A través de una carta abierta dirigida a los diputados, empresarios argentinos advirtieron que el juicio político contra la Corte Suprema que impulsa el Gobierno es perjudicial para el futuro de las inversiones en el país. “Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por no estar de acuerdo en el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en la Argentina”.
El documento lleva la firma de casi 600 empresarios y profesionales que se manifiestan “preocupados por el presente y futuro” de la Argentina, y va dirigida “en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”.
En el texto consideran que “el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales” dentro de la Constitución Nacional, a la que destacan como el “pacto que une a los argentinos”. Agregan también que son fundamentales “para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza”.
Sucede mientras el Frente de Todos redobla la embestida contra la Corte Suprema. La diputada Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Juicio Político, anticipó que para medidas que prevén pedir como “el entrecruzamiento de llamadas entre jueces de la Corte Suprema, que es prueba informativa, no requiere intervención de un juez”, aunque aclaró que si solicitan “el contenido de conversaciones, eso sí requiere intervención de un juez federal competente”.
De esta manera, el oficialismo ratificó la posibilidad de pedir medidas como el cruce de llamados de jueces y allanamientos, a una semana para el inicio del tratamiento en Comisión. No solo la oposición, sino que ya los sectores productivos e intelectuales rechazaron el avance kirchnerista sobre la Justicia.
Carta completa de empresarios por el pedido de juicio político a la Corte Suprema
Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
![Pese al rechazo de la oposición y del sector productivo, el oficialismo iniciará el 26 de enero el tratamiento del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, en la Comisión de la Cámara de Diputados (Foto: HCDN).](https://tn.com.ar/resizer/RqdmdKQctNsnb3VDL3nCEdZUYMs=/767x0/smart/filters:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/XHVGWJXEWZGBHLJPFDOIW6H6FI.jpg)
La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos.
Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?
Por tal motivo, los abajo firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas.