Diez de los custodios de Cristina Fernández que estuvieron el día del atentado fallido en Juncal y Uruguay, coincidieron conceptualmente en una argumentación. No tuvieron la reacción adecuada después de que Fernando Sabag Montiel gatilló en falso su arma porque siempre hallaron dificultades para establecer orden en el cuidado de la vicepresidenta. Ella aceptó ante la jueza María Eugenia Capuchetti que acostumbra ser “díscola”.
Hombres encargados de la seguridad de la persona más importante en el poder de la Argentina también expusieron aquellas razones parecidas cuando fueron preguntados por qué nunca modificaron la forma de actuar. Temor a ser despedidos. Primera conclusión: el atentado que no fue pudo haberse consumado en cualquier circunstancia. Incluso cuando Cristina dejó la Casa Rosada en 2015. Una interpelación: ¿Esa lógica de alto riesgo predomina en los sistemas de seguridad individuales y colectivos del país?
Las referencias vienen al caso por un fallo, de dos, adoptado por la Sala I de la Cámara Federal que integran los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Decidieron por un lado liberar a Agustina Diaz, ligada a la llamada “banda de los copitos”. Aconsejaron a la jueza que profundice la investigación en torno a “otras hipótesis aún no dilucidadas”. El comportamiento de la custodia y de los efectivos policiales que se encontraban en la zona del apartamento de Cristina.
La instrucción de la Cámara Federal estuvo atada al otro dictamen. La orden de liberar a los cuatro miembros de una agrupación de ultraderecha detenidos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Dos días después de que la vicepresidenta se presentó como querellante. Aquellos ciudadanos están acusados de amenazas y manifestaciones violentas en la vía pública. “Caldo de cultivo”, según el magistrado, para el atentado fallido realizado por Sabag Montiel. Los camaristas, sin embargo, desestimaron cualquier nexo entre los integrantes de Revolución Federal –nombre del grupo—y el intento de magnicidio.
Martínez de Giorgi, de inmediato, dispuso el procesamiento y embargo contra aquellos derechistas que debió liberar. Se trata de Nilda Basile, Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra. En la resolución sobresalió la ausencia de cualquier imputación contra Flavio y Hugo Caputo, hermanos del ex ministro de Mauricio Macri, Luis Caputo. Propietarios de una sociedad que, de acuerdo con la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, podrían haber financiado a la organización mediante la contratación en blanco de trabajos de carpintería a Morel. Hay constancia de 7 transferencias bancarias. Esa plata, se infirió, pudo haber sido utilizada por la “banda de los copitos”. La inferencia no representa ninguna prueba. Con ella, la vicepresidenta construyó su relato en la reaparición pública durante un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar. Afirmó irresponsablemente que el macrismo mandó matarla.
De modo espontáneo surgen interrogantes. ¿Martínez de Giorgi debió recurrir al procesamiento como recurso para aplacar la furia kirchnerista contra la Cámara Federal? ¿En ese apuro omitió a los presuntos financistas que denunció Cristina o no quiso añadir otro gran problema al que ya administra? ¿Se puso a resguardo, en verdad, porque la pista del financiamiento es de notable inconsistencia?
Cristina y el kirchnerismo están enfrentando en ese plano a dos dificultades. Se diluye la épica de la victimización. El magnicidio continúa circunscripto a la “banda de los copitos”. El último esfuerzo por conectarlo con la política exhibe debilidades. En el ojo de la tormenta fue colocado también el diputado del PRO, Gerardo Milman. Ex funcionario de Seguridad con Patricia Bullrich.
Un asesor del Congreso, el ex diputado provincial por Santa Fe, Jorge Abello, dijo haber escuchado al legislador exclamar en un bar, delante de dos mujeres, que “cuando la maten (supuestamente a Cristina) yo estoy en camino a la costa”. Esas mujeres negaron ante Capuchetti la versión. Abello demoró 23 días después del atentado fallido en presentarse a declarar. Su jefe, el diputado santafecino camporista, Marcos Cleri, tuvo conocimiento inmediato sobre el mismo episodio. Nunca prestó declaración y no forma parte de la causa. Extraño.
También se afirmó que Milman, días antes del atentado fallido, había hecho un sugestivo pedido de informe en Diputados sobre la seguridad de la vicepresidenta. Por temor a alguna agresión. Lo hizo también en relación a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes acusaron a Cristina en la causa de Vialidad por favorecer con la obra pública a Lázaro Báez. No estuvo sólo. Esos mismos días uno de los abogados defensores de la vice, José Manuel Ubeira, manifestó en televisión su inquietud por un potencial magnicidio.
