La acumulación de reservas del Banco Central constituye uno de los pilares fundamentales para el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De esta forma, la campaña agrícola será clave para lograr el superávit comercial proyectado por el Gobierno en 2023, por u$s12.300 millones, en un año en que las exigencias en términos de reservas aumentarán. Sin embargo, un estudio privado advierte sobre un panorama desafiante para el agro ante los fenómenos climáticos que amenazan las cantidades producidas.
En 2023, la meta de reservas acordada con el organismo (que implica sumar u$s4.800 millones) se torna más exigente dado que el Gobierno recibiría desembolsos por u$s2.000 millones menos de lo que el país deberá pagarle al propio Fondo a lo largo del año (u$s18.000 millones) por los vencimientos del crédito que tomó Mauricio Macri en 2018. A diferencia de 2022, cuando los desembolsos totales del superan en u$s7.000 millones el total de vencimientos que se enfrentan.
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En esta línea, un informe de Synthesis Argentina señala que los efectos climáticos de la sequía sobre la producción de granos tendrán un fuerte impacto en el volumen de exportaciones. “El retraso en las siembras es relevante debido al persistente déficit hídrico, llevando un avance del 29,1% en soja y un 23,6% en maíz. El efecto sobre la calidad de los productos es también preocupante. El 35% de soja de primera está en condiciones regulares a malas en la región. En el caso del maíz este porcentaje supera el 50%, mientras en el trigo presentó bajos rindes”, destacó el informe. Así, desde la consultora de Alejandro Vanoli advierten que “el impacto negativo sobre las exportaciones de entre diciembre y marzo de 2023 podría rondar los u$s3.800 millones, con una cota mínima y máxima entre u$s2.500 y 5.500 millones”.
En comparación con este año, luego de la sequía de octubre y principios de noviembre el informe prevé “un aumento de 42 a 45 millones de producción de soja y una caída de 52 a 48 millones en maíz. De acuerdo a estos valores los ingresos por exportaciones agropecuarias caerían de u$s37.500 millones a 32.000-35.000 millones por impacto en el trigo, asumiendo los actuales precios que estarán en los niveles de 2013 y 2014, por encima de los niveles 2014-2020 y por debajo de los máximos de 2021-2022”.
Sobre los precios internacionales, Synthesis destaca que “sin compensar los efectos negativos en las cantidades, los efectos del clima en la región están poniéndole un piso al precio de los granos en los mercados internacionales, dada la espera menor oferta por parte de los países que la integran. Sin embargo, los riesgos climáticos como los posibles, pero aún no observados, cambios bruscos en los precios podrían poner mayor presión en el mercado cambiario local”.
Sobre este punto, Federico Vaccarezza, docente en relaciones económicas internacionales en la Universidad Austral, consideró: “Luego del crecimiento que tuvieron entre marzo y junio, los precios internacionales según el índice FAO están descendiendo de forma gradual, y continuarán cayendo lentamente el año próximo. En cuanto a proyecciones, se calcula que en 2023 los precios internacionales de alimentos caerán entre 8% y 11% en su conjunto, con la excepción del trigo blanco, por la falta de oferta mundial y la gran demanda que hay. Este factor debe ser tenido en cuenta, dado que los commodities representan el 75% de nuestras exportaciones”.
Otras fuentes de divisas
En ese marco, cobra relevancia la discusión sobre otras vías de ingresos de divisas, en particular con el FMI. Al respecto, el informe de Synthesis señala dos cuestiones clave: la compensación por el costo de la guerra y la eliminación o reducción de los sobrecargos. Este último punto no prosperó, por el momento, en el directorio del Fondo.
Sobre el otro punto, el reporte puntualiza que “para Argentina el efecto neto de la guerra por mayores gastos de gas, logística fletes y fertilizantes neto de mayores precios granos y oleaginosas es de u$s5.000 millones”, algo que el Gobierno ya puso en la mesa de discusión.
Así, desde Synthesis destacan la importancia de que se abran perspectivas de canalizar parte de los DEG recibidos por países centrales, no usados por no tener problemas de reservas, así como también la puesta en funcionamiento del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, destinado a la ayuda de los países de bajos ingresos a abordar los desafíos estructurales a largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos”.