En momentos en que la región busca avanzar hacia la “Sociedad del Cuidado”, los organismos internacionales mencionan a un buen alumno: Uruguay, el único país de América Latina y el Caribe que aprobó por ley un Sistema Integral Nacional de Cuidados (SINC) en pos de una redistribución más justa de las tareas. Los uruguayos fueron los primeros en intentar modificar la organización desigual del trabajo no remunerado, un aspecto históricamente invisibilizado, social y económicamente, y que ensanchó las brechas entre mujeres y hombres.
En el país de Sudamérica donde la legalidad del aborto fue pionera, la ley del SINC reúne el apoyo de todo el arco politico. No es cuestionada por la oposición frenteamplista, tampoco por la ultraderecha ni por los conservadores, que hoy están en el Gobierno impulsando el sistema. «Nosotros lo tenemos normativizado. Es política pública ya y eso es lo más importante porque los derechos están consagrados”, remarcó Florencia Krall, actual Directora de Cuidados del país oriental. En Uruguay, el Estado, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado son socios del sistema y aportan lo suyo para consolidarlo.
La iniciativa que ONU Mujeres menciona como ejemplo para el resto de América Latina fue aprobada en 2015 – durante el gobierno de Tabaré Vázquez- por unanimidad. Establece puntualmente la obligatoriedad del Estado de crear políticas públicas destinadas a atender las necesidades de personas mayores de 65 años en situación de dependencia, niños de 0 a 3 años y personas con discapacidad severa.
El SINC se creó formalmente en 2016 con el objetivo de impulsar la participación de mujeres y diversidades en el mercado laboral, para que puedan acceder a empleos de jornadas completa sin poner en peligro el bienestar de sus hijos o familiares mayores. Estadísticas de Uruguay pero también de toda la región confirman que sobre sus espaldas recae el cuidado no remunerado por el mandato cultural patriarcal. De acuerdo a los funcionarios uruguayos, ya se están viendo las primeras transformaciones sociales y económicas en el país, que serán documentadas probablemente en el próximo estudio metodológico sobre el uso del tiempo que están llevando adelante.
En su reciente informe “El Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay, una oportunidad para el empoderamiento económico de las mujeres”., ONU Mujeres destacó que el SINC uruguayo “abrió una oportunidad histórica para el reconocimiento, reducción y redistribución de los cuidados”. El organismo realizó precisamente ese estudio para fomentar un efecto contagio en otros países que están actualmente debatiendo propuestas en este sentido, como Argentina, Chile y Paraguay.
Cómo funciona el sistema
Se basa en el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado, la reducción de dicho trabajo a través del desarrollo de servicios o prestaciones para el cuidado (licencias y medidas de corresponsabilidad en las empresas); y la redistribución del trabajo de cuidados no remunerado entre varones y mujeres.
La arquitectura del SINC uruguayo es bastante particular: se compone de una Junta Nacional de Cuidados que define los lineamientos, objetivos y políticas, entre otros, y está integrada por 14 carteras, entre ministerios y secretarías. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) participa en la Junta con el fin de promover y monitorear la integración de la perspectiva de género en todo el SNIC, con derecho a voz pero no a voto.
Como órgano ejecutivo de la Junta, se creó también una Secretaría Nacional de Cuidados. También cuenta con un Comité Consultivo honorario integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil, academia, las y los trabajadores y el sector privado.
“Somos socios todos del sistema y articular es de las dificultades más grandes que tiene. Mi consejo a todos los países que están en la instalación del sistema, o camino a eso, es precisamente que trabajen en ‘modo sistema’ porque los cuidados son transversales a todo y un solo Ministerio no puede resolverlos”, remarcó a este medio Krall.
Cuánto invierte el Estado y cuánto destina a los cuidados
De acuerdo a la División de Estadísticas Económicas del Banco Central del Uruguay, el presupuesto incremental del Sistema Nacional de Cuidados, entre 2015 y 2020, asciende a 3.084,8 millones de pesos que representa el 0,2% del Producto Bruto Interno actual. Ese dinero se destinó a la ampliación de servicios ya existentes, cursos de formación y el desarrollo de nuevas prestaciones. No fue necesaria una reforma tributaria para garantizar su funcionamiento.