El encadenamiento de reveses explica los motivos del recrudecimiento de la ofensiva oficialista contra la Justicia que había declinado tras el atentado fallido. La vice volvió a la arena política con medidas de seguridad extraordinarias, donde no se olvidó del Poder Judicial. Prepara otra presentación para el 17 de noviembre. Quiere a los militantes movilizados en vísperas de la definición de su juicio por corrupción a raíz del otorgamiento de la obra pública. Alberto Fernández fue solidario con ella, descalificó los fallos de la Cámara Federal y tildó de ilegítimo a Bruglia.
El estéril Martín Soria, ministro de Justicia, preguntó si Bruglia, Bertuzzi y Llorens querrían impedir que se llegue hasta los autores intelectuales del atentado fallido. Descree de la intelectualidad de “los copitos”. Supone, como su jefa, que todos aquellos problemas no tienen relación con la Justicia. Sólo con la política. Vale recordalo: Llorens fue objetado por jugar al fútbol en un torneo que se realiza en el predio Los Abrojos, que pertenece a Macri. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a la Cámara en tiempos del ex presidente. Ilegalmente, de acuerdo con la percepción oficial.
Aquella teoría kirchnerista sobre política y Justicia puede haber arrojado, tal vez, algún resultado satisfactorio. El fiscal Franco Picardi, ex subsecretario de Juan Martín Mena, ladero de Soria, solicitó la elevación a juicio de la causa por espionaje ilegal que involucra a Macri. Están procesados los ex capataces de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Hay acusaciones de espionaje en el apartamento de Cristina y en el Instituto Patria. Cartón lleno.
El empeño kirchnerista por embretar al macrismo y a Juntos por el Cambio para igualar hacia abajo encuentra una colaboración inestimable de parte de la coalición opositora. Allí se desarrolla una batalla interna salvaje que en muchos momentos no tiene nada que envidiarle a la diáspora que existe en el Frente de Todos. La reyerta entre Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich por candidaturas asemeja a fuegos de artificio comparada con otras diferencias.
El PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica no pudieron suscribir una declaración de seis líneas para felicitar a Lula por su victoria en Brasil sobre Jair Bolsonaro. Entre ciertos halcones molestó el gesto del líder del PT de celebrar un instante colocándose una gorra con la inscripción “Cristina 2023”. ¿Así conducirían la relación bilateral con el principal socio comercial si llegan al Gobierno? . Berrinche infantil.
La vicepresidenta sabe que existe allí una herida abierta. Por eso en su reaparición pública después del atentado fallido invocó la necesidad de regresar a los “años felices” que habrían representado sus dos mandatos. Insistió en que el desastre de la Argentina derivó de los cuatro años del macrismo. Extraordinaria simplificación. Fue el único reducido ciclo de este siglo que no resultó conducido por el kirchnerismo o el PJ. Siempre la apelación a una utopía regresiva.
Transitar el presente constituye para ella un martirio. Reivindicó su decisión de haber ungido a Alberto Fernández candidato porque el triunfo electoral del 2019 le daría la razón. Nada de hacer un balance sobre los tres años de Gobierno: sobrevendría una hecatombe. Disparó una alusión vaporosa acerca de su futuro político que acicateó el coro de militantes sobre “Cristina Presidenta”. ¿Estaría dispuesta a ir a una interna si el Presidente mantuviera su empeño reeleccionista? .
El oficialismo promueve globos de ensayo. Eduardo De Pedro insiste con la eliminación de las PASO. Quizá para alfombrar el recorrido de su jefa. Pero los votos siguen siendo muy esquivos en Diputados. Curiosamente la Dirección Nacional Electoral (DINE) puso en marcha el procedimiento para la convocatoria de agosto del 2023. El organismo es regenteado por el historiador Marcos Schiavi. Soldado del ministro del Interior.
La vicepresidenta no ignora que su destino político y judicial está atado a la indigente situación estructural económica y social. De allí los cuidados extremos que adopta. Ha encapsulado a Sergio Massa pese al disgusto que le siguen provocando muchas cosas. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, aseguró en el Senado que si no se baja el déficit la inflación será siempre alta. Aunque se multipliquen los controles de precios.
Aquella constituye una receta que Cristina y La Cámpora exigen a Massa. El ministro cumple la orden con estrategias sorprendentes. Anunció ahora mismo un congelamiento durante cuatro meses a partir de diciembre. Puerta abierta para que las remarcaciones fluyan con tranquilidad. Tal plan ya naufragó.
Las consecuencias inmediatas resultan impredecibles. Esa realidad aterra a la vicepresidenta, inmersa en la impopularidad del Gobierno y en la cuenta regresiva de sus causas por corrupción./Eduardo van der Kooy
