 (más de 500 millones de pesos de aquel entonces) por Florencio Aceñolaza decano de Ciencias Naturales en aquel entonces. Casi una década ha transcurrido sin que la Universidad pueda aún siquiera comprender lo que pasó con su defensa ante los estrados Federales, magna tarea encomendada a Rodolfo Burgos menguada seguramente por sus múltiples y diversas ocupaciones que van desde la presidencia de la principal emisora de TV de la provincia, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNT, abogado particular con numerosos clientes y la ocupación de su propia defensa ante la acusación Penal de la Justicia provincial por el abuso sexual agravado sobre su hija de 5 años. El fiscal a cargo de la investigación, Fernando Blanno, aseguró que los hechos atribuidos a Burgos «se encuentran adecuadamente intimados de acuerdo a las pruebas incorporadas». El delito no es excarcelable y tiene una pena de 6 a 15 años.
«Sólo en Tucumán se puede robar una ciudad financiada con oro -y asegurada su construcción por ley- y sólo en Tucumán los ladrones materiales e intelectuales de la colosal estafa se siguen presentando en TV y se siguen burlando de la comunidad universitaria con complicidad harto evidente del principal medio de prensa y el perro guardián de la impunidad en la Justicia Federal», explican desde Reencuentro Uninversitario.
