Los diferentes sectores gremiales se preparan para reanudar la semana próxima las conversaciones paritarias con el Gobierno. La mayoría coincide con que ya están un 20% por debajo de la inflación y que, de cara al segundo semestre, será clave recuperar el poder adquisitivo. Coinciden con que los incrementos al básico son primordiales, pero que debe haber un impacto real de bolsillo.
Por ese motivo, y también por el cambio de gestión en el Poder Ejecutivo, hay dirigentes que sostienen que el próximo acuerdo no debería ser semestral. Hay quienes proponen que sea hasta octubre, que es cuando Juan Manzur le entregará el bastón de mando a Osvaldo Jaldo, y otros hablan de revisiones bimestrales.
El secretario de negociación de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Francisco Osorio, señaló que es clave hallar el modo de recuperar puntos en el salario básico, pero advirtió que es necesario que también impacte en el bolsillo. “Hay que recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”, enfatizó. Y, debido al cambio de gestión, en el gremio entienden que lo mejor sería que el acuerdo que se alcance sea sólo de tres meses, para no condicionar a la próxima administración pero también por el proceso inflacionario. “Preferimos que sea hasta octubre, pero lo debe definir el Gobierno. En octubre se cambiará de ministro”, advirtió.
Osorio remarcó que hoy la categoría 18, la más baja de la administración pública, cobra $ 170.000, unos $ 60.000 debajo de la canasta básica. También indicó que la suba hasta diciembre debería ser de al menos el 48%, sólo si se contempla -de modo optimista- una inflación mensual del 6%.
Para el primer semestre del año el Gobierno acordó con los gremios incrementos de un 33,5% dividido en tres etapas: 17,5% en marzo; un 8% en mayo; y un 8% en julio, además de mejoras en el básico y en otros ítems de la boleta de administración centralizada. Debido a la fuerte inflación, sin embargo, a fines de mayo Manzur anunció un bono de $ 20.000 y el adelantamiento del último tramo. Se acordó que a partir del martes la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, comenzará la ronda de diálogo con los distintos sectores.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Sánchez, dijo que para ellos lo fundamental es recuperar el salario y la titularización de unos 3.000 trabajadores. “En algún momento queremos igualar o superar la inflación. Cada vez se hace más difícil sostener una familia con un solo sueldo; es imposible. Queremos que el Gobierno se sensibilice y otorgue más presupuesto para el salario. Es lo que sostiene la paz social”, advirtió. “Queremos que la revisión salarial sea bimestral. Tenemos un 7% mensual de inflación y la canasta básica se va por las nubes cada dos meses. Por eso vamos a dejar el petitorio para que la revisión sea bimestral”, dijo.
Tal como ocurre en febrero, se estima que los gremios docentes serán los primeros en ser convocados a la Casa de Gobierno. La secretaria general de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys), Isabel Ruiz, subrayó que desde junio vienen solicitando formalmente a Manzur tener reuniones paritarias extraoficiales por la fuerte presión inflacionaria.
Ayer presentaron una nueva nota en la Casa de Gobierno para reiterar que se incremente el salario básico y advertir que el bono que otorgó el Ejecutivo de $ 20.000 es apenas un paliativo que no fue solicitado. “Queremos que las respuestas estén preparadas, que no dilaten más. Tienen que dar una respuesta para el mes de julio. No ha habido un incremento. Queremos que nuestro sueldo recupere lo que ha perdido respecto a la inflación. No podemos seguir perdiendo poder adquisitivo”, enfatizó Ruiz.
La titular de Apemys consideró que los trabajadores deberían estar cobrando cuatro o cinco puntos por encima de la inflación. “Al aumento de julio lo vamos a cobrar en agosto o septiembre. No podemos tener un profesor que cobre $ 160.000. Incluso hay quienes cobran menos, como un bibliotecario. El Gobierno tiene que dar porcentajes, no bonos. Nosotros no aceptamos, queremos porcentajes que respeten la pirámide salarial. Hasta el cambio de gobierno tenemos que tener claramente definido el aumento de agosto, septiembre y octubre”, subrayó. Opinó también que, en cierta medida, las revisiones salariales ya vienen siendo trimestrales por el modo en que se llevan a cabo.
Priorizar la ley
El sector sanitario está expectante respecto a la implementación de la nueva Ley de Carrera sanitaria, la cual ya fue numerada (9.688) y publicada en el Boletín Oficial. Según se afirmó, los cambios aprobados provocarán un incremento salarial en el orden del 80% cuando se aplique, algo que por el momento no sucede porque la norma no está reglamentada.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Reneé Ramírez, consideró que en la mesa de negociación se deberá abordar indefectiblemente la aplicación de la nueva ley, además de las subas salariales. “Son dos intereses salariales a plantear. Tenemos que ver qué nos conviene. Creo que nos conviene priorizar la ley, que establece un porcentaje para cada nivel. Queremos que se implemente de forma inmediata, en un 100%”, dijo el también legislador.
Ramírez consideró que sería oportuno que las partes se sienten a negociar cada tres meses sobre el salario del trabajador.
