La problemática de la inseguridad se reinstaló en la agenda de la Legislatura tras los crímenes de los policías Ramón Sánchez y Víctor Emanuel Lazarte.
La comisión de Seguridad y Justicia, que preside el oficialista Roberto Osiris Chustek (Frente de Todos), emitió un comunicado para expresar su preocupación y repudio por estos hechos. Además, anunciaron que impulsarán un proyecto de ley para buscar que se otorgue una compensación económica para las familias de los agentes de las fuerzas caídos fuera de servicio (la normativa vigente sólo incluye los casos en que se encuentran en funciones).
En paralelo, representantes de la oposición consideraron que el ministro de Seguridad de la Provincia, Eugenio Agüero Gamboa, debe presentarse ante el cuerpo colegiado -ya sea en carácter de invitado o mediante una interpelación- para brindar informes sobre el estado de situación por el delito en Tucumán.
Si bien el drama de la inseguridad suele aparecer entre los asuntos a tratar en el recinto, el año electoral frenó las actividades en la sede de Muñecas al 900 durante el primer semestre.
Así, muchos de los proyectos que habían impulsado desde las bancas del oficialismo y de la oposición quedaron en el tintero en este tiempo.
De todos modos, en el último debate previo al receso invernal, celebrado el viernes 7 de este mes, tampoco se incluyeron dictámenes de la comisión de Seguridad y Justicia en el orden del día.
Por eso, en el cuerpo legislativo comenzaron a plantear la importancia de que se empiecen a tratar las propuestas relacionadas a este tema, más allá de que el período ordinario de sesiones se reanude a partir del 1 de septiembre y no haya fecha estimada para el próximo encuentro.
En el bussismo, por caso, recordaron el proyecto que prevé la creación de la Defensoría del Policía, una oficina destinada a velar por “la protección y defensa de los derechos fundamentales, humanos e intereses legítimos de los Policías en todos sus rangos, ante la vulneración de los mismos por actos, hechos y omisiones de la Autoridad Policial, sufridos en el ejercicio de sus funciones”. “El Gobierno le ha faltado el respeto a las fuerzas de seguridad, y le debe devolver el marco jurídico que nunca debió dejar de tener”, aseveró Gerardo Huesen, firmante del texto impulsado por el líder de esta bancada, Ricardo Bussi.
Una idea que parece tener consenso en términos generales entre las distintas bancadas es la necesidad de renovar la Ley de Contravenciones, vigente desde 1980. Algunos espacios consideran más adecuado implementar un “Código de Convivencia” o de “Orden Social”. En todos los casos, se apunta a establecer un nuevo marco normativo para contrarrestar las faltas sociales que, sin llegar a estar tipificadas como delitos, pueden derivar con posterioridad en situaciones más graves. Además, el objetivo que se proponen las distintas propuestas pasa por superar las falencias de la Ley de Contravenciones en cuanto a su proceso, que ya fue declarado inconstitucional por la Corte de la Nación, dadas la recurrente ausencia de una instancia defensiva y el doble rol como investigador y “juez” que puede ejercer el jefe de Policía con el actual sistema.
Un tercer tema que motivó la presentación de diversas propuestas es la creación de una oficina de “Asuntos Internos” en el ámbito de la fuerza provincial. Estos proyectos -presentados por Javier Morof, por José Canelada, por Walter Berarducci, por Gerónimo Vargas Aignasse y por Raúl Albarracín, entre otros- estuvieron cerca de ser aprobados en la sesión del 10 de marzo de 2022, ya que días antes se había emitido un dictamen favorable de Seguridad y Justicia. Sin embargo, se resolvió devolver el tema a esa comisión, y desde entonces quedó en el listado de los “pendientes”.
Esta nómina es extensa, e incluye, por ejemplo, la iniciativa para contrarrestar el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario (hay textos firmados por el bussismo y por el radical José Ascárate); la creación del programa “Corredores Escolares Seguros” (impulsada por el oficialista Raúl Ferrazzano); y la implementación de un plan para fortalecer la vigilancia en las paradas de ómnibus (también de Ferrazzano).
Con la problemática de la inseguridad otra vez en la agenda de la Legislatura, resta ver si algunos de estos proyectos llegan en el corto plazo al recinto o si finalmente pasan al archivo por caducidad debido al tiempo transcurrido sin tratamiento.
