A pocos días para que se firme el acuerdo de intercambio de información financiera entre Argentina y EE.UU., un grupo de economistas y especialistas locales de distintos rubros le enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, con el objetivo de que el acuerdo no sea rubricado debido a la «escasa fiabilidad» que según este grupo de expertos tiene el gobierno de Alberto Fernández.
La solicitada fue encabezada por The 1841 Foundation, una organización sin fines de lucro promotora de políticas que incentiven la competitividad fiscal, creada por el abogado argentino especializado en planificación patrimonial Martín Litwak, y expresa preocupación «por el hecho de que Estados Unidos pueda estar compartiendo con las autoridades de Argentina las finanzas privadas de personas con depósitos bancarios en el país«.
«Como usted sabe, Argentina es un país que ha violado constantemente los derechos de privacidad de muchos de sus ciudadanos, al filtrar constantemente a la prensa información financiera y fiscal privada, y cuyo gobierno actual carece, en nuestra opinión, de la integridad necesaria para ser un socio de confianza en el manejo de información sensible que afecta a la privacidad y la propiedad de sus ciudadanos en los Estados Unidos», inicia la carta revelada por Clarín.
Entre los firmantes más conocidos se encuentran los diputados nacionales José Luis Espert (Avanza Libertad) y Pablo Torello (PRO-JxC); los economistas Roberto Cachanosky y Manuel Adorni; y el jefe de asesores de Rogelio Frigerio, José Patiño. A pesar de esto, Litwak repudió en sus redes sociales la falta de la firma del diputado libertario Javier Milei, así como de legisladores opositores de otras fuerzas.
La misiva no cataloga específicamente de negativa a la medida a firmar el acuerdo entre ambos países, e incluso afirma que la delincuencia financiera y el blanqueo de dinero son dos formas que «deben ser combatidas de forma agresiva».
Sin embargo, hace énfasis en los antecedentes del Gobierno argentino sobre la utilización de la información fiscal, por lo que presumen que el intercambio constituiría una forma para revelar datos financieros privados de los contribuyentes, «incluyendo información remitida de buena fe por otros países».
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Recordaron como ejemplos de filtraciones las producidas luego de que comenzara a regir el impuesto extraordinario a la riqueza, así como también en el contexto del blanqueo de Mauricio Macri en 2016 y la protagonizada por el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, al utilizar una filtración para obtener los nombres de los clientes argentinos que tenían cuentas en HSBC Suiza y denunciarlos posteriormente.
«El Gobierno argentino carece de la integridad necesaria para ser un socio de confianza en el manejo de información sensible que afecta a la privacidad y a la propiedad de sus ciudadanos en Estados Unidos», afirmaron, tras caracterizar al actual titular de la AFIP, Carlos Castagneto, como «un activista político divisivo, que cualquier información privada de los opositores al Gobierno actual bajo su control corre un gran riesgo». Las críticas también se enfocaron en la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien mencionaron las múltiples causas de corrupción y diversos delitos por las cuales debe pasar proceso en la Justicia.
«En su búsqueda de impunidad, ella y sus socios políticos en el Gobierno han cooptado y desmantelado organismos de control, como la Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia Anticorrupción (OA) y la Procuraduría General del Tesoro, entre otros organismos», marcaron.
«Los ciudadanos argentinos que han buscado la protección de su riqueza en los Estados Unidos han sido impulsados en gran medida por un instinto de autopreservación al depositar su confianza en la promesa estadounidense de una sociedad libre donde se respete el Estado de derecho y donde se protejan los derechos de propiedad y la privacidad», añaden.
El acuerdo que firmarán en los próximos días Carlos Castagneto, Sergio Massa y la contraparte de la Administración de Impuestos de Estados Unidos «violaría la confianza que aquellos que huyen del abuso en todo el mundo han depositado históricamente en este sistema», se afirma la carta en sus últimas líneas.
Por ello, requirieron finalmente que se mantenga la vigencia del sistema actual actuado por demanda y que «Argentina no reciba información de Estados Unidos de manera automática».