La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que nuclea a cientos de pequeñas y medianas empresas de todo el país, se opone al pago de la suma fija decretado por el Gobierno nacional, que al mismo tiempo llamó a los trabajadores a denunciar a los empleadores que no lo abonen.
La CAME emitió un comunicado en el que destaca «que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance».
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este domingo el pago de una suma fija de $60.000, en dos cuotas de $30.000 a cobrarse en septiembre y octubre, para los trabajadores privados y los estatales de la Nación que ganen hasta $400.000.
La CAME sostuvo que las empresas «atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto».
Este último punto hace referencia a que Massa anunció que el Estado, a través de la devolución de contribuciones patronales, asumirá el 50% de la cifra en el caso de las pymes y el 100% en las micropymes.
La CAME además recalcó que los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales «acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado».
«Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida», alertó la entidad que conduce Alfredo González.
«La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente», completó la CAME.
En el Gobierno tomaron nota de las quejas empresarias y advirtieron que hay un canal para denuncias que podrán ser anónimas contra empleadores que no abonen la suma fija.
«Más allá de la tarea que le corresponde a los propios gremios, también está la capacidad de fiscalización del Estado que incluso puede ser por una denuncia anónima», afirmó la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos.
