En el entorno único de la Patagonia se corrió un «Dakar Amateur«, que tiene el auspicio del Ministerio de Turismo de la Nación y pasó por un parque nacional y zonas declaradas como «Áreas Naturales Protegidas» a las que no tienen acceso los turistas. Además, la competencia no contó con la autorización del gobierno de la provincia de Río Negro. «Las motos pasaron, pero despacito«, dijo un funcionario.
La carrera organizada por la firma Adventure Rally Race convocó a 75 motociclistas que, según reveló una investigación del diario Río Negro, pagaron tarifas en dólares para correr por playas al sur de Las Grutas, Playas Doradas y el Parque Nacional Islote Lobos al que los turistas ni siquiera pueden entrar. En total, atravesaron los municipios de Viedma, San Antonio y Sierra Grande.
El Parque Nacional Islotes Lobos, creado en junio de este año, depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en su página web desalienta las visitas turísticas: «Aviso al visitante: Por el momento el área protegida no cuenta con visitación». Sin embargo, los corredores pasaron con sus motos por esa zona natural en una competencia que auspicia otro ministerio de Nación.
Escándalo en Río Negro por corredores que hicieron un «Dakar» en áreas naturales protegidas
Los organizadores del evento que por primera vez pisó la Patagonia recibieron el aval de Ricardo Pereyra, intendente del Parque Nacional Islote Lobos, y de Damián Mujica el, director regional sur del área de operaciones de Parques Nacionales, con una curiosa argumentación.
«Las motos pasaron, pero despacito. No dejamos que llevaran el helicóptero, ni siquiera que sobrevolara un drone. Y sólo permitimos que los acompañara un vehículo de refuerzo. Además, entraron por un camino de 5 km, que es un paso que suelen utilizar los pobladores rurales. Y los acompañó el guardaparque Leonardo Juber y un empleado del Parque para que ninguno se desviara», señaló Pereyra.
Pereyra agregó: «Hace cerca de dos meses nos enteramos de lo que la empresa quería hacer. No podían llegar con el rally. Pero nuestra delegación técnica regional en Bariloche, compuesta por diferentes expertos, preparó una evaluación ambiental expeditiva en la que determinó que si venían por el trazado de la ruta que está pegado al Parque no sería un problema, si es que lo hacían cumpliendo con estrictos requisitos».
«Se les aclaró que podían pasar con las motos, pero despacito. Tenían prohibido detenerse, salvo en un sector en el que, si querían, podían parar. No podían entrar con acompañantes ni espectadores. Tampoco llevar el helicóptero, y sólo contar con un vehículo de apoyo», aclaró el funcionario que vive en Bariloche, a 700 kilómetros del área que debe controlar.
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El argumento llamó la atención en Río Negro debido a que los competidores partieron con el seguimiento de un helicóptero y todos suponen que siguió a los corredores aún en las áreas protegidas.
«Pensar que el helicóptero entró o que las motos pasaron a alta velocidad, con más de un vehículo de apoyo o por fuera del tramo autorizado es hacer suposiciones. Porque entiendo que las pautas que les impusimos se cumplieron», se defendió Juan Ignacio Inza, el director de la zona de conservación de la regional Patagonia Norte.
«Pero si algo de esto ocurrió constituye una infracción Que deberá investigar la dirección de sumarios de Parques Nacionales», se cubrió el funcionario.
Polémica y posteos borrados en las redes
La empresa «Adventure Rally Raid» eliminó todo el contenido que había publicado en sus redes sociales para mostrar la actividad que había empezado el 7 de octubre.
Ese día arrancó la competencia en Viedma, capital de Río Negro; el miércoles siguió en Las Grutas, después se trasladaron hasta Sierra Grande donde tenían previsto continuar hasta viernes pasado, pero todo se frustró cuando se hizo público que estaban circulando sin autorización por áreas vulnerables.
El arco político rionegrino apunta contra el intendente peronista de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, que fue el único que salió a respaldar a la empresa y sostuvo que en la Provincia se sabía de la actividad.
El municipio que conduce Tamburrini habría pedido a los organizadores una suma de $300.000 para un centro de jubilados que organizó una cena.
El resto de los municipios estudian multas que superarían los $100.000.000.
