Sufrían violencia y denunciaron a sus agresores. El Estado no las protegió y terminaron muertas, asesinadas por esos hombres denunciados. El Estado les pedirá disculpas a las familias de las víctimas y se comprometerá a reparar su mal desempeño con acciones, como capacitar en perspectiva de género a más de 20 mil policías.
En 2020, familiares de dos víctimas, junto a la asociación Atravesadxs por el Femicidio y el equipo de litigio en Derechos Humanos “Justicia y Reparación”, presentaron ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) pedidos de disculpas y una reparación integral al Estado argentino por no proteger a las dos mujeres que habían denunciado a sus femicidas.
Argentina aceptó los errores y el mal desempeño. No opuso resistencia ni planteó una apelación. «El Estado reconoció todo enseguida. Es un gran gesto de civilización que tendrá efectos extraordinarios», explica a Clarín Christian Berndt Castiglione, uno de los abogados de Justicia y Reparación.
Florencia
Florencia Albornoz y Miguel Angel Mazo se conocieron en 2006, Se pusieron de novios, se casaron. Las discusiones empezaron enseguida, y las amenazas de él con su arma reglamentaria también. El era policía. Una vez un disparo le dio en el pie a Valentín, el hijo de 7 años. Ese día ella decidió separarse.
Pero el policía no la dejó en paz. Florencia hizo una denuncia tras otra por violencia, lesiones, amenazas, hostigamiento. Ante cada denuncia, lejos de amedrentarse, él iba a verla y le ponía su arma en la frente. Lara, la hija menor, siempre fue testigo.
El 4 de julio de 2009 el policía fue al quiosco donde trabajaba Florencia e intentó prenderlo fuego tirando combustible sobre los diarios y revistas. En ese momento llegó un patrullero con compañeros de Mazo, que sólo hablaron con él y se fueron. Al irse el policía amenazó de muerte a Florencia. Entonces intervino un grupo de vecinos.
Florencia hizo una nueva denuncia y finalmente se dictó una medida de restricción de acercamiento. La Fiscalía ordenó a la Comisaría 1 de Quilmes, donde trabajaba el agresor, que custodiara a Florencia y su hija.
El policía fue desafectado po dos meses. Luego fue reintegrado a la misma comisaría y le devolvieron el arma. Cuatro meses después, el 17 de enero de 2010, Mazo salió de la comisaría y fue hasta la casa de Florencia, que estaba con un amigo. El policía los mató a los dos. Dos disparos en la cabeza, con su arma reglamentaria.
El femicidio abrió dos causas judiciales. La primera, penal. En 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Quilmes condenó al policía a 18 años de prisión por considerarlo autor del delito de homicidio calificado por el vínculo. El tribunal dijo que Mazo actuó “en estado de emoción violenta excusable y mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”.
El fallo fue apelado por la defensa oficial y por la madre de Florencia. El caso llegó a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que, el 19 de marzo de 2019 determinó la pena definitiva a cumplir por Mazo: 15 años.
La familia de Florencia nunca entendió la pena tan baja: 15 años por matar a dos personas. El asesino es un policía que mató con su arma reglamentaria. Florencia lo había denunciado 19 veces. Lara, la hija, hoy tiene 16 años y vive aterrada, con ataques de pánico, pensando en el día que su padre salga de la cárcel. Falta poco, será en enero de 2025.
En 2012, la familia de Florencia denunció ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quilmes la responsabilidad civil del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por entender que no se adoptaron todas las medidas necesarias para prevenir el femicidio. La causa sigue abierta.
Analía
La relación entre Analía Aros y Hugo Gutiérrez fue violenta desde el comienzo, El la descalificaba, la maltrataba y luego empezó a golpearla. No la dejaba salir de su casa sin su autorización y conocimiento. Los familiares de Analía se daban cuenta de lo que pasaba ya que solía tener hematomas en sus brazos, piernas y espalda. Analía decía que se había caído, que se había golpeado sola accidentalmente.
El 19 de marzo de 2017 Analía volvió a su casa a las tres de la tarde. Había estado toda la mañana en la playa, en Mar del Plata. Al rato llegó él completamente borracho. La insultó, le pegó en la cara, en todo el cuerpo, delante de los tres hijos de 6, 9 y 11 años. Analía escapó, se fue a la casa de sus padres.
Ana Margarita Soto, su mamá, al verla toda ensangrentada, la convenció para que denunciara a Gutiérrez. Fueron a la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Ciudad de Mar del Plata. La hicieron esperar horas.
Analía solicitó una medida de restricción de acercamiento contra su agresor, lo que permitió que se abriera una causa ante la Unidad Fiscal de Composición Temprana de Conflictos Penales, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
En la Comisaría igual le dijeron a Analía que tenía que esperar 72 horas a ver si le daban la perimetral, que volviera en tres días. Analía se fue de allí sin ningun tipo de protección policial ni judicial. Se recluyó en la casa de sus padres.
Dos días después, el 21, Analía fue hasta el terreno donde estaba construyendo una casita para irse a vivir con sus hijos. Gutiérrez se enteró que estaba ahí y fue. Le gritó, le pegó, la estranguló con un cable. Analía cayó muerta. Todavía faltaban 24 horas para que recibiera algún tipo de protección por parte de la policía o la justicia.
En 2018 Gutiérrez fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo, el Ministerio Público del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires no investigó las responsabilidades penales de los funcionarios policiales.
«Los hechos señalados comprometen gravemente la responsabilidad internacional de la República Argentina -dice el documento de respuesta de la CEDAW-. Los funcionarios de policía que recibieron la solicitud de Analía: (i) sabían perfectamente que su vida corría peligro debido a las violentas agresiones que sufría de continuo a manos de su pareja; (ii) conocían de la gravedad de la amenaza, al apreciar directamente las consecuencias físicas de esa agresión en el rostro y cuerpo de la víctima; y, finalmente, (iii) disponían de los antecedentes contextuales suficientes para concluir, con un mínimo de diligencia, que la amenaza a la vida de Analía era cierta y efectiva. Esto último, porque la Comisaría disponía de una base de datos computacional en la cual constaba que la pareja de Analía Aros contaba con un extenso historial previo de denuncias por violencia de género«.
Reparación integral
El viernes 21 de julio, en un acto simbólico en la Ex ESMA, representantes del Estado argentino a través de la Cancillería, el Ministerio de Justicia y el de Mujeres, Géneros y Diversidad pedirán disculpas públicas a las familias de Florencia y Analia. Entre las dos tenían cinco hijas e hijos. También madres, padres, hermanas, hermanos.
«Es un avance recibir disculpas por las tantas denuncias que hizo Florencia sin que le dieran bolilla. Ella denunciaba en la comisaría donde él era policía y claro, esas denuncias se quedaban ahí, 19 denuncias hizo. Sólo la última llegó a la Fiscalía y logró la perimetral, pero tampoco sirvió. Las disculpas no devuelven a Flor, pero sirven, viene bien», dice Fernanda Albornoz, hermana de Florencia.
«Para mí las disculpas significan mucho. Es un alivio escuchar al Estado decir que se equivocó. Y va a servir para que las cosas mejoren y a otras mujeres no les pase lo que le pasó a mi hija. A ella no me la devuelve nadie pero siento las disculpas con mucha emoción«, dice la madre de Analía.
Además de las disculpas, el Estado argentino se compromete a capacitar a la policía y brindar asistencia psicológica a todos los familiares de las víctimas.
