En la Legislatura, el Frente de Todos pisa el acelerador para convalidar el DNU que envió el gobernador, Osvaldo Jaldo, a los fines de autorizar la contratación directa -previo cotejo de precios- para la reparación de las filtraciones en el dique de El Cadillal.
Según las estimaciones oficiales, la obra representará un desembolso cercano a los $700 millones, por lo que el Gobierno provincial buscará que los fondos invertidos sean reintegrados.
El vicegobernador Sergio Mansilla encabezó ayer la reunión de Labor Parlamentaria, de la que participaron el resto de las autoridades del cuerpo colegiado y los jefes de los bloques políticos. En diálogo con la prensa, el dirigente de Aguilares confirmó que el DNU será tratado en sesión el martes próximo, a partir de las 9. “Creemos que se va a conseguir los votos necesarios (para su aprobación), porque es lo que nos pide la sociedad”, sostuvo.
Según Mansilla, el instrumento firmado por Jaldo hace ocho días “legalmente tiene vigencia desde que ingresa a la Legislatura”, algo que sucedió el jueves 19. “El Poder Ejecutivo ya está trabajando en consecuencia”, añadió, en alusión a la convocatoria efectuada esta semana por el Ministerio de Obras Públicas a empresas del rubro para participar del cotejo de precios previo a la adjudicación directa del proyecto.
El vicegobernador remarcó que distintas áreas gubernamentales “trabajaron mucho en estos últimos tiempos para darle celeridad a esta obra”. Y sostuvo que, ante la necesidad de resolver la cuestión de las grietas en la presa lateral N° 3 del complejo hidroeléctrico, el Gobierno provincial decidió “poner esos fondos”. “Se está viendo desde lo administrativo la forma de recuperar estos recursos”, insistió el vicegobernador. Y remarcó que, en principio, el monto rondaría los $600 o $700 millones, aunque la cifra final dependerá de las inspecciones que efectúen los técnicos antes de la puesta en marcha de las tareas.
En noviembre, el PE recibió un informe que advertía sobre las filtraciones en el embalse. En el DNU girado a la Legislatura, el gobierno consideró que estaba “claro que la firma Hidroeléctrica Tucumán SA es responsable y se encuentra obligada a realizar la obra en cuestión”. Sin embargo, se indicó que “la Provincia tiene especial interés en su ejecución, en cuanto se encuentra comprometida la seguridad pública de sus habitantes, el abastecimiento de agua para la población (en general) y del sector agrícola”.
El DNU comenzará a ser analizado hoy por la comisión de Obras Públicas de la Cámara. Se espera que técnicos enviados por la Casa de Gobierno expongan ante los legisladores del oficialismo y de la oposición. Al margen de las discusiones, el Frente de Todos cuenta con votos no sólo para emitir el dictamen favorable, sino también para darle fuerza de ley al decreto en la sesión del martes./Lagaceta