Mendoza definirá con jurados populares la extinción de dominio en casos de corrupción

Es un paso más en la lucha contra la corrupción. En este caso, con la participación ciudadana. Así, Mendoza ampliará el alcance de los juicios por jurado: ya no sólo se centrarán en causas penales sino que estarán habilitados en el fuero civil, principalmente en casos de extinción de dominio ante casos de corrupción.

Así lo anunció este martes el gobernador radical Rodolfo Suarez, durante el acto de inicio del año judicial en los tribunales provinciales frente al pleno de la Suprema Corte mendocina, además de legisladores nacionales y provinciales e intendentes. Ahora, el mandatario enviará a la Legislatura el proyecto de ley para concretar la medida, ya que cuenta con el aval de la mayoría de diputados y senadores.

Destacó que la iniciativa se basa en los logros en “transparencia y celeridad” que significaron en tierra cuyana las normas de extinción de dominio, aprobada en 2019, y de juicios por jurados, sancionada en 2018, tras un acuerdo entre radicalismo y justicialismo. De igual forma, vale decir que aún se espera una resolución del máximo tribunal al planteo de inconstitucionalidad sobre la primera ley presentado por la defensa de Luis Lobos, exintendente del PJ condenado por corrupción, situación que podría derivar en la Corte nacional.

“Esa decisión aún está verde”, reconocieron desde el máximo tribunal mendocino, lo que impide, por ahora, rematar los bienes. Luego, esos fondos, en manos del Estado, tendrán un destino específico: la construcción y remodelación de escuelas. “Sería muy bueno que la Corte se expida y cierre este tema”, dijo una alta fuente del Ejecutivo provincial a este diario.

Bajo este contexto, Suarez dio a conocer que ya trabaja con su equipo para ampliar los juicios por jurado al fuero civil, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y la misión de “profundizar la lucha contra la corrupción”.

“Vamos a comenzar por la extinción del dominio civil”, señaló Suarez ante la atenta mirada del titular de la Corte, Dalmiro Garay Cueli y los ministros Pedro Llorente, José Valerio, María Teresa Day, Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo.

“Los mendocinos que han cumplido la función de jurados lo han hecho con compromiso y seriedad, demostrando que el pueblo tiene mucho para aportar a la justicia. Por eso, vamos a avanzar en el diseño de un proyecto de ley que cree la instrumentación de los juicios por jurados en el fuero Civil, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana”, señaló el gobernador, y agregó: “Gran parte de esos logros, que han traído transparencia y celeridad, ha sido producto de la sanción de leyes que nos han distinguido a nivel nacional, como la de extinción de dominio, herramienta efectiva para combatir la corrupción, siendo Mendoza la primera provincia del país en tener una sentencia aplicando esta ley”.

El subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, puso en valor la ley que regula el proceso civil de extinción de dominio, más allá de la resolución pendiente de los supremos. “Es la primera ley de la Argentina y tenemos la primera sentencia del país que quito los bienes a un funcionario producto de la corrupción, como es el caso Lobos”, ponderó el D’Agostino, recordando que cuando un funcionario es imputado por un delito relacionado con la corrupción, por ejemplo, cohecho o enriquecimiento ilícito, no se espera que termine la causa penal, que debe quedar firme para poder decomisar los bienes, y que puede durar décadas, sino que se inicia un juicio civil en donde deberá demostrar el origen lícito de los fondos con los que adquirió esos bienes.

“Si no los puede demostrar se le quitan esos bienes. La idea es que ese proceso civil sea ante un jurado popular o sea no decide el juez civil sino que decide el jurado popular”, completó D’Agostino. Asimismo, el funcionario aclaró que la ley de Extinción de Dominio ya ha sido declarada constitucional por la jueza de primera Instancia María Paz Gallardo y confirmado ese fallo por la segunda Cámara Civil, integrada por María Teresa Carabajal, Silvina Furlotti y Gladys Marsala, de modo que “es constitucional y está vigente en Mendoza”.

De todos modos, reconoció el planteo que permanece en stand by en el máximo tribunal. “Cuando se expida la Corte se verá, aunque con esos antecedentes de declaración de constitucionalidad de la ley es difícil que la Corte lo dé vuelta. No obstante ello, la ley hoy es constitucional y tiene plena vigencia en nuestro derecho positivo. Ya se expidieron cuatro jueces declarando la constitucionalidad de la ley”, completó D’Agostino.

En cuanto al funcionamiento del cuerpo de ciudadanos, el subsecretario indicó que tendrá un mecanismo similar al juicio por jurados penal. “Con algunos matices, pero la esencia es la misma”. En este sentido, dijo que convocarán a la Asociación de Magistrados y al Colegio de Abogados para que hagan sus aportes.

En sintonía con el anuncio, el mandatario reconoció que hay un largo camino por recorrer en el mejoramiento del servicio de Justicia provincial, aunque puso en valor lo hecho hasta ahora. “Podemos decir con absoluta seguridad que la marca Mendoza es un activo de confianza, no solo porque la provincia está bien administrada sino porque desde finales de 2015 tiene un servicio de Justicia que viene modernizando su funcionamiento con gestión, tecnologías e infraestructuras”. En este tren, agregó que todo esto sirve para “ofrecer a la sociedad un pleno ejercicio de los derechos y deberes”, poniendo como ejemplo los cortes de calles y rutas, que tuvieron semanas atrás sanciones hacia líderes piqueteros.

“En Mendoza no da lo mismo cumplir o no cumplir la ley y eso es determinante para asegurar la cohesión social, establecer un marco de certidumbre sobre el contrato esencial que forja la vida social y sostener la armonía y la paz pública”, indicó el gobernador. Asimismo, el jefe del Estado local se refirió al contexto nacional, con duras críticas al oficialismo, “donde a las tensiones e inequidades producidas por una economía enferma, agravada por la pésima gestión nacional, se le suman constantemente embates populistas para debilitar la confianza en las instituciones judiciales”.

Durante la apertura del año judicial, el gobernador también hizo un repaso de las reformas realizadas en los tribunales locales, además del llamado a licitación para la construcción del nuevo Centro Cívico Judicial en Tunuyán, que brindará servicios a la Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia.