La Justicia de la provincia de Formosa dio por probado que R.F.J. un suboficial mayor de la Gendarmería Nacional -hoy con 70 años- acosó sexualmente, abusó con manoseos y maltrató a una uniformada de menor rango en el Escuadrón Nº19 de la localidad de Ingeniero Juárez. Para darle celeridad al proceso, se acordó con las partes una pena en suspenso tras un juicio abreviado, con una multa de cien mil pesos y un curso de violencia de género. Sin embargo, no todo salió como esperaban.
Después de que la Fiscalía, el abogado de la víctima y la defensa dieran el visto bueno para firmar el acuerdo y todo se encaminaba a que el caso se resolviera, surgió un imprevisto pocas veces registrado que estuvo a punto de cambiarlo todo: R.F.J. aceptó lo que le impondría el juez Eduardo Ariel Belforte pero no reconoció nunca que había cometido la serie de abusos en contra de su subordinada. En un abreviado, aceptar la culpa es clave. Para evitar que todo se cayera, el magistrado anuló el acuerdo y le aplicó una condena de tres años de prisión en suspenso, el número que pidió el fiscal. El delito: abuso sexual, agravado por haberlo cometido en su calidad de miembro de una fuerza de seguridad y en ocasión de sus funciones
Según la resolución a la que accedió Infobae, la serie de abusos se registraron entre los años 2014 y 2015. Por aquel entonces, J. se aprovechó de su superioridad y “realizó tocamientos físicos y tuvo actitudes de contenido sexual” hacia la gendarme. De acuerdo con la investigación, la rozó con su cuerpo de manera provocadora y hasta en una oportunidad le dio un beso detrás de la oreja.
Por ejemplo, el 7 de octubre de 2014 ocurrió uno de los peores abusos que denunció la uniformada. En horas del mediodía, cuando la víctima se encontraba parada en la puerta de la cocina mientras cumplía funciones como camarera, en presencia de otras gendarmes el acusado la tomó de atrás, la tocó y le apretó fuertemente la cola.
El expediente habla que ese manoseo tuvo una clara “connotación sexual”. Tras el abuso, la joven le dijo que “era una falta de respeto” lo que había hecho. El imputado intentó minimizar la situación y le dijo que era un juego. “Estoy jugando, culeada”, dijo, mientras intentaba abrazarla. Ella le contestó y mostró algo de firmeza: “No mi mayor, yo no juego así, no me gusta”.
En otra oportunidad, el suboficial mayor llegó inclusive a darle una cachetada en la cara porque supuestamente se quedaba dormida. Además, le puso apodos y le profirió “palabras agresivas e inmorales”. Cuando declaró la víctima, dio detalles de la oportunidad en la que J. le dio el beso en la oreja e indicó cómo el hombre quiso imponerle su situación se superioridad a toda costa.
Los ocurrieron en entre los años 2014 y 2015
Luego de que sintió los labios del acusado, la gendarme le exigió “que no le hiciera más eso, porque además si alguien lo ve, como explicaría esa situación”. En ese momento, el acusado se impuso con violencia verbal: “Usted se calla y yo hablo”, le dijo. Aquel acoso fue en presencia de una compañera, quien luego declararía como testigo.
Un testimonio clave que sirvió para terminar de probar los abusos fue el de otra gendarme que trabajaba en la parte de la cocina, quien en medio de esta causa también declaró haber sido víctima de tocamientos e insinuaciones por parte del acusado. En total, 8 mujeres -incluida la víctima- declararon en el expediente y ratificaron los abusos.
El juez Belforte en su falló declaró inconstitucional el acuerdo del juicio abreviado firmado por la partes, ya que uno de los requisitos básicos que exige la Ley es que el imputado admita que cometió el hecho. Sin embargo, J. dijo que no lo aceptaba porque considera que los hechos no ocurrieron tal como describieron la víctima y los testigos. Como el artículo 18 de la Constitución Nacional prohibe que una persona se acuse a sí misma, no puede firmar el acuerdo y por ende, quedó anulado.
No obstante, el magistrado -en un tribunal unipersonal- resolvió condenar al gendarme retirado por el delito de abuso sexual, agravado por ser cometido por personal de una fuerza de seguridad en ocasión de sus funciones y condenarlo, además de los tres años de prisión en suspenso, a indemnizar a la víctima con 100.000 pesos a pagar en cinco cuotas y a cumplir una serie de requisitos.
Deberá cumplir, además, por el término de tres años, alguna reglas de conducta: deberá fijar residencia real, cierta y comprobable; comparecer ante el juzgado todas las veces que sea requerida su presencia; abstenerse de usar drogas o abusar de bebidas alcohólicas y, aunque parezca obvio, no cometer delitos. Además, estará obligado a realizar un curso de capacitación con perspectiva de género.
Lo irónico es que todos los elementos que componen la condena resuelta por Belforte estaban ya establecidos en el acuerdo en el juicio abreviado. Es decir, a pesar de expresar casi en forma de capricho que no admitía que abusó sexualmente de una subordinada, R.F.J., recibió la misma pena que iba a tener si efectivamente reconocía el delito que cometió y que la Justicia comprobó.
