La Justicia condenó este jueves a tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten e inhabilitación especial por el doble de tiempo por un intento de «chantaje» a los empresarios Sebastián y Matías Eskenazi.
La condena fue dictada por el Tribunal Oral número 3, en una decisión unipersonal del juez Julio Báez, informó la agencia Noticias Argentinas.
La causa se inició por los hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2017, en las oficinas de Eskenazi, referente del Grupo Petersen. En esta causa, también estuvieron acusados Pablo Brugo y Juan Manuel Ducler, hijo del fallecido financista Aldo Ducler.
En el caso de Brugo y Ducler, ambos deberán hacer una probation, pero en el caso de Sánchez Kalbermatten ya había recibido anteriormente esa concesión y debió afrontar el juicio.
El fiscal de juicio, Andrés Madrea, había pedido cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho, en tanto que la querella, representada por el abogado Ignacio Zunino había reclamado cinco años por el delito de «extorsión en grado de tentativa».
En su alegato, el fiscal Madrea destacó que «la extensión del daño ocasionado a las víctimas, las maniobras de desprestigio sumieron en una profunda depresión a la madre, quien falleció poco después».
El fiscal valoró también «la modalidad de la maniobra utilizando difusión periodística y los perjuicios económicos que para el grupo que las víctimas ni siquiera pudieron llegar a mensurar».
Si bien la condena es de cumplimiento efectivo, el abogado no fue detenido puesto que el tribunal resolvió «mantener la libertad ambulatoria hasta tanto la sentencia adquiera firmeza».
Cómo se inició la causa por la extorsión a Eskenazi
La causa se inició por una denuncia del Grupo Petersen, que advirtió que Ducler y sus abogados exigían un pago ilegal de 20 millones de dólares para evitar imputaciones públicas contra los Eskenazi.
La secuencia, según se probó en el expediente, ocurrió en las oficinas de la empresa, en la calle Cerrito al 700, muy cerca del Obelisco.
Las detenciones se produjeron como consecuencia de una entrega controlada del pago ilegal que quedó registrada en cámaras de seguridad ordenadas por el juzgado que instruyó la causa.