«Ya pedimos un incremento presupuestal para el próximo ejercicio y lo votaron todos los parlamentarios también sin ninguna disidencia, lo cual es curioso porque tanto el gobierno de coalición como la oposición estuvo a favor. La ley fue aprobada por todo el sistema político uruguayo, no hubo nadie que estuviera en desacuerdo con la ley y eso es lo que da fuerza para que con los años y con los cambios de gobierno se transforme en política pública. Si bien objetan algunos artículos, el sistema de cuidados nunca es objetado», adelantó Krall sobre la inversión que el Estado sigue destinando a la consolidación del sistema, sin obstáculos de por medio. «Todos los sectores de la política, de la academia, estamos pensando y develando cómo darle sostenibilidad al sistema. Nadie está pensando en abolirlo», sumó la funcionaria uruguaya.
En el marco del SINC, se creó un Programa de Asistentes Personales, que incluye una prestación económica destinada a la contratación de un servicio de asistente personal para colaborar en el desarrollo de las actividades diarias de las personas con dependencias severas. El monto del subsidio total asciende a 23.754,40 pesos uruguayos y cubre el servicio de 80 horas mensuales por todo concepto (incluye aportes, aguinaldo y salario vacacional).
Krall aclaró que no se trata de “un salario”: “Lo que paga el Estado es una prestación social a un usuario que solicita el derecho a ser cuidado. Vos no le pagas salarios al cuidador, vos pagás esa prestación a la persona que solicita el cuidado. Después, esa persona cede el derecho al cobro al trabajador que lo cuida”. En ese sentido, opinó: «Creo que la profesionalización y la formalización de este trabajo es lo que permite que se asuma que es un derecho para ambas partes de la relación jerarquizado como tal».
En clave regional
Si bien la coordinación es a nivel nacional, interministerial e interjurisdiccional, Krall contó que se articula “por regiones”, de forma tal de que se lleve adelante “en igualdad de condiciones para todo el país y en forma descentralizada”.
Además, se instalaron otras modalidades de atención, como las Casas Comunitarias de Cuidados, que buscan resolver las necesidades de cuidados de madres que trabajan durante una jornada de hasta ocho horas diarias.
Hacia un modelo de corresponsabilidad
Krall recordó que el gobierno anterior, de Tabaré Vázquez, dejó instalados 11 Casas Comunitarias y también los centros SIEMPRE, que brindan atención a niños y niñas de cero a 12 años de edad durante la jornada laboral de los padres, siempre en acuerdo con sindicatos y empresas. «El SINC demostró, a partir de un convenio entre empresas, el Estado, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil, que se puede llevar perfectamente un modelo de infancia de corresponsabilidad en el que actuamos todos», celebró Krall.
El servicio SIEMPRE está abierto hasta 12 horas diarias (procurando que cada niño/a no permanezca más de ocho). La empresa o sindicato proporciona la infraestructura, su mantenimiento y el equipamiento inicial para que el servicio pueda implementarse. El Estado se ocupa de los gastos correspondientes a los recursos humanos requeridos para el funcionamiento del servicio.
En la evaluación que ONU Mujeres hizo sobre este modelo, resaltó que este es un punto que se debe reforzar en lo sucesivo, con foco principalmente en la elaboración de estrategias con los sindicatos y las empresas para avanzar en la inclusión de cláusulas de corresponsabilidad en los cuidados en la negociación colectiva.
«Hay que tener en cuenta que las delegaciones más masculinizadas en las rondas de negociación colectiva son las de empresarios y sindicatos. En las últimas rondas, ambas delegaciones no llegaban al 20 % de mujeres. Ello significa que hay que trabajar también en sensibilización y concientización sobre la temática. Por otra parte, es imprescindible identificar las dificultades de conciliación que se pueden presentar en los distintos sectores de actividad, según las formas de organización del trabajo y la extensión de la jornada laboral», recomendó el organismo internacional. Es un mensaje para Uruguay, pero también para los países que intentan avanzar en un sistema similar.
