La Justicia Federal abrió una investigación para corroborar datos y testimonios sobre la existencia de documentación de una clínica privada vinculada a María de los Ángeles «Marita» Verón, la joven de 23 años desaparecida el 3 de abril de 2002. Así lo confirmó su madre, Susana Trimarco, a través de un comunicado difundido por su fundación María de Los Ángeles.
En los últimas días se realizaron allanamientos para investigar documentación de una clínica de la capital provincial -sería Luz Médica, aunque no fue confirmado oficialmente-, además de tomar testimonios de personas vinculadas a un sindicato. Según trascendió, se busca confirmar la existencia una carpeta con imágenes del cuerpo sin vida de la joven.
En el comunicado difundido por las redes sociales de la fundación, Trimarco señaló que «hay datos» que está investigando el Fiscal Federal 2, Agustín Chit, «que tiene que ver con alguna documentación que vincularía a determinados sectores gremiales con la posibilidad de que tengan conocimiento de que Marita habría muerto«.Comunicado de Susana Trimarco, madre de Marita Verón.
En ese sentido, la mujer consideró que la nueva investigación podría tener importancia «para poder avanzar y conocer el destino final» de la joven que desapareció cuando se dirigía desde la casa de su madre hacia la maternidad Nuestra Señora de la Merced, en la capital tucumana, para realizarse un estudio.
«Lo que hay hasta ahora vendría a ser un complemento de lo que ya sabemos sobre lo que sucedió con Marita. A ella no la encontramos y el trabajo de seguirla buscando está todo el tiempo presente, hasta que podamos saber qué pasó con ella», agregó.
Se espera que Carlos Garmendia, abogado de la causa principal de la desaparición de Marita Verón, brinde una conferencia de prensa este miércoles para dar a conocer los avances de la investigación.Marita y su hija Micaela, antes del secuestro
Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un auto el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desde ese día la joven, que es madre de una niña que en ese momento tenía 2 años, desapareció.
Las investigaciones que encaró sola Susana Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.
Gracias a su accionar, el caso de Marita llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo reconocimientos mundiales.
El 19 de octubre de 2007, Trimarco creó la Fundación María de los Ángeles la cual brinda asistencia integral a las víctimas, que consiste en acompañamiento legal, psicológico y social, y recibe denuncias y ofrece contención y asesoramiento a familiares.
En 2012, el juez de instrucción Víctor Manuel Pérez elevó la causa a juicio contra 13 acusados por el secuestro de la joven Marita Verón: los hermanos vinculados al clan «Ale», María Jesús y Víctor Rivero; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina; los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez; Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.
Durante todo ese año se desarrolló el juicio oral, que culminó en diciembre con la absolución de todos los imputados.
A finales de 2013, la Corte Suprema de Tucumán revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fije la pena a 10 de los 13 acusados, ya que confirmó la inocencia de los hermanos Rivero, y Medina había fallecido para esa fecha.Susana Trimarco, madre de Marita Verón. Foto: Archivo Clarín
El tribunal consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de Marita Verón a los hermanos Gómez, que fueron condenados a 22 años de prisión, y a Milhein y González a 18 años.
A su vez, condenó como partícipes necesarios a Luna y Andrada (17 años); Márquez (15 años); Derobertis (12), Bustos y Gaitán (10 años).
La sentencia no quedó firme, por lo que a fines de abril del año 2017, la Sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir con la pena.
A los pocos meses, los hermanos Rubén «La Chancha» Ale y Ángel «Mono» Ale, a quienes Trimarco siempre vinculó con la desaparición de su hija, fueron detenidos junto a otras cuatro personas en una causa por lavado de activos que investigaba el juez federal Fernando Poviña, impulsada por la Unidad de Investigación Financiera a partir de las denuncias realizadas por Trimarco.
En abril de 2018 los hermanos Ale fueron condenados a 10 años de prisión por ser considerados los jefes de una asociación ilícita, dedicada al delito de lavado de activos, mientras María Jesús Rivero recibió una pena de 6 años.
Rubén «La Chancha» Ale murió el 21 de junio pasado en un hospital local al que había sido trasladado mientras cumplía prisión domiciliaria. Se encontraba internado ya que padecía obesidad mórbida, mal de Parkinson y complicaciones cardíacas.